El gobierno que preside Daniel Ortega podría haber cedido a las presiones de los diferentes sectores del país que se oponen a la aprobación de la Ley de Concertación Tributaria, cuyo proyecto se encuentra trabado en la Asamblea Nacional, y esta semana podría hacer cambios profundos a la propuesta tributaria que impulsa.
Dicha ley quedaría reducida a una reforma a la actual Ley de Equidad Fiscal, según informaron ayer fuentes del sector privado y fue confirmado por el vicepresidente Jaime Morales Carazo, en entrevista concedida al Canal 12 de Televisión.
Según la fuente, la semana pasada empresarios privados sostuvieron una reunión con el gabinete económico en la que participaron por el sector privado Carlos Pellas, del grupo Pellas; Ramiro Ortiz Gurdián, de Banpro; Luis Rivas Anduray, también del Banpro; Alfredo Marín, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua; Jaime Rosales, de Cervecería Victoria y José Adán Aguerri, por el Consejo Superior de la Empresa Privada.
Por el Gobierno estaban presentes el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, el vicepresidente Jaime Morales Carazo; Antenor Rosales, presidente del Banco Central (BCN); Ovidio Reyes, director de Asuntos Económicos y Fiscales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Alberto Guevara, Ministro de Hacienda y Crédito Público; René Núñez y Edwin Castro, de la bancada del Frente Sandinista de la Asamblea Nacional, además Bayardo Arce, quien abandonó la reunión.
Dicha reunión inicialmente había sido solicitada por el Cosep al vicepresidente Jaime Morales Carazo.
Un funcionario —quien prefirió el anonimato y que es cercano al equipo económico del Gobierno— confirmó los roces entre los miembros del equipo económico, ya que el promotor de la propuesta inicial es Bayardo Arce, pero ante el rechazo generalizado a la misma, el mismo mandatario tuvo que flexibilizarla.
Incluso el vicepresidente Morales Carazo aseguró en el mencionado Canal 12 que inicialmente se había contemplado una recaudación del 0.7 por ciento, pero que inexplicablemente después apareció más del doble, “ en el camino por malentendido u otra serie de razones, llamémosle de tecnócratas, se pretendió elevar esa participación hasta el 3 por ciento, lo cual es una cosa desorbitada que afectaría sensiblemente nuestra economía”, dijo.
Según la fuente, durante esta reunión, se acordó que el Gobierno en primer lugar no retirará la propuesta de ley que se encuentra en la Asamblea Nacional, sino que introducirá una reforma a la actual Ley de Equidad Fiscal, incorporando algunos elementos contenidos en el proyecto de ley, dejando la nueva ley para ser aprobada el próximo año “con más calma”.
De esta forma lo que se hará este año es una reforma tributaria, con un rendimiento de 60 millones de dólares, afirmó la fuente, y no de los 90 millones propuestos en el proyecto de ley, “de todas formas el sector privado sale perdiendo siempre, ya que el Gobierno recaudará más de lo que necesita para cubrir el hueco presupuestario”, añadió.
“No se descarta nada, estamos buscando el consenso. Esto casi seguro que se va a lograr con el objetivo que se quiere”, expresó el diputado sandinista Edwin Castro, al ser consultado sobre el posible retiro del anteproyecto de ley.
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