Washington/EFE
El sistema tributario de Guatemala es «regresivo» con una carga impositiva más alta sobre la población más pobre, según un informe presentado hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Jorge Santos, de la Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala, señaló que «el 10 por ciento más rico de la población guatemalteca paga menos impuestos, y el resultado es un estado débil por el cual Guatemala tiene la menor inversión social de todos los países de América».
Por su parte, el sistema de investigación policial «está colapsado, persiste la impunidad, y la corrupción es estructural en el sistema judicial», afirmó Marco Canteo, otro miembro de la Convergencia en el 138 período de sesiones de la CIDH.
Asimismo, persisten «los grupos armados ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que amenazan a las víctimas de abusos y los defensores de los derechos humanos», añadió Canteo.
Iduvina Hernández, del mismo grupo, dijo que «trece años después de la firma de los acuerdos de paz», que pusieron fin a décadas de guerra civil en Guatemala, «persisten acciones de contenido autoritario en contra de la defensa de los derechos humanos».
El año pasado fue «el más peligroso para los defensores de los derechos humanos y hubo un incremento sustancial de los ataques contra periodistas», dijo su colega Claudia Samayoa.
«Las agresiones contra los sindicalistas aumentaron un 255 por ciento, incluidos asesinatos», agregó.
«En Guatemala el número más alto de amenazas son hostigamientos, cientos de mensajes escritos que llegan a nuestros teléfonos celulares», explicó Samayoa. «Hubo sin embargo un avance en la atención a los casos más graves de abusos, y el procesamiento de algunos de ellos».
Los activistas de derechos humanos guatemaltecos pidieron una visita de la CIDH a su país y que se pronuncie sobre los casos que se presentan ante ella.
La representante del gobierno de Guatemala, Ruth del Valle, reconoció que persisten los problemas para el respeto de los derechos humanos en su país pero añadió que «muchos de esos abusos son remanentes de problemas de larga data que no pueden resolverse en corto tiempo».
Del Valle explicó que los poderes Ejecutivo y Legislativo de Guatemala buscan un fortalecimiento del sistema impositivo, incluida la asignación de más fondos para el sistema judicial y la policía.
El Gobierno, añadió la funcionaria, ha avanzado en el establecimiento de comisiones que estudian denuncias de abusos, y que el Tribunal Supremo de Justicia ha reabierto en casos que se remontan a décadas «y en los que hubo un abuso de la Ley de Amparo» que fue parte de los acuerdos de paz.
«El Estado de Guatemala ha adoptado una política de protección a los defensores de los derechos humanos», añadió Del Valle. «El estado busca fortalecer la prevención de los ataques (a defensores de derechos humanos)».
El Gobierno sigue usando a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna, indicó la funcionaria, «precisamente por la debilidad, la insuficiencia, de la Policía Nacional civil».
