Si los partidos políticos de la oposición “persisten en las negociaciones en las que buscan imponer salidas de cúpulas ante la grave crisis de gobernabilidad que enfrentamos, tras el decreto más reciente del presidente Daniel Ortega”, la Coordinadora Civil (CC) rompería el diálogo que han iniciado los partidos con los organismos cívicos y llamaría a la resistencia pacífica, según advirtieron ayer directivos de esa red nacional que reúne a más de trescientas asociaciones.
El enlace nacional de la CC, Luisa Molina, aseguró ayer en conferencia de prensa que este organismo consideraría que los partidos políticos cometerían una “traición a los intereses ciudadanos” si para la elección de los próximos funcionarios públicos, que reemplazarán a quienes se les vence el período en los próximos meses, se prestan a los pactos y prebendas de cúpulas.
El pasado 9 de enero, Ortega publicó un decreto con el que pretende prorrogar el período de los funcionarios públicos a los que se les vencen sus mandatos, “hasta que la Asamblea Nacional nombre a los próximos funcionarios o ratifique a los actuales. Sin embargo, la oposición —que es mayoría en la Asamblea— aún no rechaza desde ahí el decreto del mandatario ni se pone de acuerdo sobre quiénes dirigirían esas instituciones, entre ellas el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
- La Coordinadora Civil sostuvo que frente a un gobierno de facto surgido del decreto con el que el presidente Daniel Ortega quiere prorrogar los plazos de los funcionarios en contra de la Constitución apoyarán toda acción cívica de desobediencia civil que busque el restablecimiento de la gobernabilidad democrática y la institucionalidad del país.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, aseguró que esta forma de protesta no ha sido considerada por el Consejo, aunque reiteró el rechazo de éste al decreto.
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Molina agregó que si la oposición pacta con el Gobierno, “sólo nos quedaría la resistencia cívica contra la dictadura y los falsos opositores”.
La Coordinadora exigió que se detenga y se revierta el decreto que calificó como un proceso de ruptura del marco constitucional y que cese el deterioro de la credibilidad de las instituciones públicas y políticas.
También exhortó a que los partidos políticos “deben asumir su rol y sus responsabilidades, en vez de limitarse a emitir más declaraciones” e insistió en que la elección de los próximos funcionarios “no debe ser un ejercicio de repartición de prebendas, sino que conforme al mandato constitucional se abra a la más amplia participación de los ciudadanos y ciudadanas de las asociaciones de profesionales y universidades”.
“Que se establezca un proceso de selección que asegure de manera efectiva que quienes resulten electos cumplan con los más elevados requisitos de idoneidad profesional, y con las calidades personales y éticas que les permitan mantenerse firmes frente a las presiones para que se subordinen a los lineamientos políticos o a los intereses de cualquier grupo de poder”, demandó la Coordinadora.
OBEDIENCIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
La Coordinadora insistió en su posición sobre el decreto 3-2010 de Ortega en que “el Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, los contralores, los magistrados judiciales y electorales, los diputados ni el Superintendente y Vicesuperintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras no son funcionarios del Poder Ejecutivo y por tanto no deben obediencia a éste (si no a la Constitución, que establece los plazos para cada uno) y su nombramiento es responsabilidad exclusiva de la Asamblea”.
Además, Molina agregó que “nuestra Constitución Política no le otorga ninguna facultad al Presidente de la República para ratificar o prorrogar cargos de elección popular, como a los que se refiere en ese Decreto”.
“Ningún Presidente, independientemente de con cuántos votos sea electo, recibe una carta en blanco para hacer lo que cree conveniente ni menos para pasar por alto las leyes del país o la Constitución Política, llega ahí para cumplirla”, subrayó Molina, tras reconocer que el propio Código Penal contempla prisión, multas u otras sanciones para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de violación a la Constitución o contra la administración pública, tal como lo publicó ayer LA PRENSA.
Junto a Molina estuvieron los directivos de la CC, Guillermo Pérez, de la comisión de Gobernabilidad, y Mario Gutiérrez, de la comisión de Vivienda.
Pérez opinó que seguramente habría diputados para elegir a nuevos funcionarios honestos fuera del control de las cúpulas.
Sin embargo, a la fecha el ex presidente Arnoldo Alemán —quien controla el Partido Liberal Constitucionalista y ha pactado con Daniel Ortega— sostiene que la oposición no reúne los 56 votos para esa elección, pues en total suma 53 votos contra los 38 del Frente Sandinista, aún cuando entre los aliados del partido oficial se prometen votos en contra de la reelección de algunos funcionarios, como el polémico magistrado presidente del CSE, Roberto Rivas Reyes.
La Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham), Vamos con Eduardo y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), coincidieron estos días en una lista de quiénes podrían ser los próximos funcionarios honestos.
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