Pese a que tras promulgada la Ley 228, Ley Orgánica de la Policía Nacional, era del conocimiento que el tema del relevo generacional representaría el pago de indemnizaciones a los oficiales que cumplieran con los 30 años de servicio y 55 años de edad, ninguna autoridad contempló la creación de un fondo específico para ese motivo.
El decreto Ejecutivo, publicado el 30 de diciembre del año pasado, amplía la permanencia de los miembros de esa institución a 30 años para el escalafón ejecutivo y 35 para oficiales hasta el grado de comisionado mayor. Para los comisionados generales la prórroga puede pasar los 35 años. Y establece 10 días para optar a la pensión por vejez que otorga el Instituto de Seguridad Social de Desarrollo Humano (Issdhu), al cumplir los 55 años; de no hacerlo le prorrogarán su permanencia en la Policía, de forma automática cada año.
Para el ex subdirector de la Policía, comisionado general en retiro Francisco Bautista, “la esencia del asunto que está planteada en el decreto (…) es posiblemente de ampliación y también de carácter práctico y el carácter práctico es económico, es decir, el dinero, los recursos para poder pagar estas indemnizaciones o estos retiros a los 30 años de servicio no está garantizado”, en el presupuesto de la Policía Nacional que lo aporta el Estado nicaragüense.
Bautista consideró el decreto como “razonable” y a su criterio otro factor que influyó fue la implicación que tiene para la institución el relevo de 400 oficiales, “porque no lo vas a reponer al día siguiente”.
“En esencia yo creo que estas cosas lo que demuestran es que el Estado nicaragüense (…), me refiero al Estado en su conjunto, no estaba preparado suficientemente para este proceso de relevo en corto plazo, este decreto creo que puede dar oportunidad de planificar mejor el proceso. Y de organizarlo de manera apropiada para que no genere ni traumas institucionales, ni genere gastos excesivos para lo que no se dispone (dinero)”, manifestó Bautista.
Aunque Bautista es del criterio que la solución de fondo “es un replanteamiento total de la Ley 228”, también considera que esto no es posible a corto plazo por considerar que “no hay suficiente escenario político para hacerlo”, pero piensa que el decreto brinda a las autoridades la oportunidad de planificar mejor el proceso.
Bautista aclaró que la publicación del decreto no significa que se detendrán los retiros o jubilaciones, pues el proceso seguirá normal, dado que el mismo lo que está dando es la posibilidad de ampliación, para que no sea un proceso automático. Y advirtió que si no se administra bien la flexibilización que ofrece el mismo, podría generar un estancamiento en los niveles medios de los oficiales, por lo que recomendó que la carrera policial sea aplicada con criterios de profesionalismo.
Recordó que el decreto Ejecutivo no toca a la actual jefatura. Y pese a que reconoció que la ley establece que los subdirectores pueden aspirar a prorrogar su permanencia por un período más, consideró que “no es sano hacerlo”, e invocó un acuerdo existente entre jefaturas anteriores que determinó que al seleccionar al director entre los subdirectores el resto pasa a la vida civil. En el presente año se le vence el período al subdirector Horacio Rocha.
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