El ex jefe de la Policía Nacional, primer comisionado en retiro Franco Montealegre Callejas (1996-2001), considera que la propuesta de reforma policial que permite que los mandos policiales continúen en sus cargos es motivo aún de debate.
Montealegre Callejas sostuvo ayer a LA PRENSA que la reglamentación debió ser abordada desde hace más de cuatro años y no en las actuales circunstancias.
“La Ley actual (Ley 228) se elaboró y aprobó en 1996. En esa ocasión se planteó la carrera policial en 30 años y 55 de servicio. Para mí este tema debió ser valorado en el tiempo de (Edwin) Cordero (2001-2006) porque son cuestiones reales que tiene la institución. Hay un retiro pendiente, hay que ver si se va asumir, porque todo tiene su contrapeso. ¿Qué pasa con lo que no está definido en la ley? Todo hay que valorarlo. Si fuera yo, lo pondría a discusión para que todos opinen”, agrega.
Según el jefe policial en retiro, la institución requiere una discusión a fondo del tema, “independiente de la posición política, es el momento de quitarle esa parte para que las decisiones sean técnicas y profesionales. Hay que discutirlo, hay que verlo, para mí, como te digo, es un poco tarde”, explicó.
La reforma policial que se debate ahora públicamente nació de una propuesta elaborada el 18 de diciembre pasado por la jefatura de la institución, integrada por la primera comisionada Aminta Granera, tres subdirectores y un inspector general.
HERMETISMO ENTRE LOS MANDOS POLICIALES
Hasta ahora ningún miembro de la cúpula policial ha revelado el contenido de la reglamentación y el sábado pasado la vocera, la comisionada mayor Vilma Reyes, mandó a los periodistas a leer La Gaceta en un día feriado, para evitar ofrecer explicaciones sobre los cambios promulgados por el Presidente de la República, Daniel Ortega.
La existencia del documento presidencial fue revelada por Reyes, quien dijo que había sido publicado en los últimos días de diciembre, pero el campanazo de que algo pasaba a nivel interno se dio desde que las mismas autoridades publicaron la disposición número 007-2009, en la que Granera hizo la solicitud al mandatario.
En ese documento, la directora de la Policía argumenta la necesidad de regular el retiro de los mandos y plantea que valiosos oficiales dentro de la institución están próximos a cumplir sus 30 años de servicio y podrían ser enviados a retiro.
El argumento no es creíble del todo para los expertos que se preguntan por qué, si el motivo es retener oficiales preparados, la Policía no ha buscado cómo reintegrar a oficiales que han sacado de la institución.
Esos oficiales purgados cuentan con preparación técnica, tal es el caso del comisionado mayor Denis Tinoco, Clarence Silva y el mismo ex subdirector Francisco Bautista Lara.
GOLPE A PIRÁMIDE POLICIAL
Un ex jefe policial sostuvo que la nueva reglamentación podría atascar los futuros ascensos dentro de la pirámide de cargos oficial, causando desmotivación entre los miembros de más edad a quienes ya les tocaría ascenso por méritos y tiempo en el cargo.
El ex jefe policial en retiro mencionó entre ellos al comisionado mayor Douglas Zeledón, a quien le reprocha sus actuaciones partidarias al mando de la Policía de León, pero le reconoce igual que cumple con los requisitos para ser subdirector (fundador, preparación y años en el cargo), e igual a otros comisionados mayores.
Ante el silencio de la Policía, los expertos sienten suspicacias por el contenido del decreto presidencial y temen que se parezca a la nueva reglamentación militar, promulgada el pasado 15 de diciembre por el jefe del Ejército saliente, general Omar Halleslevens.
La normativa militar, alentada por el presidente Ortega desde antes, deja abierta la posibilidad para que exista una especie de generales vitalicios en la cúpula militar, a criterio de la autoridad máxima en el cuerpo castrense.
“Si eso se repite en la Policía, sería dañino, pero hay que esperar lo que dice el documento. ¿Por qué la Policía no lo revela? ¿Qué pasa allí? La publicación la hicieron a fin de año y en lugar de aclarar las cosas sólo leen un comunicado”, consideró la fuente.
OBJETIVO POLÍTICO: “ENTRONIZAR A JEFES ORTEGUISTAS”
La nueva amenaza no le ha sentado bien a la Coordinadora Civil. Después de un año de persecución gubernamental a sus miembros, la Coordinadora rechazó cualquier reforma a la Policía Nacional.
“Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna reforma para que funcionarios se queden otra cantidad de años en sus puestos. No es recomendable porque ya empiezan a entronizarse en esos cargos. El año pasado la Policía estuvo alineada partidariamente. ¿Por qué hasta hoy dicen que es necesario que esta gente no se vaya? Estamos en la lógica de un Gobierno que busca entronizar a los leales a su partido y no a la Constitución”, comentó por teléfono Luisa Molina, vocera de la Coordinadora.
CRITICAN MANEJO SECRETO
Molina lamentó que la jefatura policial no haya explicado al público el contenido de la reforma como debió haberlo hecho al tratarse de una institución estatal y no una empresa privada.
“Ese manejo es totalmente cuestionable”, reprochó ella.
En cambio, Montealegre dijo que habría que preguntarle sus razones a la actual jefa policial y evitó pronunciarse sobre el estilo con que las autoridades han manejado el tema.
SOCIEDAD CIVIL BAJO FUEGO
Molina recordó el año tormentoso que fue el 2009. Varios de los miembros de su organización fueron agredidos por los grupos de choque del Gobierno y la Policía no hizo nada.
El caso más conocido fue el de la profesora Leonor Martínez, habitante del barrio Jonathan González, en Managua.
Antes de llegar a su casa, el pasado 22 de octubre ella fue agredida violentamente por activistas del partido de Gobierno. Le quebraron un brazo y la amenazaron con cuchillo y pistola. La Coordinadora teme que se profundice la politización policial con la reforma.
El experto en temas de seguridad, Roberto Orozco, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, espera leer pronto el contenido de la misma, pero recordó que el 60 por ciento de los casi 300 oficiales, que componen el escalafón de mandos de la Policía Nacional podrían pasar a retiro si se cumple la Ley 228.
“Eso sería un golpe contundente contra la institución”, advirtió el especialista quien mostró sus dudas con el contenido manejado como secreto de Estado.
La Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, mantuvo también su celular apagado el fin de semana y con el buzón lleno cuando LA PRENSA intentó que diera su opinión sobre la reforma policial, igual que la jefa nacional de la Policía, primera comisionada Aminta Granera Sacasa. A diferencia de otros casos que busca a los medios de comunicación, Granera ahora no da la cara.
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