Confianza
“La democracia necesita una virtud: la confianza. Sin su construcción, no puede haber una auténtica democracia”.
Diputados mercenarios
Cuando en las elecciones del año 2006, fuera de todo pronóstico resultara electo Daniel Ortega Saavedra, todas las personas que votaron en su contra y los que se abstuvieron de votar pensamos que todo fue culpa del voto dividido de la oposición y del pacto PLC-FSLN, que habían reformado la Constitución para que el partido mayoritario fuese elegido con el 35 por ciento del total de los votos.
Muchos de los nicaragüenses que votaron por Daniel, creyeron y confiaron en el mensaje de reconciliación, paz y unidad que el nuevo Gobierno prometía en su nueva oportunidad de gobernar en tiempos de paz y sin el bloqueo económico de los países democráticos. Había mucha desesperanza y confiaron en que él merecía esa oportunidad para demostrar su convicción revolucionaria y defensor del ideario sandinista.
Pero, al transcurrir los primeros meses y cuando comenzaron a darse los primeros despidos por razones partidarias y cuando volvimos a escuchar nuevamente sus discursos antiimperialistas y guerreristas, todos los nicaragüenses pudimos comprobar que Ortega y sus secuaces no habían cambiado y que nuevamente querían imponer el sistema dictatorial de los años ochenta con el único objetivo de continuar en el poder, para garantizar la seguridad de los bienes apropiados ilícitamente en la “piñata”.
Pero repuestos de la sorpresa, todos abrigamos la esperanza de que aunque el FSLN estaba gobernando nuevamente, sólo tenía el 38 por ciento de los votos en la Asamblea, por lo que era un partido minoritario que no tenía los votos necesarios para imponer su política sectarita y antidemocrática. Aunque ellos tenían el control del Poder Ejecutivo, no tenían el poder para dominar los restantes Poderes del Estado. La oposición al FSLN tenía el 62 por ciento de los votos en la Asamblea y por tanto el poder suficiente para legislar y controlar los abusos que cometía el presidente Ortega. Eso constitucionalmente es así y el FSLN liderado por Ortega no podría imponernos su política represiva y guerrerista.
Mas no contábamos con que, entre los diputados de la “oposición” hubiesen militantes del FSLN infiltrados o diputados mercenarios que venden sus votos por prebendas; así ha estado el FSLN, durante tres años, sumando los votos necesarios para lograr la mayoría parlamentaria, tanto para controlar la Asamblea Nacional (AN) como para aprobar leyes y decretos que le permitan desgobernar el país al punto de fraguar el fraude electoral de la elecciones municipales.
Los responsables directos de que el FSLN tenga un gobierno dominante y logre instaurar su ansiada dictadura son los diputados que han vendido sus votos al FSLN. Mientras no exista un bloque opositor del 62 por ciento de los diputados en la AN, no habrá forma de sacudirnos del yugo opresor.
Las protestas deben estar dirigidas contra esos diputados que han traicionado la confianza depositada por sus votantes para que cambien su actitud antipatria. Costo de las marcha.
A simple vista se percibe que el costo económico de las marchas que tanto el Gobierno como la oposición llevaron a efecto el 21 de noviembre fue millonario. No sabemos a ciencia cierta quién financió semejante gasto, y posiblemente nunca lo sabremos.
Seguramente los organizadores de ambas actividades tienen sus justificaciones y “razones”; no obstante, no se justifica tal gasto cuando el país tiene una economía débil y con serios problemas sociales.
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La oposición me dirá que cualquier precio vale la pena con tal de defender la “democracia”, y el gobierno seguramente argumentará que no importa el gasto si de defender “las conquistas de la revolución” se trata. Uno y otro me puede decir que marcharon para defender “los derechos del pueblo”. Así arguyen y piensan los políticos de nuestro país.
