El caso de Honduras —único caso en este continente dislocado por las ambiciones políticas, el reeleccionismo y los gobiernos que violan la Constitución— ofrece una envidiable oportunidad a los teóricos, juristas, politólogos y pensadores políticos para analizar la situación y derivar principios aplicables a la defensa de la democracia y al respeto de la voluntad de los votantes.
Los tres elementos básicos del caso hondureño, tal como existen en todo el continente: un presidente legítimamente electo, una constitución bien sustentada en la institucionalidad y que prohíbe la reelección, y más aún, castiga con la destitución al gobernante de reformarla con fines continuistas, y un pueblo ha aprendido mucho en los dolorosos avatares políticos en que ha vivido para alcanzar, el fin, estabilidad política y democracia.
Todo gobierno democrático comienza con una elección libre. El pueblo elige, es decir nombra a un administrador para que trabaje por el bien común de toda la nación. Desde ese momento se establece una relación entre el mandante y el mandatario: el mandante es el pueblo que elige, el mandatario es el presidente elegido.
Esa relación en las democracias se conoce como “mandato popular” y este mandato popular es “una de las piedras bases del Estado de Derecho”, según el Diccionario Electoral. Expertos en la materia sostienen que ese principio es uno de los cuatro fundamentales que consagran el constitucionalismo.
Esta definición determina con claridad que un presidente electo no puede hacer lo que le dé la gana. La constitución le señala sus deberes y el ámbito de su autoridad, y el gobernante debe rendir cuenta a sus electores de sus actos políticos.
La constitución, llamada también “Carta Magna”, es la ley que está por encima de todas las leyes y de todos los cargos de administración y poder. La constitución, como dice Ferdinand Lassalle, es la suma de los factores reales de poder que rigen en un país. Lo contrario es pseudoconstitucionalismo, es engaño, es mentira. Si un presidente trata de cambiar o cambia la constitución para reelegirse, desquicia todo el equilibrio institucional.
¡Cómo se han desatado las jaurías del reeleccionismo de izquierda y se han lanzado contra el pueblo hondureño por defender la democracia que tanto le ha costado conquistar!
Dicen las constituciones “democráticas” de este continente —al menos la de Nicaragua así lo dice—: “La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos, decidiendo y participando ” La constitución de Honduras dice eso mismo o algo muy similar, pero además afirma terminantemente que si el gobernante quiere cambiar la constitución, será destituido y encausado por delitos constitucionales.
Esto es lo que sucedió en Honduras: el presidente electo se creyó dueño del país —como se creen algunos presidentes electos en otros países del continente— con apoyo extraterritorial, se lanzó a la aventura de cambiar la constitución para permanecer indefinidamente en el poder —el mismo suelo de los reeleccionistas—. El Gobierno, con el amparo de la Constitución lo expulsó del poder.
Durante todo este preocupante proceso en que se juegan valores reales y teorías acomodadas para justificar el reeleccionismo, el gobierno de facto, con el apoyo popular se ha mantenido todo el tiempo dentro de la constitución; y al final, a pesar de los pronósticos de los que gustan del continuismo, el pueblo hondureño, una vez más, con una votación masiva ha salvado la democracia.
También hay que hacer una exhaustiva revisión de la actuación de la OEA —actualmente dirigida por un ex asesor del gobierno comunista de Allende— y que parece no ser la misma OEA por los intereses que ahora defiende con ardoroso empeño, para establecer si su Carta Constitutiva merece una rectificación.
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