Desde la semana pasada se está divulgando información sobre la posibilidad de que el diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Enrique Quiñónez, encabece una corriente de diputados liberales que, junto con los de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) estarían negociando la elección de funcionarios con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Pero directivos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) aseguraron ayer que los 21 votos de su organización, en el parlamento, se mantienen “firmes ante el compromiso asumido ante la nación” en el acuerdo conocido como Metrocentro II.
El vocero del PLC, Leonel Teller, en nombre del ex presidente Arnoldo Alemán, quien ayer no asistió a la habitual conferencia de prensa que realizan cada semana, aseguró que “todas las negociaciones para elegir a los funcionarios del Estado, el PLC las realizará de manera transparente y pública”, usando como guía los acuerdos de Metrocentro II y la Constitución Política del país.
“Esto (la negociación) lo ha advertido y lo ha adelantado en un canal de televisión el día viernes el magistrado Rafael Solís, entonces a eso tenemos que atenernos. Pero nosotros nos negamos a creer que Eduardo Montealegre esté permitiendo o que esté perdiendo el control de su bancada. Creemos que la conserva y creemos que sí hay manipulaciones de parte del FSLN, y que el FSLN sería feliz con el logro de este propósito, pero creemos en la solidez y en el liderazgo de Eduardo en el seno de su bancada”, dijo el diputado del PLC, José Pallais.
Teller insistió en que los 21 votos del PLC se mantienen firmes en base a los acuerdos de Metrocentro II, que las negociaciones serán públicas y transparentes, y que la no reelección de los magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral (CSE) sigue siendo una decisión irrevocable.
Añadió que están planeando reunirse con los diputados de la BDN para elaborar un documento conjunto y “exhortar” al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea y demás agencias bilaterales de cooperación, sobre la crisis de inconstitucionalidad que atraviesa Nicaragua, como consecuencia del “decretazo emitido por el presidente Daniel Ortega con la intención de extender de manera inconstitucional el plazo de los cargos de algunos funcionarios del Estado”.
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