- FSLN de Rivashace “lobby” a favor de invasores de finca El Alacrán
Ramón Villarreal Bello
La copia de un acta elaborada en papel membretado de la Procuraduría de Rivas y denominada “Ayuda memoria Finca Los Alacranes” en poder de LA PRENSA, confirma la participación de las altas estructuras del Frente Sandinista de Rivas en la toma de esa finca por un grupo de 300 tomatierra, quienes aducen que la Procuraduría local les prometió dichos lotes.
Desde que estas personas se tomaron la propiedad, el pasado 8 de septiembre, el secretario político departamental del FSLN, Amílcar Aguilar Sirias, ha estado en reuniones con ellos y con la Procuraduría local, donde no ha sido invitado Víctor Manuel Dávila, uno de los afectados.
El acta que tiene fecha del 11 de septiembre y cuya copia existe también en la delegación del Ministerio de Gobernación de Rivas, en la secretaría departamental del FSLN, en la Procuraduría departamental, y en la Policía local, señala claramente que el Estado no sabe dónde tiene los remanentes de tierra para cumplir con la titulación a favor de los reclamantes.
Dicho acuerdo manda a los tomatierra a alejarse de la finca Los Alacranes y replegarse a la finca Betania o Zapote Mico, las cuales son reclamadas como parte de las propiedades que posee Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa), de la familia del ex presidente Arnoldo Alemán, y quienes incluso han prometido a los habitantes de Astillero y Cañas de García lotificar la propiedad a favor de ellos.
De la firma de dicha acta se desprende que los supuestos campesinos retirados del Ejército y del extinto Ministerio del Interior, no son tan campesinos, pues los dirigentes que la firman son profesionales, como Juan Ramón García Chávez, quien según el documento, es licenciado en Ciencias Sociales; José Andrés Solís, profesor de educación primaria, y Francisco José Tercero Norori, topógrafo. Éstos han estado negociando con la Procuraduría rivense, la Policía local, y la secretaría del partido sandinista en Rivas.
Tras la toma, los dueños de El Alacrán, la sociedad Dávila Bustos Monestel, se han visto imposibilitados de entrar a su propiedad de 180 manzanas. Los tomatierra proceden de Carazo, y otros lugares y aunque el representante de dicha sociedad, Víctor Manuel Dávila, ha recurrido de amparo en su propiedad no se le permite la entrada ni a él ni a los trabajadores de la finca.
El grupo de tomatierras se ha reducido a unos 60 ocupantes, los que aseguran ser miembros de las cooperativas Socios del Campo, Olivos de Paz, y Filiberto Prudente.
El comisionado Carlos Martínez Leytón segundo jefe de la Policía de Rivas, dijo que la entidad no ha resuelto el “amparito” introducido por la sociedad Dávila Bustos Monestel, porque está a la espera de los resultados de una medición hecha por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), que según Martínez es la instancia que va a determinar el amojonamiento correcto de la propiedad, debido a que el Estado no sabe dónde están los sobrantes de tierras.
Pero Javier Cardoza, abogado de Dávila, dijo que el procedimiento del que habla la Policía no es el correcto, porque la competencia de hacer deslindes, amojonamientos y rectificaciones de medidas es la autoridad judicial, “y en todo caso mi cliente es el que está demostrando con documentos en mano, legalmente inscritos en el Registro Público de la Propiedad que él es quien tiene el uso y dominio de esas tierras, y entonces ¿quién garantiza la seguridad de la propiedad?”, se preguntó el abogado.
Aunque los dirigentes de las tres supuestas cooperativas firmaron el acuerdo de abandonar El Alacrán con el compromiso de que el procurador departamental Wilber Ibarra Blanco les comunicaría a los demás tomatierra el acuerdo, el jueves el Procurador departamental fracasó en su intento.
Unos 60 tomatierra aún insisten en mantenerse en la finca y no permiten que su legítimo dueño haga uso de ella. Incluso Víctor Dávila pidió al procurador Ibarra que le permitiera poner seis vigilantes en la propiedad, pero éste le dijo que no era prudente y le negó la petición.
LA PRENSA quiso conocer los resultados del encuentro con el procurador Ibarra, pero éste se negó rotundamente a dar entrevistas. “No voy a dar entrevistas hoy, no tengo nada que decir de ese caso”, expresó Ibarra.
Víctor Dávila se declaró afectado por la usurpación de su propiedad, pues a fines de este año tenía programado instalar una lechería y duplicar la crianza de ganado de engorde de 196 reses (novillos) a unas 400 reses para abastecer de carne el mercado local, y en la segunda parte del invierno tenía previsto mejorar 60 manzanas de pasto, lo que se está viendo imposibilitado de hacer.
