MADRID/EFE
- El Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, aseguró ayer que evalúa “la mejor fecha” para pedir perdón por las víctimas de la guerra civil (1980-1992), y dijo que “pudiera ser” el próximo 16 de enero, cuando se cumplen 18 años de la firma de los Acuerdos de Paz.
Indicó que en esa fecha “se marcó un punto de inflexión” en el país, pues “se rompió con el pasado y se buscó la reconstrucción del tejido social dañado durante la guerra”.
“Puede ser un buen momento el 16 de enero, justamente para celebrar este nuevo aniversario de la firma de la paz, bajo el espíritu de la reconciliación nacional, y ahí puedo solicitar en nombre del Estado salvadoreño perdón por todos los abusos, por todas las violaciones cometidas en el pasado”, añadió.
El 16 de enero de 1992, el entonces presidente, Alfredo Cristiani, y la ahora gobernante ex guerrilla del FMLN, firmaron en México los acuerdos que pusieron fin a la guerra, que causó 75,000 muertos, 8,000 desaparecidos, 12,000 lisiados y miles de desplazados.
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Los nuevos documentos sobre el asesinato de seis jesuitas en El Salvador en 1989, presentados este martes por la acusación ante el juez Eloy Velasco, demuestran que el crimen del español Ignacio Ellacuría fue “premeditado”, gestado y coordinado durante tres días por altos cargos militares salvadoreños.
Estos documentos, que suman 12,000 folios, fueron desclasificados por la CIA (Agencia Central de Inteligencia estadounidense) en 2001 y algunos de ellos fueron aportados por la testigo Terry Karl, profesora de la Universidad de Stanford y especialista en asuntos latinoamericanos, quien insistió ayer en la necesidad de profundizar en la investigación para “romper la impunidad que todavía existe en El Salvador”.
Velasco, juez de la Audiencia Nacional, admitió a comienzos de año la querella de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), contra 14 militares salvadoreños, a quienes imputa los delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes, y a los que tiene previsto interrogar en febrero.
Según fuentes, 12 de los 14 militares ya han sido localizados y residen en El Salvador, mientras que se desconoce el paradero de los otros dos.
Las fuentes señalaron que si los imputados tuvieran problemas para viajar a España, el juez los interrogaría por medio de una videoconferencia.
ALFREDO CRISTIANI NO SERÁ INVESTIGADO
El juez acordó no investigar al ex presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, contra quien también se dirigía la querella, basada en el principio de Justicia Universal, que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez español Baltasar Garzón.
Según fuentes de la acusación, el material cedido ayer a Velasco demuestra que el crimen de Ellacuría fue “premeditado”, gestado y coordinado por altos cargos militares de El Salvador tres días antes del asesinato, ocurrido el 16 de noviembre de 1989.
En autos no figura, no obstante, el manuscrito que supuestamente contiene la orden dada por el general René Emilio Ponce de asesinar a Ellacuría, publicado hace unos días por un diario español.
Junto a Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), fueron asesinados los también españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, y el salvadoreño Joaquín López y López.
Además de los jesuitas, murieron la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
¿CRISTIANI SABÍA?
Uno de los documentos aportados ayer hace referencia, según las mismas fuentes, a una reunión que tuvo lugar una noche antes de la masacre, entre el presidente salvadoreño, Alfredo Cristiani, y el entonces ministro de Defensa, el general Rafael Humnero Larios, en dependencias del Estado Mayor, a “sólo 500 metros” del rectorado de la UCA, donde se cometió el crimen.
Por estos crímenes fueron llevados a juicio en El Salvador, en septiembre de 1991, catorce militares, pero sólo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, quienes en marzo de 1992 quedaron en libertad tras la aprobación de una Ley de Amnistía.
Mañana jueves declararán el fiscal y el juez instructor del caso en El Salvador, y el lunes 30 de noviembre, la analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, Kate Doyle.
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, reafirmó esta semana su posición a favor de que se derogue la Ley de Amnistía, aprobada en 1993, y que, a juicio de organismos de derechos humanos, dejó en la impunidad los crímenes cometidos en la guerra civil.
En el extremo opuesto, el que fuera jefe de Estado salvadoreño entre 1989 y 1994, Alfredo Cristiani, en cuyo mandato fueron asesinados los seis jesuitas, pidió la semana pasada no “reabrir heridas” y reiteró su rechazo a la posible derogación de la ley.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
