Por Freddy Cuevas
TEGUCIGALPA/AP
Los partidarios del derrocado presidente Manuel Zelaya instaron hoy a la población a participar en una consulta para decidir si se convoca o no a una constituyente, pese a que está prohibido por la constitución hondureña.
«La asamblea representará la voluntad impostergable del pueblo para construir una democracia verdadera y transformar el sistema de injusticia y represión instalado por la oligarquía», dijo el martes en un comunicado el Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado contra Zelaya (2006-2009).
No especificó, sin embargo, de que manera se realizaría la consulta.
«La convocatoria está planteada para el 28 de junio de 2010, día en que se cumplirá un año del golpe de Estado, y representará la voluntad impostergable del pueblo para construir una democracia verdadera».
El Frente desconoce en su comunicado la Constitución de 1982 porque «fue aprobada durante una de las dictaduras militares que asolaron el siglo pasado a esta pequeña nación» y también al gobierno del presidente Porfirio Lobo, por «ser el gobernante conservador elegido en las cuestionadas elecciones del 29 de noviembre» de 2009.
La Constitución vigente fue elaborada por una constituyente para que Honduras retornara al sistema democrático a causa de casi dos décadas de regímenes militares, que dieron al traste con tres presidentes civiles entre 1957 y 1972.
No permite tampoco la reelección del presidente, reformar los artículos sobre la forma de gobierno democrático ni el período presidencial de cuatro años.
Los seguidores de Zelaya también condenaron «la injerencia del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de nuestro país… que de manera vulgar intenta darle una cara de legitimidad al régimen de facto mediante un falso diálogo nacional que ignora el rechazo mayoritario de la población a la dictadura».
Lobo nombró el lunes una comisión para rechazar una demanda de Zelaya y de seis de sus principales colaboradores presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, en la que exige condenar a Honduras por su derrocamiento, reparar sus honor, instalar una constituyente y suspender las órdenes de arresto en su contra emitidas por la Corte Suprema.
«Revisamos toda la documentación y definimos una estrategia para defender al Estado», afirmó a la AP la procuradora general, Ethel Deras.
Al asumir el 27 de enero, Lobo otorgó un salvoconducto a Zelaya para que abandonara su refugio de cuatro meses de la embajada de Brasil en Tegucigalpa y viajara a Santo Domingo como huésped del presidente dominicano Leonel Fernández.
