Orteguismo “resucita” Constitución de 1987

El presidente del parlamento, René Núñez (FSLN), sostuvo que el artículo 201 de la Constitución de 1987, en su segundo párrafo, no fue derogado ni modificado en las reformas que se dieron en los años noventa e inicios de esta década, por lo cual estaría vigente y beneficiaría a los funcionarios públicos.

Núñez y el FSLN defendieron a los funcionarios de facto basados en un párrafo transitorio de apenas 42 palabras, el cual literalmente dice: “Los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral y las demás autoridades y funcionarios de los diversos poderes continuarán en el ejercicio de sus cargos mientras no tomen posesión quienes deben sustituirlos de acuerdo a la Constitución”.

El presidente de la Comisión de Justicia del parlamento, José Pallais, manifestó que el argumento del FSLN es tan “ridículo” que no está claro si los nicaragüenses deben llorar o reír. “Es una interpretación jalada de los pelos, ridícula y absurda”, resumió Pallais, al resaltar que el artículo “transitorio” perdió toda su vigencia hace 20 años.

En una conferencia de prensa, Núñez, acompañado por el asesor legal Pablo Ferrey y la titular de la Dirección del Digesto Jurídico, Auxiliadora Acosta, dijo que tras revisar los diarios debates del parlamento y las Constituciones de 1987 en adelante, supuestamente descubrieron que nunca se derogó o reformó el segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución, sino que sólo fue el primero.

Para Núñez, todos los funcionarios tienen el derecho de permanecer en sus cargos mientras no sean electos sus sucesores, pese a que concluyan los cinco años para los que fueron electos.

“¿Cuál es el problema de fondo? Que a partir de 1995, cuando se dan las reformas constitucionales parciales, que reformaron 71 artículos de la Constitución, pero no el 201, se omitió en la publicación de la Constitución el párrafo segundo del artículo 201, pero éste se mantiene vigente, lo cual viene a crear el ambiente propicio y necesario para que la Asamblea Nacional continúe trabajando sin obstáculos y con la dinámica que la ha caracterizado para sacar las leyes”, afirmó Núñez.

El dirigente del FSLN advirtió: “Esto no es cosa de aceptación, es cosa de vigencia constitucional y esto continúa vigente”.

LLORAR Y REÍR

Pero Pallais y su colega del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y diputado, Wilfredo Navarro, contradijeron a Núñez, al decir que el párrafo al que se aferró ayer el FSLN era transitorio, por lo que perdió su vigencia con el cambio de gobierno en 1990.

“Ésta es una interpretación jalada de los pelos, ridícula y absurda y no sé si me provoca ganas de llorar o ganas de reír, porque la disposición de 1987 es transitoria, porque hubo un traslape de períodos. Las disposiciones transitorias nunca se reforman o derogan porque su aplicación está restringida a la época y las circunstancias para la cual fueron dictadas y una vez superadas, resueltas, no tienen ningún valor o aplicabilidad posterior”, explicó Pallais.

JURISTA COINCIDE

Gabriel Álvarez, experto en Derecho Constitucional, explicó ayer que —en efecto— el artículo transitorio perdió su vigencia cuando en Nicaragua se eligió a los magistrados judiciales y electorales, así como al contralor, tras la entrada en vigencia de la Constitución de 1987.

“El propio contenido de esa disposición hace que no tenga ninguna otra virtualidad jurídica que transitoria, una vez que se eligieron esos magistrados, esa disposición no puede seguir teniendo eficacia jurídica”, precisó Álvarez.

“Hacer una lectura chapucera es un verdadero disparate para justificar la pretensión de la permanencia de unos magistrados sin ningún sustento, es un abuso de autoridad disfrazado con juridicidad”, añadió Álvarez.

En el parlamento los diputados todavía no llegan a un consenso para la elección de 25 funcionarios de Estado.

El presidente Ortega emitió un decreto el pasado 9 de enero, en el cual ordenó, sin base jurídica, prorrogar en sus cargos a 23 de esos funcionarios públicos, mientras el parlamento no elija a sus sucesores. El conocido “decretazo” paralizó al parlamento.

El diputado Wilfredo Navarro, primer secretario de la junta directiva, manifestó que los argumentos que ofreció ayer Núñez son una “burla” con la cual el Gobierno de Ortega pretende mantener en sus cargos, “a troche y moche”, a los funcionarios de facto, entre contralores y magistrados judiciales y electorales.

“Si el presidente Ortega sabía de esto, ¿por qué sacó el decretazo? Conociendo al FSLN, éste es un recurso para tratar de apañar. El presidente de la Asamblea está con una actuación política, está tratando de sacar las castañas del fuego. Es una sinvergüenzada del FSLN, que está descarnada de la realidad”, dijo Navarro.

El diputado por la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Carlos Langrand, coincidió en que el artículo “transitorio” que utilizó ayer el FSLN no tiene ningún peso legal en este 2010 y añadió que el Gobierno podría estar desempolvando la Constitución de 1987 para evitar un “bajón” en los recursos que facilitan los organismos internacionales que están preocupados por la gobernabilidad en Nicaragua.

“No se puede usar una norma transitoria como definitiva y en la práctica (en el pasado) todos los magistrados que han terminado sus cinco años se han retirado de sus cargos. Vemos una desesperación porque los funcionarios no han sido electos”, afirmó Langrand.

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