- Modificaciones buscan crear un Estado laico
Un grupo de diputados costarricenses lanzó ayer una iniciativa para eliminar la religión católica de la Constitución de Costa Rica, mediante la reforma de dos artículos que atañen a la confesión del Estado y al juramento de los funcionarios públicos.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Ana Helena Chacón, impulsora de la iniciativa, dijo que las modificaciones buscan crear un Estado laico y “ajustar el concepto de libertad religiosa a las doctrinas del derecho internacional en los derechos humanos”.
La Carta Magna de Costa Rica, que data de 1949, establece en su artículo 75 que “la religión católica apostólica y romana es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el ejercicio de otros cultos”.
La idea del proyecto es que el artículo 75 indique que “toda persona es libre de adoptar y profesar una religión que sea respetuosa de los derechos humanos o bien no adoptar ninguna”.
El texto propuesto dice, además, que “El Estado será neutral en materia religiosa, pero garantizará el ejercicio de esta libertad”.
Para los diputados, no se trata de estar en contra de la religión católica, que profesa cerca del 70 por ciento de la población, según algunas encuestas, ni de sacar a Dios de la Constitución, como han afirmado los opositores al proyecto.
El proyecto de ley también busca reformar el artículo 194 de la Carta Magna, el cual obliga a los funcionarios públicos a jurar ante Dios cuando asumen sus cargos.
La modificación pretende que el juramento se haga por las “convicciones” y no “a Dios”, pues un juramento ante Dios para quien no es creyente carece de significado, según los legisladores.
El proyecto fue redactado por el Movimiento por un Estado Laico en Costa Rica, que reúne a varias organizaciones civiles, sociales, religiosas y académicas, y fue impulsado por 13 diputados de distintos partidos, incluido Liberación Nacional, actualmente en el poder.
Sin embargo, legisladores consultados por Acan-Efe afirmaron que para sacar adelante esta iniciativa debería iniciarse un engorroso trámite que podría tardar años, ya que las reformas constitucionales en Costa Rica deben ser aprobadas en dos legislaturas distintas, y está sujeta a la prioridad que se le otorgue en agenda.
