El Gobierno de Daniel Ortega celebró el sábado “La Marcha de las Victorias”. Uno se pregunta, ¿qué victoria celebra? Desde 1990 nunca han ganado una elección nacional. Perdió contra doña Violeta, perdió contra Alemán y contra Bolaños.
En 2006 obtuvo apenas 38 por ciento de los votos, quizás menos, y logró ser presidente por la división del liberalismo que sumó en conjunto el 55 por ciento del total. Y en las municipales de hace un año perdió Managua, León, Masaya, Juigalpa, Jinotega y más de la mitad de los municipios del país, aunque a través del fraude se apropió de muchos de ellos.
La convocatoria de los Ortega-Murillo terminó frente a una enorme tarima donde llamaban la atención las camisetas que decían “Yo amo al FSLN”.
La marcha de la mañana de ese mismo día, sin embargo, tiene que haberlo preocupado. Predominó la bandera de Nicaragua. Y si algo era común en los marchistas fue un sentimiento de “Yo amo a Nicaragua”. Nicaragua es más grande que el FSLN.
Su vocero y operador político, Gustavo Porras, amenazó con ahogarla desde antes que saliera, anunció que se tomaría la rotonda Jean Paul Genie, previamente concedida por la Policía Nacional a la sociedad civil. Quiso imponer el miedo, la amenaza de la violencia y la fuerza bruta. Fracasó.
En defensa del derecho a la libre movilidad de la sociedad civil saltó la propia Policía, y también los obispos, los medios de comunicación, el Cosep y Amcham, los partidos políticos y el propio pueblo.
Ortega tuvo que retroceder y ordenó a Porras callar, cambiar su ruta y posponer la hora. Se impuso el valor ciudadano sobre el temor infundido desde el Gobierno, y la oposición marchó cuatro kilómetros llenos de miles de hombres y mujeres de todas partes del país.
Un salto de calidad en la unidad de la oposición, gentes de todas las tendencias, la sociedad civil desde la derecha a la izquierda y centro, los partidos políticos, líderes de la Contra y ministros que sirvieron en el gobierno sandinista de los 80, todos a excepción de Ortega y su gente, sin nadie que hegemonizara.
La Marcha Ciudadana por la Democracia marcó un verdadero parte aguas en la historia del país. Fue un hermoso acto de confirmación de una Nicaragua vigorosa y lista para enfrentar al danielismo en las próximas elecciones, presagiando una victoria.
Marchamos unidos bajo banderas de diversas índoles, con predominio evidente de la Azul y Blanca, todos conscientes que estábamos construyendo una “Gran Unidad Nacional”.
Lo importante no fue el número de gente en la marcha, ciertamente mucho mayor de lo esperado, sino la calidad de los liderazgos y la diversidad de los mismos, unidos en una suerte de nueva UNO, la unidad nacional que derrotó por primera vez a Daniel Ortega contra toda esperanza.
Con la marcha también quedó sellado, ante todos los que allí marchamos, y los miles que la siguieron desde sus radios y televisores, el acuerdo alcanzado dos días antes por las Bancadas de los partidos PLC, PLI/MVE, ALN, MRS y algunos independientes, en presencia de Cosep, Amcham y líderes de la sociedad civil organizada, mediante el cual se acordó “no reelegir a ninguno de los actuales magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral”.
Tras semejante demostración de ciudadanía y compromiso democrático será muy difícil que diputados de estas bancadas puedan salirse de este compromiso sin correr el riesgo de ver llegar un día a sus casas un mar de gentes iguales al de la marcha a reclamarles una traición.
Por esa razón, bien podemos decir que la marcha ciudadana enterró las pretensiones que aún tenían algunos de los actuales magistrados de continuar en sus puestos después de que se les venzan sus períodos entre febrero y junio de este año que pronto comienza.
Hasta allí llegó Roberto Rivas, así como Marenco, Herrera, Lang, Castillo y los demás cómplices con Ortega del mayor fraude del último medio siglo en nuestra historia electoral.
La Marcha Ciudadana por la Democracia despeja el camino para que podamos contar con un nuevo Consejo Supremo Electoral conformado por magistrados escogidos de una lista única de unos treinta candidatos idóneos, preseleccionados por las “asociaciones civiles pertinentes”, tal como establece el Artículo 138 de nuestra Constitución.
La jornada cívica que con tanto éxito tuvimos el 21 permitió además que la Policía Nacional reafirmara su autoridad y el respeto que los gobiernos democráticos le otorgaron desde su institucionalización en 1992, durante el gobierno democrático de doña Violeta Chamorro, sitio del cual el presidente Ortega la ha querido bajar.
Cerró así una semana de enorme trascendencia para rescatar la democracia sin fraude ni reelección. Los próximos meses serán decisivos. Las energías de todos los que fuimos a la marcha deben volcarse en el nuevo Consejo Supremo Electoral que los nicaragüenses merecemos.
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