El ex procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas, quien se convirtió en el primer personaje en “acatar” una prórroga ordenada por el presidente Daniel Ortega a una treintena de funcionarios de primer nivel, ni siquiera estaría incluido en el decreto 03-2010, de acuerdo con diputados liberales, quienes han acusado al mandatario nicaragüense de violar la Constitución.
José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia, y Adolfo Martínez, jefe de la Bancada Democrática Nicaragüense, coincidieron ayer en que Cabezas, quien cumplió sus cinco años como procurador de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 2009, no está incluido en el ilegal decreto.
Pese a que en sus considerandos el decreto presidencial habla del vacío en la Procuraduría de Derechos Humanos, lo cierto es que en el artículo número dos Ortega sostuvo que se “ratifican y prorrogan” en sus cargos a las autoridades a quienes se les “venza el período en el futuro inmediato”, pero no se refiere a quienes ya cumplieron sus cinco años, como Cabezas.
El decreto, calificado como inconstitucional por los diputados liberales, se emitió el nueve de enero y a Cabezas se le venció su período el 10 de diciembre, por lo cual estaría fuera de los “beneficios presidenciales”.
“El decreto ilegal de Ortega no lo cubre (a Cabezas) y está en flamante violación del Código Penal, está cometiendo un delito”, dijo Martínez.
Para Pallais, el hecho de que Cabezas haya reasumido el lunes la jefatura de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es el “colmo”, ya que el ex funcionario “no está cubierto con el paraguas inconstitucional decretado por Daniel Ortega”.
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