El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó, el martes de esta semana, su decisión de posponer la cuarta evaluación del programa con Nicaragua que se debía realizar ayer miércoles 5 de mayo. Según dijo el FMI en un comunicado, la suspensión se debió a la incertidumbre que ha creado el anuncio del presidente Daniel Ortega, de que va a repartir un bono por complemento salarial de 529 córdobas mensuales a más de cien mil trabajadores estatales.
“El personal técnico del FMI está trabajando de manera cercana con las autoridades económicas para evaluar el impacto en el programa de las medidas económicas recientemente anunciadas y otras asociadas con el programa”, dijo el FMI, refiriéndose obviamente al anuncio del bono populista de Daniel Ortega, el cual, como lo han demostrado abogados laboralistas y tributarios, de acuerdo con la ley constituiría parte del salario de los trabajadores estatales por mucho que los funcionarios gubernamentales digan lo contrario.
En realidad, desde que Daniel Ortega prometió el bono populista, economistas independientes, expertos en tributación, empresarios privados, abogados laboralistas y políticos de oposición que saben de economía, advirtieron que esa medida provocará inevitablemente una inflación mayor que la prevista, y que introducirá otras distorsiones en la ya quebrantada economía nacional. Y la verdad es que muy grave debe ser el impacto económico negativo que tendría el bono clientelista de Daniel Ortega, para que el Fondo Monetario Internacional decidiera suspender la cuarta evaluación del programa con Nicaragua, considerando que la burocracia del FMI ha sido muy rígida con los gobiernos democráticos pero bastante flexible con gobernantes autoritarios como Daniel Ortega.
Ciertamente, la suspensión de la reunión de este miércoles 5 de mayo con el FMI, tiene negativas consecuencias directas e inmediatas para Nicaragua, ya que según informó ayer LA PRENSA “el Directorio del FMI tenía previsto abordar el cumplimiento del Gobierno para aprobar la cuarta revisión y con ellos el desembolso a Nicaragua de 18 millones de dólares, de 36 millones comprometidos”.
Pero, además, esta decisión del FMI podría provocar otras repercusiones negativas para el país en el ámbito de la cooperación económica externa. Cabe recordar al respecto que un par de semanas antes de que Ortega anunciara su bono de clientelismo político, el vicepresidente Jaime Morales Carazo informó por medio de LA PRENSA que “existen fuertes presiones en Estados Unidos para que a Nicaragua no se le apruebe la dispensa ( waiver ) sobre transparencia, situación que supondría el no desembolso de 12.5 millones de dólares de ayuda que ese país tiene previsto dar a educación, el Ejército y la Policía Nacional”. Y agregó la información de LA PRENSA publicada el jueves 22 de abril pasado, que: “Aunque Morales atribuyó el trasfondo de la posible medida estadounidense a asuntos políticos, fuentes empresariales que solicitaron el anonimato dijeron que ellos han recibido información que la principal razón es la falta de transparencia en el Presupuesto General de la República y la situación actual de Nicaragua”.
De manera que ahora que el bono populista ha venido a oscurecer más las turbias aguas de la política presupuestaria gubernamental, cabe suponer que será mayor la renuencia de Estados Unidos a aprobar la dispensa sobre transparencia en el Gobierno de Daniel Ortega, y que, por lo tanto, los mencionados doce millones y medio de dólares de cooperación estadounidense estarán más “en veremos”.
En otras ocasiones hemos dicho que en el campo de la economía Daniel Ortega no puede hacer todo lo que quiera, mucho menos imponer sus caprichos personales y sus desvaríos populistas. En el juego de la política Ortega impone su voluntad autoritaria, por medio de las agresiones de las turbas, los atropellos a la Constitución y las leyes, la compra de votos de diputados en la Asamblea Nacional, la manipulación de la administración de justicia, etc. Pero en el ámbito de la economía no hay lugar para tropelías de esa clase.
Realmente, la economía es como una pared invisible, sólida e irrompible, contra la cual se estrellan las arbitrariedades populistas, los arrebatos demagógicos y los delirios colectivistas. La economía se rige por leyes objetivas que no pueden ser violentadas, so pena de pagar inmediatamente graves consecuencias. Lo malo es que las paga toda la población, no sólo los gobernantes irresponsables y por eso es que no se les debe permitir que hagan lo que quieran.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
