La Fiscalía introdujo acusación por delitos ambientales e invasión de propiedad en contra de 30 personas supuestamente desmovilizados del Ejército, quienes alegan que Daniel Ortega se las entregó, sin que presenten documentos de esto.
La finca Las Hamacas, ubicada en Mateare, que cuenta con un área de terreno de 400 manzanas, propiedad de una sociedad anónima Recursos Naturales de Nicaragua, representada por Frank Mena Marenco, fue sometida al despale indiscriminado con el fin de vender leña y carbón, que eran sacados a los municipios de Mateare, Ciudad Sandino y Managua.
El fiscal Frank Flores Peña explicó que entre 2008 y 2009, cuando dos grupos diferentes invadieron por la fuerza la propiedad, cortaron unos tres mil árboles de al menos 40 especies.
“Hay un concurso de delitos, se afectan dos bienes jurídicos: que es la propiedad privada y el medio ambiente”, refirió Flores. El funcionario expresó que estas personas no sólo se asentaron con sus familias, sino que repartieron las tierras en áreas de cinco manzanas.
Los invasores construyeron champas para habitar la propiedad. La semana pasada la Fiscalía acusó a los dos grupos identificados uno como “Los Barqueros” y otro con los apellidos Argueta, Aguilar, Espinoza Betancourt y Obando, entre otros.
CONCURSO DE DELITOS
En el escrito introducido ante el Juzgado Local Penal de Mateare, la Fiscalía acusa por delitos conexos de usurpación del domino privado, construcción en lugares prohibidos, aprovechamiento ilegal de recursos naturales, incendios forestales, corte, aprovechamiento y veda forestal, corte, transporte y comercialización ilegal de madera, que son delitos regulados por el Código Penal.
El fiscal Flores explicó que las inspecciones, realizadas junto a la Policía y el Instituto Nacional Forestal (Inafor), confirmaron que estas personas tras introducirse a la propiedad con sus núcleos familiares, se asentaron, dividieron en lotes de cinco manzanas y se dedicaron a provocar daños al ecosistema.
Asimismo, al despalar, los grupos señalados de invasores estaban destruyendo el hábitat natural de todas las especies como garrobos, chocoyos y otros, a los que mataron o se vieron obligados a emigrar.
Según la Fiscalía, entre los árboles que estaban cortados destacan árboles en veda forestal como ceibo, caoba, pochote, ceiba, mora, melero, entre otros. Esto fue constatado en dos inspecciones realizadas tanto por la Fiscalía, como con autoridades de la Policía y el Instituto Nacional Forestal (Inafor), donde además pudieron apreciar la existencia de carboneras en el lugar.
Estos hechos empezaron desde el 2008, cuando inicialmente un grupo se introdujo en septiembre de ese año en la parte sur de la propiedad.
Luego otro grupo se introdujo en el área central de la misma, el 3 de diciembre del 2009.
El primer grupo fue el de Los Barqueros, y los Arguetas y otros de apellido Aguilar Obando,
posteriormente.
El representante del Ministerio Público explicó que han acusado en otros casos por delito de corte de árboles, pero no con las características de quemas, incendios forestales, usurpación del dominio privado y delito contra la propiedad, como sucedió en este caso.
NO HAY DOCUMENTOS A FAVOR DE ACUSADOS
Sobre el alegato de los acusados, de que incursionaron a las tierras porque fueron entregadas aparentemente por Ortega, Flores manifestó que han investigado y constatado con documentos tanto presentados por la sociedad anónima como por las indagaciones que realizaron ante el Registro de la Propiedad, como con la Intendencia de la Propiedad, que no existe autorización de ninguna autoridad para que éstos ocuparan esas tierras.
“Según los asientos registrales, esta propiedad le pertenece a la sociedad anónima denominada Recursos Naturales de Nicaragua”, insistió Flores.
El fiscal dijo que están a la espera que el juez llame a las partes a audiencia inicial con característica de preliminar. Flores adelantó que en la audiencia pedirán las medidas cautelares pertinentes, y en caso que los acusados no se presenten, solicitarán al judicial la rebeldía y por tanto la detención de éstos.
Flores explicó que el Ministerio Público ha considerado como de gravedad lo que estaba sucediendo en esa propiedad privada, por eso intervino, pues estaba afectando recursos naturales que podían perjudicar al resto de la sociedad.
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