El gremio magisterial de Nicaragua está sufriendo un angustioso empeoramiento de su histórica situación material deplorable. Pero al mismo tiempo libra una lucha heroica y dramática —aunque sorda y casi invisible—, por lograr un verdadero alivio a su mísera remuneración salarial y un trato gubernamental digno de la consideración humana y social que los educadores se merecen.
Es comprensible que para los medios de comunicación social y la opinión pública nacional, sea mucho más atractiva la tragicomedia que se ha puesto en escena en el ámbito de la administración de justicia institucional. Se trata de un grave conflicto creado por la falta de independencia y moralidad en el desempeño de la función judicial, ahora agravado por el empecinamiento de algunos magistrados partidistas en mantenerse en sus muy lucrativos puestos públicos, aunque ya se les haya vencido el término legal para el cual fueron nombrados.
En realidad, la crisis del Poder Judicial es un problema fundamental de Nicaragua, pues, como dicen algunos juristas sabios, todos los grandes y pequeños problemas del país comienzan y terminan en la justicia. Y como han advertido historiadores y doctrinarios de la libertad y la democracia, no puede haber república sin un Poder Judicial políticamente independiente, moralmente sano y funcionalmente eficaz. Seguramente por eso, es decir, porque en tiempos del somocismo no había en Nicaragua justicia independiente, sana y eficaz —aunque el Poder Judicial de aquella época no era tan nefasto como el de ahora—, fue que el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal proclamó que su lucha era para que Nicaragua volviera a ser República.
Pero tampoco puede haber República —verdadera, y por lo tanto democrática— sin una buena educación, la cual requiere de maestros preparados, eficientes, respetables y respetados, y justamente remunerados de conformidad con la dignidad de su profesión y la trascendencia social de su trabajo.
Es necesario recordar que el gobierno que peor ha tratado a los maestros, ha sido el de Daniel Ortega, tanto el de ahora como el de la década ochenta. Durante el somocismo, a veces como resultado de las luchas de los maestros —incluyendo huelgas— y en otras ocasiones por propia voluntad de los gobernantes, el magisterio pudo obtener mejoras salariales, escalafón magisterial y otros beneficios y reconocimientos gremiales. Por el contrario, durante el régimen sandinista de los años ochenta la organización magisterial independiente fue reprimida, los aumentos salariales a los maestros fueron prohibidos y sus sueldos reducidos catastróficamente, en comparación con el tiempo del somocismo. Basta recordar que de un promedio de 120 dólares mensuales en el cual los dejó el último gobierno de los Somoza, cayeron al equivalente de 10 dólares mensuales durante el régimen sandinista.
Actualmente no es mucho lo que están pidiendo los maestros independientes, como aumento salarial. Apenas piden un incremento de 500 córdobas mensuales, equivalentes a unos 24 dólares, en vez de los 150 córdobas para primaria y 200 córdobas para secundaria que decidió el gobierno de Daniel Ortega. Sin embargo, la respuesta de este régimen autoritario e insensible ha sido no sólo la de poner oídos sordos a la demanda magisterial, sino también la represión. Tal es el caso de una de las principales dirigentes sindicales del magisterio independiente y de la demanda de aumento salarial, la profesora Ruth Cuadra, quien ha sido despedida porque se negó a aceptar su arbitrario traslado de Managua a Estelí, decidido por la burocracia del Mined en flagrante violación de las disposiciones del Código del Trabajo sobre los contratos laborales y el fuero sindical.
El “aumento” asignado por el Gobierno es realmente una burla a los maestros, pues, como han explicado economistas independientes, será devorado en casi el ochenta por ciento por la inflación prevista para este año, que en la realidad será mayor que los pronósticos oficiales. Y como advierten los mismos economistas, es una ofensa a la inteligencia de los maestros decirles que no hay dinero más que para un aumento de 20 dólares mensuales a cada uno, que sumarían unos 8 millones de dólares en total, mientras el Gobierno acaba de pagar más de 100 millones de dólares como abono a la indemnización por la piñata sandinista, o sea el descomunal robo de propiedades públicas y privadas que se perpetró durante y al final del nefasto régimen sandinista de los años ochenta.
Mientras tanto, el magisterio sigue sufriendo una dramática situación material que, por ahora, bajo el nuevo régimen de Daniel Ortega y el “socialismo del siglo XXI”, no parece tener fin ni solución.
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