La Contraloría finalmente encontró un consenso con el caso del ex alcalde sandinista de Chinandega, Julio César Velásquez Bustamante, y lo fulminó con presunción de responsabilidad penal por supuestamente apropiarse de dos millones de córdobas por la venta de un terreno de la comuna que no reportó a las autoridades edilicias; y responsabilidad civil y administrativa por 553 mil córdobas por pagar obras que no fueron ejecutadas.
Este caso le había traído problemas al ente fiscalizador, ya que cuando los contralores colegiados estaban prestos a emitir las responsabilidades contra el ex alcalde sandinista, éste notificó a la CGR que el Tribunal de Apelaciones de Occidente le había tramitado un amparo relámpago en contra de la resolución.
Velásquez Bustamante, quien se jacta de ser amigo de la Primera Dama Rosario Murillo, fue beneficiado con un extraño privilegio legal, ya que el amparo fue tramitado en menos de 24 horas y notificado a la CGR antes de que ésta emitiera la resolución.
El amparo del ex alcalde iba dirigido contra el contralor Guillermo Argüello Poessy, en su carácter de presidente del ente fiscalizador.
RESOLUCIÓN QUEDÓ PENDIENTE
Al día siguiente, los contralores no pudieron aprobar la resolución ya que el contralor Argüello Poessy consideraba que esto era ir en contra de la resolución firme del Tribunal (algo inconstitucional) y los dos contralores sandinistas (Luis Ángel Montenegro y José Pasos Marciaq) lo secundaron.
El contralor liberal Lino Hernández Trigueros recomendó que entonces el contralor Argüello Poessy se separara de la votación (por ser él contra quien iba dirigido el amparo) y de esta forma fallar la sanción, pero al final los contralores colegiados no se pudieron poner de acuerdo.
Este incidente provocó un ácido cruce de espadas público entre los contralores colegiados Hernández Trigueros y Argüello Poessy, quienes se señalaron mutuamente de estar fallando o bloqueando resoluciones con criterios políticos.
Ayer el contralor Hernández Trigueros informó que el impasse fue superado y con una votación unánime de cuatro votos a cero (el contralor Argüello se separó debido al recurso de amparo) se resolvió establecer la responsabilidad penal contra el ex alcalde.
“BATEO” A LA MISMA CONTRALORÍA
Velásquez Bustamante vendió el terreno, pero no reportó la transacción a las arcas de la comuna.
Parte de este terreno incluso era parte de una donación que el alcalde que antecedió a Bustamante, Carlos Alemán Espinoza, donó a la Contraloría para que ésta levantara su sede en la ciudad occidental.
Éste es el segundo ex alcalde sandinista que el ente fiscalizador “pega” en sus recientes auditorías.
Hace dos semanas, la Contraloría dictó responsabilidad penal contra Eduardo José López Dávila, ex alcalde de Ticuantepe.
El contralor Hernández Trigueros también informó que dos concejales de la administración de Bustamante, Róger Juárez Ocampo y Sonia Téllez López, fueron “clavados” con responsabilidad penal porque emitieron actas alteradas para hacer creer a la Contraloría que la venta de los terrenos fue aprobada por el Consejo Municipal, lo cual es falso.
La responsabilidad civil aplicada por 553 mil 613 córdobas, además del ex alcalde, también fue establecida para otros miembros del concejo municipal, siendo éstos Róger Juárez, Justino Escalante, Alejandro Centeno y René Lacayo.
Bustamante fue un alcalde que siempre se mostró despreocupado ante las denuncias de corrupción en su contra.
Incluso cuando dejó su cargo se autoorganizó una fiesta de despedida, de la que posteriormente se supo fue pagada con fondos de la comuna chinandegana.
Los avances de las auditorías de la CGR dados a conocer por otros medios escritos reportaron que el ex alcalde Alemán Espinoza, mediante escritura pública No 201 del 22 de julio de 2004, donó a la entidad fiscalizadora un terreno de 340.14 metros cuadrados, ubicado en las cercanías del Palacio Municipal.
Posteriormente Velásquez Bustamante afirmó que a la Contraloría sólo se le había donado 200 metros cuadrados.
Las pesquisas de la CGR descubrieron que Bustamante vendió discrecionalmente el terrero a un supuesto amigo, Carlos Acosta, dueño de Infraestructura y Edificaciones S.A. (Infesa).
Éste posteriormente admitió ante el ente fiscalizador que él nunca adquirió el bien, y que lo que hizo fue hacerle el “favor” de prestarle el nombre a Velásquez Bustamante para hacer la transacción.
