Mientras organizaciones médicas nacionales e internacionales han expresado que no existe ninguna justificación para practicar un aborto inducido a la mujer que está embarazada y sufre cáncer metastásico, el organismo Amnistía Internacional hizo un llamado al Gobierno de Nicaragua para que modifique la ley que penaliza el aborto en cualquier circunstancia.
Según Amnistía Internacional, la situación legal vigente en el país ha motivado a los médicos a no tratar el cáncer que padece “Amalia”, paciente de 27 años internada en el Hospital Oscar Danilo Rosales, de la ciudad de León, al occidente de Nicaragua.
En un comunicado emitido desde Londres, Amnistía Internacional insta a las autoridades nicaragüenses a tomar medidas legales para que la mujer, embarazada con diez semanas de gestación, pueda someterse a las sesiones de quimioterapia y radioterapia que necesita de forma inmediata.
Según Amnistía Internacional, la negativa de los médicos a aplicar tratamiento a la paciente se debe al temor que impera en el colectivo médico nicaragüense a enfrentar la ley en caso de que el tratamiento contra el cáncer pudiera interrumpir el embarazo.
Amnistía Internacional insiste en que la prohibición total del aborto es “ilegal” y lamenta que el Gobierno nicaragüense haya ignorado las peticiones para revocar esta legislación hecha por organismos dependientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
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