- Advierten el daño que provoca un gobierno inestable
El cambio frecuente de los funcionarios del Gobierno de parte del presidente Daniel Ortega responde a que éste no se preocupa por tener en su gabinete a funcionarios capaces, sino leales a su proyecto de poder, comentó el coordinador político del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Edmundo Jarquín.
LA PRENSA informó ayer que durante su mandato Ortega ha reemplazado al menos cinco ministros —cuatro de ellos mujeres— y unos veinte presidentes o directores ejecutivos de institutos y entes autónomos, sin que se conozcan los motivos para destituir a éstos ni los criterios para reemplazarlos.
Para el ex candidato presidencial, “cambios tan frecuentes en la dirección de las entidades públicas conducen a las dos fuentes más frecuentes de la ineficiencia en la gestión pública: no saber qué se quiere hacer ni cómo hacerlo”.
Además, opinó que “los empleados públicos terminan entendiendo que lo más importante es la lealtad que finjan al jefe, que el servicio que presten a los ciudadanos”.
Un ex funcionario del Gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007) comentó, bajo condición de anonimato, que el gobierno anterior tampoco fue un ejemplo de estabilidad.
“No es un buen ejemplo porque también tuvo mucha inestabilidad en los ministerios de Educación, Salud, y hasta en algunos de los mismos institutos que Ortega, como el Instituto de Desarrollo Rural”, señaló.
Sin embargo, agregó que en general la inestabilidad de un gobierno perjudica la continuación de las políticas públicas en las instituciones afectadas, pues no siempre los nuevos nombramientos renuevan de buena manera el manejo de éstas.
La Constitución deja a criterio del Presidente la destitución de funcionarios. La particularidad con Ortega es que se desconocen las razones y criterios para hacer sus reemplazos.
De las razones que se han sabido están por ejemplo los casos de la ex directora del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), Margine Gutiérrez, y del nombrado Embajador de Nicaragua ante Francia, Oscar René Vargas, ambos cancelados después de ofrecer declaraciones al Diario LA PRENSA, lo que no calza en la estrategia de comunicación “incontaminada” que practica el Gobierno, basada en la divulgación exclusiva a través de sus medios oficiales.
También llama la atención que la mayoría de las destituciones y reemplazos de varios de los altos cargos en el gobierno de Ortega ocurrieron entre enero del 2007 y enero del 2008, cuando aún no entraban en vigencia las reformas constitucionales, que lo obligan a contar con la ratificación de la Asamblea para éstos y otros nombramientos, y que hasta ahora él evade.
Entre esos doce primeros meses, Ortega reemplazó sin más a tres ministros. Después que las reformas entraron en vigencia, la mayoría de nombramientos ilegales de Ortega han correspondido a viceministros, directores de entes autónomos, pero sobre todo embajadores.
