Uno de los organismos nicaragüense defensores de los derechos humanos advirtió que existe el riesgo de que empiecen las deportaciones de los nacionales ilegales en Costa Rica, con la puesta en vigencia de la Ley de Migración costarricense desde inicios del presente mes.
Heydi González, funcionaria del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y miembro de la Red Nacional del Migrante, refirió que con la puesta en vigencia de la ley migratoria costarricense aumenta el riesgo para los nacionales indocumentados, sobre todo para los que no poseen documentos.
“La deportación, separación de familias que viven allá. Podemos esperar redadas pues la Policía Migratoria ahora está facultada para hacerlo”, manifestó González.
Señaló que la nueva ley costarricense contempla que cualquier ciudadano puede denunciar a un migrante ante las autoridades de Migración y la Policía Migratoria puede ir a buscar al indocumentado a su casa o al trabajo y luego deportarlo. Es por ello que consideró que los nicaragüenses ilegales están “en total vulnerabilidad”.
La funcionaria del Cenidh refirió que, pese a múltiples reuniones en la Asamblea Nacional, sólo hay varias iniciativas, pero ninguna decisión en concreto que permita desde el Estado de Nicaragua apoyar a los migrantes indocumentados.
A la fecha, no existen datos concretos de cuántos nicaragüenses carecen de documentos que los identifiquen como nacionales. Hay un gran subregistro de información, consideró González.
Refirió que el último informe de desarrollo humano, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estima que unos 100 mil nicaragüenses podrían estar en riesgo en Costa Rica.
“Es una cadena. Si no está inscrito no tiene partida de nacimiento, no tiene cédula ni pasaporte, ni puede optar a una visa”, sostuvo González.
La funcionaria del Cenidh comentó que actualmente la Dirección General Consular de la Cancillería de Nicaragua está entregando una certificación consular, con lo que el Gobierno considera que están resolviendo el problema, pero “no lo están resolviendo, porque es un requisito más que Costa Rica está pidiendo”.
A esto se agrega que ese documento sólo lo entregan a los que tienen pasaporte ordinario.
González criticó que en una de las iniciativas de ley, conocida como de Atención al Migrante, pretenden crear un Consejo Nacional de Atención al Migrante presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir la Cancillería de la República, pero de concretizarlo únicamente provocará más gastos y burocracias, cuando para articular esfuerzos no requieren de una ley.
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