Aunque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) alegan que el presupuesto del Poder Judicial está “en escombros”, a la hora de nombrar asesores se les olvida la austeridad.
En este mes de diciembre pasado nombraron a cinco asesores más, entre ellos al ex juez de Distrito Civil de Tipitapa, Roberto Martín Gómez Rosales, sobrino del magistrado sandinista Francisco Rosales Argüello.
Los otros cuatro asesores nombrados son Juan Arana Vogel, ex magistrado de Apelaciones en la Circunscripción del Atlántico Sur; Lilliam Suárez y Marcial Genaro Cerda Mejía. También a Gloria Teresa Cortés Téllez, ex magistrada de la recién cerrada Sala Nacional de la Propiedad.
En el caso del ex juez Gómez Rosales, éste fue destituido en septiembre del 2009, por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por tramitar más de dos mil demandas de bancos y microfinancieras en contra de deudores que no son de la jurisdicción de Tipitapa.
Fuentes del Poder Judicial indicaron que hubo una moción de que Gómez Rosales fuera trasladado como juez a Ciudad Sandino, pero al final hubo oposición entre los mismos magistrados de la Corte y tuvieron que nombrarlo asesor de la CSJ.
El caso de Lilliam Suárez es llamativo porque es nombrada asesora de magistrado, en sustitución de Julia Selva, quien ahora es magistrada de Apelaciones en Masaya, y antes era asesora de su padre, el fallecido magistrado Guillermo Selva. Pero nadie ha ocupado la vacante dejada por Selva y se desconoce con quién laborará.
En los casos de los ex magistrados Juan Arana Vogel y Gloria Teresa Cortés Téllez, éstos son nombrados como asesores de la Corte Suprema de Justicia, y se conoce que a Cortés Téllez no la pudieron ubicar en otro tribunal de apelaciones, por lo que debieron nombrarla asesora. Marcial Genaro Cerda Mejía no tiene mucha trayectoria en el Poder Judicial, y sólo se conoce que trabajaba como director técnico en la Dirección General de Aduanas (DGA).
Cada asesor de la Corte Suprema de Justicia devenga un salario de entre 30 mil y 40 mil córdobas, y se supone que este año pasado se les realizó un aumento de salario, aunque los magistrados lo negaron.
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