- Desaloja a viejos inquilinos para dar lugar a empresa ligada a la familia presidencial
En otra muestra de la confusión Estado-partido-familia que caracteriza al Gobierno del presidente Daniel Ortega, Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap) canceló un contrato de arriendo a una organización sindical, que pagaba por el uso del inmueble desde hace nueve años, para “alquilar” la propiedad a Albanisa, el negocio privado del gobernante Frente Sandinista creado con fondos del Gobierno de Venezuela.
A pesar de que el desalojo, tramitado a través de un juzgado, aún no se concreta, la propiedad ya está bajo el dominio del nuevo inquilino.
La Confederación General de Trabajadores Independientes de Nicaragua Pedro Turcios Ramírez (CGT-i), afiliada al Congreso Permanente de los Trabajadores (CPT), denunció que la Cornap arbitrariamente canceló un contrato de arriendo firmado hace nueve años y que renovaban cada año, para beneficiar a la “poderosa Albanisa”.
El secretario general de la CGT-i, Nilo Salazar, considera que éste es otro método de represión del Gobierno con el fin de hacerlos desaparecer, ya que sin motivo legal el contrato se canceló. Además, aunque el presidente Daniel Ortega ha “pedido” a los jueces y a la Policía no ordenar ni ejecutar desalojos, todos los “jueces sandinistas han fallado a favor de ellos (los desalojos)”, dice Salazar.
La disputa, que aún se tramita en los juzgados, inició hace un año cuando antes del vencimiento del contrato la Cornap entregó una orden de desalojo. La CGT-i presentó ante los juzgados un reclamo de desahucio y ante al Corte Suprema de Justicia un amparo y un recurso de hecho. Y aunque las instancias han resuelto a favor de la Cornap, ellos siguen agotando las vías legales para defenderse y han puesto como condición, para desalojar la casa, una indemnización de 25 mil dólares, ya que durante años invirtieron en remodelación y construcción.
Sin embargo, la Cornap les ofrece únicamente 500 dólares, que equivalen a dos meses y medio del arriendo. Durante seis años pagaron 86 dólares, pero con el Gobierno de Ortega les subieron la mensualidad a 200 dólares.
Salazar dijo que Francisco Gutiérrez, director administrativo de la Cornap, les dijo: “Aquí tienen diez mil pesos, tomen para que se trasladen y se vayan, porque de aquí se van”.
La propiedad está ubicada en el antiguo Plantel Tracsa/Enicons y desde hace nueve meses los sindicalistas la comparten con Albanisa.
“No sabemos si ellos son los dueños o cómo es el enredo. Un día vinieron, se adueñaron de las llaves del portón y ellos son los que mandan. El jefe de transporte dice que necesita la casa para Albatransporte, pero no abandonaremos mientras no nos paguen lo que invertimos en una propiedad que recibimos en escombros”, advierte Salazar.
La situación es tan tensa que el día que realizamos la entrevista, la presencia del equipo periodístico de LA PRENSA le costó el puesto a dos vigilantes. Fueron despedidos por abrir los portones para que saliéramos, porque otros vigilantes acusaron al fotógrafo de hacer imágenes sin autorización y amenazaban con llamar a la Policía.
En la Cornap, al solicitar hablar con Gutiérrez, apareció un funcionario que dijo ser él. Puso como condición para hablar que se apagara la grabadora. Al hacerlo, dijo que no querían referirse al caso porque aún estaba ventilándose en los juzgados.
Ante la pregunta de si Albanisa es la nueva dueña de la propiedad, dijo que no, que la propiedad sigue siendo del Estado y la siguen alquilando “a otras instancias del Estado que la necesitan, como se hizo en otras oportunidades con el IDR”. Al parecer olvidó que el Gobierno ha presentado a Albanisa como una empresa privada.
