El vergonzoso espectáculo que el lunes de esta semana protagonizó en la Corte Suprema de Justicia el abogado orteguista y ex mayor del Ejército, Rafael Solís Cerda —a quien el domingo pasado se le venció el período de magistrado pero pretende seguir ejerciendo el cargo de manera ilegal—, no significa una demostración de fuerza del orteguismo sino una manifestación de su debilidad. E igual se puede decir de la amenaza que ese mismo ex magistrado orteguista hizo la semana anterior, en presencia del nuevo comandante en jefe del Ejército, de que las manifestaciones públicas de la oposición y las protestas populares contra el Gobierno podrían ser reprimidas por la fuerza militar.
En realidad el ex magistrado Solís Cerda, quien ha sido el principal operador judicial de Ortega y el FSLN, siempre se había distinguido por mantener la compostura aun en las situaciones más críticas y tensas en las que ha actuado. De manera que ha llamado mucho la atención que de repente el abogado Solís pierda los estribos y hasta amenace con usar al Ejército para reprimir al pueblo, de la misma manera que lo hacía la Guardia Nacional durante la dictadura somocista.
Aparte del estrés jurídico y político que posiblemente está alterando el comportamiento del ex magistrado Solís Cerda, sus actitudes públicas agresivas parecen ser más bien una demostración de debilidad jurídica, política y moral; es un reconocimiento tácito de que el partido de los orteguistas a cuya cúpula él de hecho pertenece, no tiene la razón; y de que lo que están haciendo es ilegal, y hasta ridículo, como es el caso de la cláusula transitoria constitucional que han querido revivir como por arte de magia; y son un reconocimiento de que no están engañando a nadie con sus triquiñuelas jurídicas.
La verdad es que ninguna persona que esté en su sano juicio y vea con serenidad y sentido de responsabilidad lo que está ocurriendo en el país, puede creer en la validez legal del decreto (o decretazo) de Daniel Ortega para prorrogar el período de los funcionarios del Estado elegidos por la Asamblea Nacional, pues la Constitución establece con claridad que es el Poder Legislativo el que elige esos funcionarios y determina sus períodos. Y ni los mismos orteguistas creen la fantasía de René Núñez, de que una cláusula transitoria de la Constitución de 1987 —la cual fue incluida expresamente para que los funcionarios que habían sido designados por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional continuaran en sus puestos, hasta que la nueva Asamblea Nacional eligiera a sus sustitutos, y por lo tanto se extinguió o autoderogó cuando los nuevos funcionarios fueron nombrados—, puede recobrar validez para que Rafael Solís y compañía sigan siendo magistrados después que concluyó el período para el cual fueron nombrados.
La verdad es que el alegato de validez del decretazo de Daniel Ortega y de la extinguida cláusula constitucional transitoria de 1987, es absolutamente insostenible desde el punto de vista jurídico y la lógica constitucional. Eso lo saben muy bien los mismos abogados y operadores políticos del orteguismo y por eso amenazan con usar el Ejército para que reprima a sus opositores y críticos, como lo hacía la Guardia Nacional somocista. Y por eso es que pierden los estribos y protagonizan vergonzosos incidentes como el del lunes pasado en la Corte Suprema de Justicia.
En los años ochenta, cuando se le negó al pueblo nicaragüense la libertad y la democracia por las que luchó contra la dictadura somocista, a fin de justificar las arbitrariedades que cometían en el ejercicio absolutista del poder político los comandantes sandinistas solían repetir la antigua sentencia jurídica de que «la revolución es fuente de derecho». Y la reforzaban con la proclama totalitaria de Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista de 1848, de que el derecho es la voluntad de la clase —y por lo tanto del partido— dominante, erigida en ley.
Pero eso era en los tiempos del absolutismo revolucionario, cuando Daniel Ortega y demás comandantes sandinistas podían hacer lo que querían. Ahora, desde que en 1987 se estableció en el país un ordenamiento jurídico constitucional, los gobernantes igual que los gobernados tienen que someterse a lo que mandan la Constitución y la ley. Daniel Ortega y sus asesores jurídicos ya no pueden alegar que la revolución es fuente de derecho para justificar sus tropelías legales y políticas. Y mucho menos que puedan pretender que el derecho y la ley es lo que ellos quieren y dictan por su caprichosa voluntad. Ahora Daniel Ortega y sus secuaces en el Gobierno tienen que responder por lo que hacen y lo que deshacen; y los ciudadanos tienen derecho de exigirles cuentas por los daños y perjuicios que causan a la sociedad con sus abusos de poder.
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