TEGUCIGALPA/AFP
Amarrándose con lazos a unos maderos simulando una crucifixión, una veintena de indígenas lencas protestó este lunes en Honduras por la instalación de la Comisión de la Verdad sobre el golpe de Estado de 2009 prevista para el martes, comprobó un periodista de la AFP.
«Esta no es una comisión de la verdad es una comisión de la mentira», dijo a la AFP Bertha Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, a la que pertenecen las comunidades lencas, que habitan el oeste del país.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, tiene previsto instalar mañana la Comisión de la Verdad sobre el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
La Comisión «buscará el esclarecimiento de los hechos ocurridos antes, durante y después» del golpe que depuso al entonces presidente Manuel Zelaya.
La Comisión estará coordinada por el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein y estará integrada por el diplomático canadiense Michael Kergin y la ex magistrada peruana María Amadilia Zavala Valladares.
La contraparte local la conforman la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julietta Castellanos, y el ex rector Jorge Omar Casco, y su secretario técnico será el intelectual Sergio Membreño.
Los manifestantes indígenas se instalaron primero frente a la Casa Presidencial, pero fueron desalojados a empellones por piquetes de militares y policías, por lo que luego se colocaron a unas cuantas cuadras en el bulevar Juan Pablo II.
«Sentimos que nos tienen crucificados en este país, no podemos hacer nada, los crímenes de los compañeros que cayeron en esta época de crisis están quedando en la impunidad», lamentó la estudiante de pedagogía Geovinia Ramos, de 20 años, una de tres mujeres que se crucificaron.
«Respaldamos plenamente la iniciativa de la Plataforma de Derechos Humanos de integrar una comisión de verdad alternativa, integrada por organismos y personalidades defensores de derechos humanos de alta credibilidad», anotó un comunicado de los manifestantes.
El presidente Porfirio Lobo, que asumió el poder el 27 de enero, busca legitimarse ante la comunidad internacional para que ésta suspenda las sanciones económicas que impuso a Honduras tras el golpe.
