Representantes de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif) mantienen la demanda de que sea vetada la Ley de Moratoria por el Presidente de la República, Daniel Ortega, de quien dijeron esperan que “respete y cumpla” el compromiso suscrito con ellos, de no respaldar esa legislación.
- Los proveedores internacionales de fondos para las microfinancieras de Nicaragua siguen con atención el curso de las decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en torno a la Ley de Moratoria, esperando que se decidan por evitar que entre en vigencia.
Cuestionó a quienes encuentran bondades a la Moratoria, diciendo que sí, es bueno tenderle la mano a los afectados por la crisis, pero eso ya se hizo y los que quedan son los que no han querido pagar.
Quienes dicen que se vayan las microfinancieras, porque a lo que vienen es a hacerse ricas, lo dicen, supongo, por ignorancia. Obviamente no son parte de los miles de clientes que saben lo difícil que es obtener crédito cuando se es pobre, afirmó.
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Alfredo Alaniz y Patricia Padilla, director ejecutivo y secretaria ejecutiva de Asomif, respectivamente, prefieren creer que las últimas declaraciones del Vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, en el sentido de que Ortega no piensa vetar la Ley de Moratoria, “es una opinión personal” y no reflejan una posición final del Gobierno.
“Consideramos que de no vetar el Presidente la ley, se estaría violando el acuerdo que suscribimos”, afirmó Alaniz.
En ese sentido, dijo que están dispuestos a renegociar con el grupo de deudores agrupados en el Movimiento No Pago, bajo las condiciones que establece la misma Ley de Moratoria, siempre que no entre en vigencia la legislación, porque lo que piden es no dejar el mal precedente de violación a la institucionalidad de las leyes y validar la intervención en convenios entre particulares.
RECURSO POR INCONSTITUCIONALIDAD
Asomif insistirá en un encuentro con Ortega “para aclararle que el veto total es la mejor opción para el país”, porque lo contrario afectará el sistema de microcrédito, el que ya enfrenta pérdidas por 90 millones de dólares, por la mora.
En febrero del 2009, Daniel Ortega se comprometió con Asomif a no respaldar la cultura del no pago impulsada por el movimiento de deudores, y sí respaldar un arreglo con los morosos en un marco de garantías de estabilidad para las microfinancieras.
La opción que no descarta Asomif es recurrir por inconstitucionalidad contra la ley, si entra en vigencia. No creen en una reforma porque “ no tendría sentido por su corta vigencia de 120 días”.
Precisamente, las bancadas sandinista y liberal, mayoritarias en la Asamblea Nacional, dieron ayer luz verde a una eventual reforma a la polémica Ley de Moratoria, si es que deudores y microfinancieras llegan a un acuerdo.
El presidente de la comisión económica, Wálmaro Gutiérrez (FSLN), reiteró que es muy probable que no haya veto, pero “si es necesario con posterioridad a la publicación de esa ley algunos ajustes, obviamente la Asamblea Nacional es la que tiene que asumir esa responsabilidad”.
“Si el sector microfinanciero y los deudores consideran que hay que hacerle ajustes o mejoras a esa ley, creo que todos los diputados estaríamos en disposición de respaldar esa iniciativa”, dijo Gutiérrez.
El jefe de la bancada del PLC, Ramón González, indicó que se requiere de una reforma, para evitar que las microfinancieras practiquen la usura, pero frenando la cultura del no pago.
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