PHOENIX, EE.UU./AFP.- Los ciudadanos de Arizona (suroeste) se preguntan cómo deberá aplicarse la ley más dura contra los inmigrantes ilegales, aprobada hasta ahora en Estados Unidos, que permite a la policía pedir los papeles a los extranjeros bajo “sospecha razonable”.
“Es un desafío porque la gente está tan diametralmente opuesta o a favor de esta ley. Nos deja en una posición incómoda”, reconoce el sargento JD Shull, de la policía de tráfico en Phoenix.
En dos décadas de servicio, este agente policial nunca ha tenido que pedir más papeles que la licencia de conducir en este Estado fronterizo con México. En Estados Unidos no existe un documento nacional de identidad.
La Ley SB 1070 fue sancionada hace poco más de una semana por la gobernadora Jan Brewer.
Por primera vez en Estados Unidos la inmigración ilegal pasa a ser un delito estatal, no simplemente federal, lo que puede llenar rápidamente las cárceles de ese Estado, donde se estima que viven unos 460,000 ilegales, en su gran mayoría hispanos.
La ley empezará a aplicarse en 90 días. La gobernadora Brewer ha prometido entrenamiento para los policías del Estado, y una primera evaluación de su aplicación a finales de año.
“Vamos a ver cómo nos la presentan, cuáles son los límites” legales, se limita a contestar un policía de Phoenix, Wensley Dillon, al ser interrogado sobre el impacto de la ley en su trabajo diario.
El desafío más importante para los agentes policiales es evitar las demandas por discriminación racial. Un 30 por ciento de la población de Arizona es de origen hispano. La gran mayoría de inmigrantes, legales o ilegales, son mexicanos.
La gobernadora Brewer insistió repetidas veces en que no tolerará que se detenga a la gente por su color de piel o aspecto.
“Por supuesto que habrá selección por la raza. Yo he sido policía en Oklahoma, sé cómo funciona esto. No pueden hacerlo de otra manera”, replica Jim Campbell, de 59 años, veterano de la Guerra del Golfo y residente en Phoenix desde hace cuatro años.
Un 64 por ciento de los habitantes del Estado se declararon favorables a la Ley SB 1070, según un sondeo de Rasmussen publicado esta semana. Pero un 50 por ciento también reconoce que puede provocar un alud de demandas civiles.
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