Corresponsal/Matagalpa
Ninfa Martínez García heredó de sus padres una manzana de tierra en la comunidad El Naranjo, del municipio de San Ramón. Varias generaciones transmitieron de la misma forma el derecho sobre esta propiedad que ahora —según la mujer— le quiere despojar “un terrateniente” que presuntamente ya le quitó la mitad de la parcela.
“Es injusto, me quieren sacar ( ) pero no les voy a dar el gusto, ahí estoy y ahí voy a morir, porque es el lugar que me dejaron mis padres y abuelos”, dijo Martínez García al exponer su caso durante el Primer Congreso de Gobiernos Indígenas de la Región Central de Nicaragua, cuyos líderes ofrecieron respaldarla.
- Una resolución emitida durante el Congreso de Gobiernos Indígenas de la Región Central de Nicaragua señala que hay una clara tendencia en el Poder Judicial a favorecer a quienes litigan contra los pueblos indígenas, lo que reproduce una actitud discriminatoria, por lo que demandan imparcialidad en la administración de justicia.
Asimismo, exigen a los Gobiernos Municipales que respeten la autonomía y que paren la injerencia en los asuntos internos de los pueblos indígenas.
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En el congreso, realizado en un hotel de San Ramón, 12 kilómetros al noreste de la ciudad de Matagalpa, autoridades formales y tradicionales de diversos pueblos indígenas plantearon un sinnúmero de problemas que enfrentan.
ACUERDOS INCUMPLIDOS
Hubo reclamos a los poderes estatales y también al partido de Gobierno, señalado de usar a los indígenas durante las protestas campesinas que, a través de marchas y plantones en las carreteras, culminaron con los Acuerdos de Las Tunas, suscritos en el 2002, ratificados en el 2003 y ampliados en el 2004.
Por esos acuerdos, entre otras cosas, el Gobierno se comprometió a titular tierras a favor de más de tres mil familias campesinas de varios municipios, pero “no nos han solucionado nada”, relató Pablo Antonio Membreño, representante de 697 familias que integraron 16 plantones en el municipio de San Ramón.
En el congreso participaron 104 líderes de las comunidades indígenas de Muy Muy, Matagalpa, Sébaco y Jinotega, así como invitados. Emitieron una resolución en la que plantean diversas demandas a los poderes estatales.
En el documento, los indígenas consideran que “las autoridades republicanas se han encargado de llevar adelante y profundizar la conquista y colonización que no lograron terminar los españoles en nuestros territorios, destruyendo nuestra cultura y ocupando nuestras tierras”.
REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN
En la resolución, los indígenas piden que la Asamblea Nacional reforme la Constitución de Nicaragua para que permita el establecimiento de un gobierno multicultural, además piden que los diputados aprueben la Ley General de Pueblos Indígenas que consensuaron con la Comisión de Asuntos Étnicos, el año pasado.
Los indígenas solicitaron a las Naciones Unidas que vigilen el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Nicaragua y que, en el Comité Consultivo de Pueblos Indígenas, puedan incorporar a un delegado de la llamada Coordinadora Diriangén, que aglutina a representantes de los pueblos indígenas de la Región Central.
Ricardo Changala, asesor de derechos humanos del Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua, destacó que los derechos de los pueblos indígenas son un tema prioritario a nivel internacional.
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