Nada sumaríamos a lo ya conocido si incluyéramos en esta columna detalles del accidente sufrido por Tiger Woods y sus derivaciones a nivel personal y familiar. No son de nuestra incumbencia los asuntos relativos a la relaciones conyugales o a la actividad sexual de Woods, como tampoco nos preocupa ni tenemos derecho a meternos y a hurgar, por ejemplo, sobre sus creencias religiosas; desconocemos si es ateo, agnóstico, o si cree en un dios y en función de ello pertenece a alguna de las tantas religiones que existen y compiten, entre las cuales, dicho sea al paso, las hay que aceptan la poligamia y llegado el caso o en su momento la entienden o la entendieron muy necesaria.
Todo lo que sabemos y sabíamos hasta ahora sobre Woods estaba relacionado con su destreza para jugar al golf, lo que lo ha transformado en el número uno del mundo, quizás en el mayor golfista de la historia y en el deportista mejor pagado. Es un gran golfista desde niño y lo ha sido de joven, siendo soltero, estando de novio y después de casarse. Es así ¿y qué? ¿Qué tiene que ver su estado civil? Él es notorio por sus condiciones como golfista y si hoy otros aspectos vinculados a su persona afectan su actividad deportiva, no nos parece que lo sea de forma directa, sino por el “escándalo” que se ha generado en torno a unos hechos que nada tienen que ver con “su juego”, ni con los campos de golf.
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Y ésa es la cuestión: la vida privada de Tiger Woods, sus relaciones más íntimas, con su familia, con sus hijos, con quien sea, y todo aquello que nada tiene que ver con el golf, ¿son de “interés público”? Es decir, ¿deben ser de dominio público? ¿Tiene derecho el resto de los mortales a saber todo lo que pasa con respecto a Woods?
Lo que ocurre hoy con Woods implica un hecho muy interesante, en torno al debate sobre privacidad e información, sobre las personas públicas, sometidas al juicio y control de los ciudadanos y sobre los ciudadanos comunes, cuyo ámbito privado, que es su principal espacio de libertad, debe ser respetado.
Se trata de un debate donde hasta se discute y se sigue discutiendo lo que es indiscutible: esto es, que los funcionarios públicos están obligados a dar cuenta diaria de sus actividades. Los funcionarios, cuya privacidad está muy acotada, incluso en aquellos espacios, como la vida familiar, que son sagrados para los ciudadanos comunes; sin embargo, tratan de camuflar su actuación a través de leyes escudo y de desacato y negando en los hechos la transparencia de la que tanto hablan cuando van a pedir el apoyo electoral, o cuando son de la oposición. Para saber lo que hacen hay que forzarlos a aprobar leyes de acceso a la información pública. Son funcionarios porque se postulan para serlo, solicitan el apoyo de los ciudadanos, que luego, además, les pagan el sueldo.
Están también las personas notoriamente públicas por su propia voluntad, que tienen, por ejemplo, vinculaciones con la actividad pública o que recurren a la exposición pública como forma de conseguir objetivos personales. ¿Tiger Woods encajaría en esta categoría? Parecería que no.
Para empezar no es funcionario público, no tiene apoyo ni negocios con el Estado, los ciudadanos no le pagan su sueldo ni nadie está obligado a contribuir con nada para solventar sus gastos. Él es lo que es porque juega bien al golf, y de ahí viene su notoriedad y no porque él la busque, ni antes ni después —no es un caso como el de Maradona, por ejemplo— , y si la gente paga por verlo o lo sigue, o lo ha erigido su líder, lo hace libremente, sin imposiciones, por su propia voluntad.
Si los ciudadanos por ser excelentes en una actividad particular deben abrir hasta las puertas de los baños de sus casas, seguramente nos vamos a privar de mucha gente grande.
Es un tema para la academia, y para profundizar en algo que siempre es bueno tener presente como lo es el ejercicio pleno de la libertad de prensa y el derecho a la información.
Lo que ocurre hoy con el mejor golfista, Tiger Woods, implica un hecho muy interesante, en torno al debate sobre privacidad e información, sobre las personas públicas, sometidas al juicio y control de los ciudadanos y sobre los ciudadanos comunes, cuyo ámbito privado, que es su principal espacio de libertad, debe ser respetado.
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