Tegucigalpa/ACAN-EFE
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Jorge Rivera, citó hoy a los miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas para que declaren el próximo jueves sobre la expulsión del país del derrocado presidente, Manuel Zelaya, informó la defensa de los militares.
Un abogado de los oficiales, Juan Carlos Sánchez, dijo a periodistas que Rivera, en su condición de «juez natural» de este caso, aceptó la petición de la defensa para que los militares se presenten voluntariamente a declarar.
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Con ello, agregó Sánchez, el magistrado se abstuvo de ordenar la captura de los militares, como pidió el Ministerio Público (MP) al presentar el «requerimiento fiscal» contra ellos el pasado miércoles, por los delitos de abuso de autoridad y expatriación.
Los militares expulsaron a Zelaya hacia Costa Rica después de derrocarlo por la fuerza.
La Constitución prohíbe la expatriación de hondureños.
En la resolución tomada por Rivera «se admite, en primer lugar, el requerimiento fiscal que presentara la Fiscalía del MP, y en segundo término también se nos admite el escrito en el cual solicitamos se señale día y hora para la audiencia de declaración de imputado, que será el día jueves», explicó Sánchez.
Indicó que en la resolución «no se explican las razones por las cuales, desde el punto de vista legal, se deniega la orden» de captura, aunque «sí se menciona el hecho de que en la solicitud que fue presentada por el cuerpo de la defensa» se pide fijar la audiencia para que los militares declaren.
Celebrada la audiencia a los oficiales, el magistrado decidirá «cuáles serían las medidas a aplicarles, en caso de que estas procedieran», añadió.
La Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas la integran el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, generales Romeo Vásquez y Venancio Cervantes.
Además, los jefes del Ejército, general Miguel ngel García Padgett; de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince, y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez, y el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.
Zelaya, quien desde el 21 de septiembre pasado está refugiado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, considera que el MP pretende con este caso «poner un manto» a la verdad de lo ocurrido el 28 de junio de 2009 y darles «impunidad» a los militares.
