El presidente del Banco Central, Antenor Rosales, “reconoció que es factible reducir a la mitad —es decir a unos 860 millones de córdobas— las metas de recaudación de impuestos con la Ley de Concertación Tributaria que impulsa el Gobierno, ya que dicho monto es “el compromiso fundamental asumido en el programa económico firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, según informó ayer LA PRENSA.
Eso significa que, gracias al FMI, la empresa privada independiente, los partidos democráticos y la población nicaragüense en general, están ganando prácticamente la mitad de la batalla contra la reforma recaudatoria que ha planteado el gobierno de Daniel Ortega para resolver su desequilibrio presupuestario, al costo de esquilmar a los ciudadanos y, aunque parezca increíble, arruinar la economía nacional.
Según anunció el presidente del Banco Central: “La reforma tributaria debe estar en correspondencia, en materia de recaudaciones, a los montos y metas a las que nosotros nos comprometimos en la carta de intenciones del programa económico (con el Fondo Monetario Internacional, FMI). Efectivamente el proyecto de Ley de Concertación Tributaria debe, en la Asamblea Nacional, aproximarse al 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto, que es el compromiso fundamental que tenemos con el FMI”.
Ese 0.7 por ciento del que habla Rosales , equivaldría al aumento en la recaudación de unos 860 millones de córdobas, un poco menos que la mitad de los 1,800 millones de córdobas que ha pretendido el gobierno de Daniel Ortega, con el proyecto de reforma tributaria presentado a la Asamblea Nacional el 15 de octubre recién pasado. Y “es lo que —según Antenor Rosales— deberíamos concertar los nicaragüenses” y por lo tanto podría “facilitar las conversaciones” para la aprobación en la Asamblea Nacional, del denominado proyecto de Ley de Concertación Tributaria.
Pero la verdad es que en cualquier monto que sea, el aumento de los impuestos sería perjudicial para la economía nacional, la que más bien está necesitando incentivos para atraer y aumentar la inversión, desarrollar la producción, aumentar el comercio y el consumo, y no castigos tributarios contra los que todavía están trabajando y produciendo apenas para poder sobrevivir, como consecuencia de la crisis económica internacional pero sobre todo por culpa de la ineficiencia del Gobierno y de sus malas políticas económicas.
Precisamente el mismo día que el presidente del Banco Central anunció que por “el compromiso fundamental” con el Fondo Monetario Internacional, se podría reducir a la mitad el aumento de recaudación pretendido originalmente por el Gobierno, o sea el martes de esta semana, 21 cámaras empresariales de todo el país y de las diferentes ramas de actividad económica, con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) como “testigo de honor”, emitieron una declaración en la que rechazan de plano la pretensión gubernamental de aumentar los impuestos.
La declaración fue publicada en campo pagado por los diarios del país, y en ella los empresarios advierten que las consecuencias inmediatas del incremento tributario “serían el aumento del desempleo, la reducción de la base de contribuyentes, se ahuyentaría la inversión nacional y extranjera, se perdería la competitividad de las empresas nicaragüenses.
Sumado todo esto —agregan los líderes empresariales— estaríamos desacelerando la recuperación económica y reduciendo aún más las recaudaciones fiscales y retrocediendo en la lucha por la reducción de la pobreza”. Y exigen las cámaras económicas a Daniel Ortega, que cumpla el compromiso que contrajo con el sector privado cuando aún era candidato presidencial, de “desarrollar políticas y mecanismos administrativos de equidad fiscal que permitan la ampliación de la base tributaria y la reducción de cargas impositivas al sector empresarial ”
En realidad, esto es lo que la inteligencia, el sentido común y de responsabilidad exigen hacer. Es decir, incentivar en vez de castigar a la gente que trabaja, produce y crea riqueza, así como también suprimir el derroche presupuestario, reducir los gastos estatales innecesarios, frenar la corrupción, gobernar de manera responsable y transparente.
Ahora bien, aunque la primera parte de la batalla contra la reforma tributaria confiscatoria que pretende imponer el Gobierno de Ortega, está siendo ganada gracias al FMI, falta ganar la segunda parte. Y esto depende sólo de la firmeza de los empresarios y de los parlamentarios democráticos, a quienes respaldan todos los ciudadanos responsables de Nicaragua.
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