En el debate público sobre las cualidades que deben tener las personas que ocupen los altos cargos públicos que la Asamblea Nacional tiene que elegir próximamente, alguien ha dicho que ésta es una tarea como la de Diógenes, el filósofo de la antigua Grecia que con una lámpara o antorcha en la mano buscaba en las calles de Atenas al hombre intachable que nunca encontraba. Quien hizo esta observación se refería, sin duda, a Diógenes de Sínope, quien vivió en el siglo III antes de Cristo. Valga la aclaración, porque unos cinco siglos después hubo otro famoso filósofo griego llamado Diógenes Laercio.
Aunque Diógenes de Sínope no dejó nada escrito, se conoce que sostenía la doctrina de que la pobreza extrema era la máxima virtud. Y para predicar con el ejemplo, vivía como un vagabundo, en la más absoluta miseria, denunciaba la codicia, el egoísmo y demás vicios humanos, y recorría las calles de Atenas a donde fue exiliado, buscando un hombre justo, honesto y bueno en aquella sociedad en la que a su juicio las virtudes de la honestidad, la bondad y la justicia habían desaparecido.
Pero en el caso de la próxima elección en la Asamblea Nacional de las personas que van a ocupar los cargos en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República, la Fiscalía, la Superintendencia General de Bancos y otras Entidades Financieras y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la verdad es que en la sociedad hay suficientes profesionales, académicos, dirigentes del sector privado y activistas sociales, que reúnen las condiciones de idoneidad y probidad que se requieren para desempeñar esos cargos con honorabilidad y eficiencia. Todo es que quienes eligen, o sea los diputados, los quieran encontrar. Y para esto no necesitan vestir andrajos ni salir a la calle a buscarlos con una lámpara en la mano.
Cabe señalar que el hecho de que se haya generado un amplio debate público sobre las cualidades que deben tener —y los vicios que no deben tener— las personas que desempeñen los cargos institucionales, es algo novedoso y positivo. En las ocasiones anteriores, los diputados, o más bien las camarillas partidistas y parlamentarias, escogieron esos cargos a escondidas de la opinión pública, sin escuchar propuestas de nadie ni consultar a las organizaciones civiles correspondientes, como manda la Constitución; y sin elegir cada cargo por separado, como también ordena la norma constitucional, sino en paquete o “combo” a fin de repartirse más fácilmente los altos y bien remunerados puestos públicos que son considerados y manejados como un botín de corsarios políticos.
Es probable que, como temen algunos y advierten otros con desparpajo, sea inútil y hasta una “babosada” la actitud de quienes han propuesto nombres de personas que, a su juicio, son honestas e idóneas para ocupar los cargos que debe elegir la Asamblea Nacional. En realidad, los mismos cabecillas de los partidos que se han repartido hasta ahora esos cargos al amparo de un pacto político amoral y corrupto, han dicho que no están dispuestos a renunciar a las cuotas de poder que tienen y las consideran como un patrimonio de sus partidos y sus personas. De manera que no sería sorprendente que esta vez de nuevo hagan un pacto para repartirse los altos y por eso codiciados cargos estatales, a pesar de las promesas de cambios que con tanta profusión y facilidad hacen en los medios de comunicación social.
En el ambiente político que hay en Nicaragua actualmente, caracterizado por la desolación moral y el relativismo ético, es muy difícil —por no decir imposible— que las instituciones del Estado puedan ser depuradas y ocupadas por nuevas personas que sean idóneas y honestas. Y no porque éstas no existan, sino porque quienes escogerán ahora los cargos son los mismos que escogieron anteriormente.
Pero como ya hemos dicho, el peor esfuerzo es el que no se hace. Ya es un logro el hecho de que la elección de los cargos esté en el centro de un intenso debate público. Y los ciudadanos y las organizaciones cívicas deben aumentar la presión en demanda de una renovación total en las instituciones estatales, aunque esto parezca misión imposible. De todas maneras, son tan oscuras las condiciones actuales de Nicaragua, que si al menos algunos de los cargos que se van a elegir fueran ocupados por personas que valgan la pena, eso ya se podría considerar como un logro histórico.
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