Unas 500 personas, muchas de ellas identificadas por Santos Espinoza, dirigente de los comerciantes como miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), presionaban anoche ante el Juzgado Único Local de Chinandega, por la libertad de los dos ex funcionarios del penal de esa localidad que con su actuación permitieron la fuga de tres reos narcos guatemaltecos, con una orden judicial falsa.
Anoche la juez Único Local, Claudia Noguera Roa, no resolvía si dejaba libres o no, al ex jefe del penal de Chinandega, Ramiro Jáenz, y a la otra ex funcionaria, María Emilia Mairena, mientras continuaba el juicio.
La Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, dijo la noche del martes que la destitución de ambos fue una medida ejemplar.
Morales señaló que esto debe ser así para que el resto de compañeros “ponga su barba en remojo”. Las declaraciones de Morales fueron brindadas en el programa Sin fronteras , de Canal 8 de televisión, que dirige el periodista oficialista William Grigsby Vado.
A criterio de Morales, el error y negligencia en que incurrió Jáenz fue una falta grave por las consecuencias de esta actuación, al incumplir normas establecidas desde febrero del año pasado. Y sobre todo porque los funcionarios de los penales han sido constantemente capacitados y una semana antes en una reunión de consejo nacional ampliado les recordaron este procedimiento.
La norma establecida ordena que toda resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema con órdenes de libertad sean notificadas judicialmente a la dirección superior del Sistema Penitenciario Nacional (SPN). Esto lo hacen porque la comisión interinstitucional había previsto que ocurrieran casos de este tipo, explicó Morales. De esta manera, la dirección del SPN debe verificar a través de teléfono, fax y correo electrónico para después notificar al penal donde está recluido el interno.
En este caso, Jáenz recibió la supuesta orden judicial de manos de un abogado, para lo cual no estaba autorizado, y tampoco notificó.
En el mismo programa la fiscal sandinista Ana Julia Guido prefirió no referirse a que si en este caso hubo dolo o un error.
“Tendríamos que tener una investigación de la Policía para determinar si hay otros tipos penales”, manifestó Guido.
Morales indicó que también destituyó a tres funcionarios de Migración y Extranjería de Occidente, entre ellos el jefe de esa delegación, porque cometieron violación a la ley y al código de ética, al permitir que los narcos salieran con un citatorio que les dio uno de los funcionarios para su salida del país.
Morales mostró preocupación por los niveles de corrupción que ha llegado sobre todo a los sectores legales del país, como abogados, que han falsificado una sentencia de la Sala Penal. “Es bastante audaz”, dijo Morales.
Extraoficialmente se asegura que la fuga de los tres narcos guatemaltecos y la orden de libertad para el narco mexicano Salvador López Santos están vinculadas, porque todos están liderados por los cabecillas de la agrupación narco Milenium, en México, por lo que se dice que es más peligroso de lo que se conoce. Esta situación ha traído consigo amenazas a jueces y autoridades de la Modelo, de las que nadie comenta oficialmente.
Morales criticó la actuación de algunos jueces, como la de la juez Tercero Distrito Penal de Ejecución de Sentencia, Rosario Gaitán, quien en diciembre pasado mandó cuatro casos de órdenes de libertad, entre éstas la del mexicano López Santos y de Jonathan Zapata y Karelia Guerrero, asesinos del empresario y psicólogo Douglas Guerrero. Pero coordinó con la Fiscalía para que no se ejecutaran, por lo que siguen presos. Y aunque Morales dijo que hay muchos casos similares, en el caso de Managua destaca la actuación de la juez Gaitán, expresó.
El presidente de la Sala Penal de la CSJ, magistrado Armengol Cuadra, indicó que Gaitán, por su propia voluntad, envió un informe a la Corte sobre las liberaciones de narcotraficantes que ha realizado.
Cuadra señaló que revisarán el informe de Gaitán, para determinar si es necesario llamarla para que explique su actuación, pero que todavía no existe una investigación concreta contra la judicial.
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