Mañana jueves 25 de marzo se cumplen los 15 días que, según la Constitución Política de Nicaragua, tiene el presidente Daniel Ortega para vetar total o parcialmente, o sancionar y poner en vigencia la Ley Moratoria, que ha provocado crisis en el sector de microfinanzas.
El mensaje que ha enviado Ortega a las microfinancieras, a través de algunos funcionarios, indica que “no meterá las manos” en el tema. “El Presidente está optando por ni vetarla, ni sancionarla, (espera) que se le venzan los 15 días, y por estatutos (la ley) regresa a la Asamblea que debe mandar a publicarla”, comentó René Romero, nuevo presidente de la Asociación de Microfinanzas (Asomif).
El 24 de febrero, 87 diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la Ley Especial para el Establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantía para la Renegociación de Adeudos entre las Instituciones de Microfinanzas y Deudores en Mora”, conocida como Ley Moratoria, y considerada un premio para un grupo de productores morosos afines al Gobierno.
Desde entonces las microfinancieras, el sector empresarial, la banca privada y 25 proveedores internacionales de fondos de las financieras nacionales, han rechazado la Ley Moratoria. Mientras, organismos internacionales, como el Fondo Monetario (FMI), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el BID han manifestado preocupación por los efectos negativos de la ley en el sistema financiero del país.
- Desde que se aprobó la Ley Moratoria hay inestabilidad en el sistema financiero nacional.
Mirna Liévano, del BID, también manifestó preocupación por los 20 millones de dólares de esa institución colocados en el sector de microfinanzas.
1 de marzo. La Asociación de Bancos Privados (Asobanp) emitió un comunicado calificando de confiscatoria la Ley Moratoria. Ese mismo día, su presidente, Juan Carlos Argüello, advirtió que habría endurecimiento de las políticas de préstamos a nivel nacional, si entra en vigencia la ley.
El 2 de marzo. Luis Cubeddu, jefe de la delegación técnica del FMI, de visita en Nicaragua, dijo que la ley introduce una gran incertidumbre, y pidió al Gobierno un plan para mitigar sus efectos en la banca. La misión del FMI se fue sin respuesta.
7 de marzo. 25 proveedores internacionales de fondos para las microfinancieras nacionales emiten un comunicado pidiendo el veto a la ley, y congelan el financiamiento por falta de seguridad jurídica.
9 de marzo. Silvio Conrado, representante del BCIE, manifiesta su preocupación y anuncia la suspensión del desembolso de 25 millones de dólares para las financieras.
12 de marzo. Jaime Morales Carazo, vicepresidente de la República, afirma que Daniel Ortega no tiene intenciones de vetar la Ley Moratoria.
18 de marzo. El Cosep y Asomif hacen llegar al Poder Ejecutivo la propuesta de reforma a la Ley Moratoria.
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Daniel Ortega, quien promovió las protestas de los morosos conocidos como los No Pago, ha evitado ahora referirse en público a la ley, una actitud que los directivos de Asomif consideran grave, porque interpretan que el Presidente desatiende un problema que ha causado inestabilidad económica.
Mientras, el Movimiento de Productores y Comerciantes Asalariados del Norte, mejor conocido como los No Pago, ve en el silencio de Ortega un apoyo a su causa y a la Ley Moratoria, que les permitirá renegociar sus deudas con una tasa fija del 16 por ciento.
US$$70 MILLONES MENOS
La página electrónica de la Asamblea Nacional registra que la ley fue remitida a Ortega el 9 de marzo pasado, y a partir de entonces él tiene 15 días hábiles para decidir si la veta o manda a publicarla.
“En este país es el Ejecutivo el encargado de la bienandanza del sistema financiero, por tanto debería de participar de manera activa en un tema tan importante que afecta al sistema financiero general. Demás está recordar el impacto de la Ley Moratoria, pues todas las líneas de crédito, incluidas las del BCIE, se suspendieron a las microfinancieras”, comentó Romero.
Asegura que los proveedores privados internacionales confirmaron a las microfinancieras que no les van a renovar los 70 millones de dólares previstos para este año, “a menos que el país enviara una señal bien clara de que no va a estar regulando con leyes, como ésta, la operación de crédito nacional”.
Incluso, los proveedores de fondos internacionales han contemplado solicitar la cancelación de su capital, calculado en unos 200 millones de dólares, para proteger su inversión, lo que pondría en dificultades a las microfinancieras.
Al disponer de menos recursos, éstas otorgarán menos créditos a los sectores productivos, lo que para Romero tendrán consecuencias severas en el sector agropecuario.
Señaló que si bien los bancos tienen altos niveles de liquidez, restringen la entrega de préstamos por el riesgo y la inestabilidad política del país. “Notamos que no hay disposición (de los bancos) de colocar una gran cartera de financiamiento al sector productivo”, menos ahora que existe la Ley Moratoria, indicó el presidente de Asomif.
ORTEGA LES CUMPLE
Para Omar Vílchez, líder del Movimiento No Pago, el silencio de Ortega es indicativo de que se niega a vetar la Ley Moratoria y, por tanto, “cumple con los compromisos” que asumió con los morosos.
El 12 de julio del 2008 el presidente Ortega alentó a los No Pago a protestar frente a las oficinas de las microfinancieras, a las que calificó de usureras. “Párense firmes, nosotros los apoyamos a ustedes”, dijo Ortega entonces.
Eso fue suficiente para que los morosos iniciaran protestas violentas en el norte del país y se negaran a pagar las deudas, hasta que se aprobara la Ley Moratoria, como ocurrió año y medio después.
Esta ley fija un interés del 16 por ciento para reestructurar los préstamos. Da un plazo de hasta cinco años para pagar, y suspende los juicios y embargos de propiedades durante los 120 días de vigencia de la legislación.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y Asomif mantienen presión sobre las bancadas de los partidos en el parlamento, tratando de conseguir una reforma a la Ley Moratoria y eliminar la tasa de interés, porque consideran que ésta debe quedar libre, tal como lo establece la Ley de Préstamos entre particulares. También buscan eliminar el artículo que manda a suspender los embargos y el que impone sanciones a las microfinancieras.
CHOQUE POR REFORMA
René Romero informó que Asomif intenta conseguir que la reforma a la ley sea tratada con urgencia, para que el parlamento la apruebe después de Semana Santa, porque no tendría sentido prolongarla, ya que la ley tiene un corto plazo de vida.
Pero los No Pago también presionan contra la reforma. Omar Vílchez dice que ya enviaron una carta al presidente de la Asamblea Nacional, indicándole que se oponen y que si hay reforma “los diputados se pondrían en ridículo”.
“Al cambiar de actitud estarían aceptando ante el Cosep y los banqueros que se equivocaron, y (sería) decirle a las microfinancieras que sigan cobrando los intereses usureros. Nosotros lo entenderíamos como una burla, y nos iríamos de nuevo a las calles”, declaró el dirigente de los No Pago.
El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Freddy Torres, opina que si Ortega no se pronuncia sobre la moratoria está admitiendo su responsabilidad de haber “alborotado el gallinero” al respaldar a los No Pago.
Dijo que hay interés de las diferentes bancadas parlamentarias en hallar una salida negociada a la ley, “donde las microfinancieras entiendan que no vamos a permitir más abusos, y también que los morosos (sepan) que aquí no hay regalo, sino encontrar un espacio para la renegociación”.
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