El futuro de la Contraloría General de la República (CGR) pareciera no ser tan halagador.
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- Luis Ángel Montenegro, quien permanece en su cargo acatando el decretazo presidencial, defendió ayer las resoluciones que emitirá la Contraloría General de la República (CGR), pese a que el cuerpo colegiado actúa de facto.
A nosotros no nos corresponde meternos a juzgar si una ley es correcta o incorrecta, simplemente las cumplimos y acatamos, dijo Montenegro al referirse al decretazo.
No estoy yo para juzgar si (el decretazo) está por encima de la Constitución o no. Quienes deben pronunciarse sobre ese tema son los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o la Asamblea Nacional. Si aquí (en el parlamento) tienen los votos suficientes, que anulen el decreto y no hay ningún problema, añadió Montenegro.
Sobre los contralores Lino Hernández y Francisco Guerra, quienes dejaron de asistir a la CGR cuando cumplieron cinco años en sus funciones y no acataron el decretazo presidencial, Montenegro dijo que ésa era decisión de ellos.
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La institución está a punto de permanecer bajo el control de contralores que han acatado el decretazo del presidente Daniel Ortega, quien los prorrogó ilegalmente en sus cargos; o de quedar en las manos de primos y una hija de los propios diputados de la Asamblea Nacional.
El escenario tres es que la CGR pase a ser controlada por ex ministros y ex diputados.
Ayer una Comisión Especial Constitucional del parlamento recibió a los candidatos a contralores.
LOS QUE BUSCAN REELEGIRSE
En primera línea estaban los contralores Luis Ángel Montenegro, José Pasos Marciaq y Vicente Chávez, quienes aspiran a una reelección pese a que siguen en sus funciones ilegalmente, según han explicado diputados liberales, porque ya cumplieron sus cinco años en la institución y se aferraron a sus cargos gracias al polémico decreto presidencial 03-2010.
“Yo pienso que aquellos que han irrespetado a la Asamblea Nacional, permaneciendo en sus cargos más allá del período para el que fueron electos, se han burlado de este poder del Estado y para mí es una contradicción que vengan a solicitar que se les elija por un período más. Si ya se les venció el período para el que fueron electos, ¿qué sentido tiene que le soliciten a la Asamblea que los nombre, si ellos se consideran nombrados por el Presidente de la República, aunque sea ilegal?”, cuestionó el diputado liberal José Pallais.
Víctor Hugo Tinoco, del Movimiento Renovador Sandinista, dijo que a lo interno de la Comisión Especial, al menos cuatro de los ocho diputados que la integran se oponen a dar el visto bueno a los funcionarios que quieren reelegirse y que han acatado el decretazo.
LOS FAMILIARES
Luego, la lista de candidatos a contralores estaba nutrida de familiares de diputados.
En la audiencia aparecían los nombres de Fátima Macías, hija del diputado Ramón Macías; Mauricio Montealegre, primo de Eduardo Montealegre; Oscar Moreira, primo de Wilfredo Navarro; y Bertisabel Tenorio Alemán, sobrina del ex mandatario Arnoldo Alemán.
Poco después resaltaba la figura del diputado Juan Ramón Jiménez, de quien la oficina de Migración emitió un informe diciendo que viaja al exterior como ciudadano de Estados Unidos, lo cual lo inhabilitaría para ejercer cargos públicos.
Jiménez supuestamente presentó un nuevo informe de Migración, en el cual se dice que es ciudadano nicaragüense.
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