- Relator especial de la ONU dice que los niveles de desnutrición en Nicaragua se acercan a los de Haití y Guatemala
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El relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, instó al presidente Daniel Ortega a “transparentar” la aplicación de sus programas sociales, al tiempo que advirtió que el país se encuentra “vulnerable” ante los posibles estragos que ocasionará el fenómeno de El Niño en la producción nacional a principios del próximo año.
Durante la presentación de los resultados preliminares de su informe sobre la situación del derecho a la alimentación en Nicaragua, De Schutter expresó que “no es descabellado creer que va a haber una situación muy grave en los próximos meses en el país, por los efectos (de sequía) del fenómeno de El Niño. No sé con qué preparación cuenta el Gobierno y no sé si puede dirigir una partida de sus recursos para atacar el problema”.
De Schutter advirtió que los primeros estragos de El Niño, que traerá consigo severas sequías, serán visibles entre enero y marzo del 2010.
“Creo que Nicaragua se encuentra en una situación sumamente difícil, no es la peor, ni tan mala como la de Guatemala o Haití, sin embargo se acerca a la situación de esos países y no hay tiempo que perder”, afirmó.
Por tal razón, urgió al Gobierno a buscar un diálogo abierto con la comunidad de donantes, los que han sentido una fuerte desconfianza en los programas del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Señaló que la congelación de la ayuda internacional pone en condición “vulnerable” a Nicaragua, donde se podría desatar en los primeros meses del 2010 una crisis alimentaria.
“Estoy sumamente preocupado. Este es el periodo en que los agricultores podrían sembrar para poder cosechar a principio del año entrante, pero ha habido una reducción de lluvia”, expresó.
“Cualquier reducción de la asistencia internacional podría tener graves impactos para la capacidad del Gobierno a la hora de responder a la hora de una emergencia”, advirtió.
Ante ese panorama sombrío para Nicaragua, el relator de la ONU pidió a los donantes flexibilizar su cooperación en materia de alimentación, para no afectar a miles de nicaragüenses que todavía sobreviven con dos dólares al día.
Indicó que el problema es que los donantes sienten que “el Gobierno quiere poder definir sus prioridades sin que sea la comunidad internacional que defina éstos”.
Actualmente el Gobierno enfrenta una fuerte crisis financiera, debido a que los donantes mantienen congelados cerca de 100 millones de dólares de apoyo presupuestario 2009, a raíz del fraude electoral del 2008.
Tal es la magnitud de la crisis, que a pesar de que se han hecho dos recortes al Presupuesto del 2009, hasta la fecha se mantiene un déficit financiero que supera los 7 mil millones de córdobas, con el ajuste aplicado hasta en junio pasado.
LLAMA A DESPOLITIZAR PROGRAMAS SOCIALES
Sobre los programas Hambre Cero y Usura Cero, el relator especial instó al Gobierno a “transparentarlos”, para evitar que éstos sean vistos por diversos sectores como “instrumentos políticos”.
“El Gobierno de Nicaragua debe aplicar la transparencia en sus programas sociales”, expresó, al referirse sobre las inquietudes que existen sobre éstos de que estén siendo utilizados como instrumentos políticos.
Añadió que “los donantes ven con escepticismo la forma en cómo se gestionan los fondos (por parte del Gobierno). La comunidad de donantes teme que haya una politización y una instrumentalización de la asistencia acordada y lamenta la falta de transparencia en la utilización de los fondos otorgados”.
Aunque el enviado especial de la ONU se mostró “impresionado” por una serie de iniciativas que impulsa el Gobierno en aras de garantizar la seguridad alimentaria del país, sobre todo con el Programa Hambre Cero, dijo que la ejecución de éstos debe “hacerse dentro de una mayor transparencia, de manera que éstos sean lo más inclusivos posibles”.
Indicó que en varios recorridos que realizó en las zonas rurales del país los campesinos y representantes de diversos sectores se quejaron de los programas de asistencia del Gobierno al considerar que “la aplicación de estos programas a veces se ven afectados por el clientelismo político y el favoritismo partidario”.
Por tal razón, De Schutter consideró que el Gobierno debe hacer un mayor esfuerzo para transparentar, incluso “institucionalizar”, sus programas dentro de la Ley 693, referida a la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Eso permitirá, según el relator de Naciones Unidas, establecer más claramente la selección de los beneficiarios para evitar el clientelismo político.
De Schutter reconoció que el proceso de descentralización y despolitización de los programas gubernamentales podría no resultar fácil para el Gobierno, “porque involucra la participación de los Consejos del Poder Ciudadano”, expresó.
El Programa Hambre Cero contempla la entrega de un paquete integral para las familias beneficiadas.
A través de este programa los beneficiados reciben bienes como una vaca preñada, cerda cubierta, aves, materiales para la porqueriza y el gallinero, semillas, material vegetativo, entrenamiento y asistencia técnica.
El paquete está valorado en unos dos mil dólares, pero las familias beneficiarias tendrán que regresar el 20 por ciento del valor recibido, para la conformación de una caja rural.
El costo global del programa es de 30 millones de dólares por año para beneficiar a 15 mil familias atendidas en ese período.
Otros de los aspectos que también generó preocupación en De Schutter es la condición actual que enfrentan los trabajadores del sector agrícola.
Indicó que si bien es cierto se está cumpliendo con el pago de salario mínimo de 75 córdobas diario, esa cantidad es insuficiente para el obrero.