Pero yo estoy pensando en otra gente. Pienso en Jerónimo, un niño de 10 años quien vive en la comunidad El Berenjenal, descalzo, sin acceso a la educación porque sus padres son tan pobres que no pueden comprarle los útiles escolares para asistir a clase. Su casa, si se le pueda llamar así, está cubierta de plástico, y su techo es de cartón. De modo que cuando cae la lluvia se mojan, y cuando el inclemente sol golpea con fuerza, su situación es sofocante.
La comunidad de este niño no tiene agua potable, le faltan letrinas, no tiene un puesto de salud, la infraestructura de la escuela no es de calidad, se perdió la cosecha por causa de la sequía, esto último avizora mayores dificultades porque escasearán los alimentos y se pondrán más caros.
En Nicaragua hay miles de jerónimos, conciudadanos nuestros; hay muchísimas comunidades como El Berenjenal, cuyos problemas no se van a resolver por mil marchas que se realicen en este país. Es que las marchas, de uno y otro lado, son políticas y no sociales.
No hay duda que entre los marchistas, de uno y otro lado, iban los desposeídos, los de pies descalzos, los que batallan cada día para sobrevivir, aquéllos que viven “su mundo sin mañana”. ¿Quién les ayuda? ¿Cuántas necesidades sociales y económicas de la gente pobre se pudieron resolver con los recursos que se gastaron en ambas marchas? “Bienaventurado el que piensa en el pobre; en el día malo lo librará Jehová”. Salmos 41:1
Libertad de expresión
AIPE— A los políticos de todo el mundo
les resulta incómoda la libertad de expresión, puesto que les somete a un permanente escrutinio y una constante crítica, pero los gobiernos tienen maneras muy distintas de hacer frente a dicha incomodidad. Una manera de medir el grado de democracia y hasta qué punto una sociedad puede considerarse libre es el grado de coexistencia entre la libre expresión y los poderes públicos.
En un sistema realmente democrático y propio de una sociedad libre, los gobernantes aceptan las denuncias y críticas. Aunque les pueda resultar incómodo, permiten el normal desarrollo de la libertad de expresión, no como un mal menor sino como un bien necesario. No intentan constreñir la acción de los medios de comunicación en tiempos cuando internet ofrece infinitas posibilidades para la libre expresión de los ciudadanos.
Cuando la relación entre libertad de expresión y poder político se desarrolla de manera diferente, no se puede hablar de democracia ni mucho menos de una sociedad abierta y libre. Los argumentos para tratar de imponer reglas basadas en la coacción y recorte de la libertad son múltiples, pero siempre esconden el objetivo final de acallar voces críticas. Es lo que se ve en diferentes lugares del mundo, como un Irak, donde se condena a un medio de comunicación extranjero por denunciar el autoritarismo del primer ministro y China, donde cincuenta ciberdisidentes están encarcelados desde hace años.
El caso más terrible de represión de la libertad de expresión en Iberoamérica son los 16 periodistas asesinados en la región en medio año y los 27 profesionales de la información presos en cárceles cubanas, así como la paliza de la policía castrista a Yoani Sánchez y a otros dos blogueros independientes. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que gobernantes populistas de la región están imponiendo trabas a la difusión de mensajes críticos, inspirados por los controles de Hugo Chávez contra la libertad de expresión.
Así, el gobierno venezolano, el argentino y el ecuatoriano, entre otros, apelan a diferentes motivos para impedir el normal funcionamiento de los medios. El kirchnerismo reimpuso medidas de Perón y argumenta que la libertad de expresión no puede estar por encima de los derechos laborales del sindicato de “canillitas”, cuyos miembros son los únicos que pueden vender diarios y revistas. También legisla sobre la propiedad de los medios en nombre de una lucha contra fantasmagóricos monopolios. En otros casos, el argumento es que los periodistas sólo deben decir “la verdad” o, incluso, ser fieles a los principios revolucionarios.
La libertad de expresión no es algo que atañe sólo a los periodistas y a los medios de comunicación. Es un elemento fundamental de toda sociedad libre y abierta. Cuando desaparece, el daño lo sufren todos los ciudadanos. Las restricciones a la libertad de expresión muestran el avance del autoritarismo en extensas regiones de América Latina.
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