Una pregunta cumplió un año de estar esperando respuesta en Nicaragua: “¿Dónde está mi voto?” Esto es lo que miles de nicaragüenses han gritado en las calles, a pesar de la violencia de las turbas contratadas por el partido de Gobierno, dirigido por el Presidente de la República, Daniel Ortega.
El Diario LA PRENSA presenta hoy un reportaje especial en las páginas 6B y 7B, analizando las condiciones, irregularidades y consecuencias políticas, jurídicas y socioeconómicas que tuvo el latrocinio.
Un año atrás el país participaba de unas elecciones municipales que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no se permitiría perder, por considerarlas un referendo al mandato de Ortega.
El partido de Ortega perdió en más de 90 municipios, de los 146 que participaron en esos comicios, pero que el Consejo Supremo Electoral (CSE), dirigido por Roberto Rivas Reyes, se encargó de invertir a favor de su “socio político”.
Pero sin observadores electorales, con un 15 por ciento de los fiscales de oposición expulsados de las Juntas Receptoras de Votos y grupos armados patrullando los alrededores de algunos Centros de Votación, Nicaragua tampoco esperaba el desenlace que cerca de la medianoche del 9 de noviembre pasado, comenzó a pintar el CSE, según el cual el FSLN no perdió en 90 municipios, sino que ganó en 105. Por tanto, la Alianza del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Movimiento Vamos con Eduardo (MVE) no ganó unas 87 alcaldías, sino sólo 37 (las otras cuatro fueron adjudicadas a la Alianza Liberal Nicaragüense).
Las consecuencias no se hicieron esperar, se dio el congelamiento y posterior suspensión de 64 millones de dólares aún no desembolsados para León y Chinandega por el programa de cooperación estadounidense Cuenta Reto del Milenio (CRM). Así como los 75 millones que mantiene suspendidos el Grupo de Apoyo Presupuestario (GAP) integrado por países europeos.
También las consecuencias están presentes en la desconfianza que siete de cada diez nicaragüenses tiene en el CSE para organizar otras elecciones y en la batalla que la oposición tiene pendiente contra las intenciones de Ortega de perpetuarse en el poder, junto con 109 alcaldes.
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