- Un día antes del ataque más reciente de las turbas orteguistas en contra de la sociedad civil organizada, la nueva directora ejecutiva del IEEPP, Claudia Pineda Gadea, conversó con LA PRENSA sobre la participación ciudadana y la necesidad de que el Gobierno deje de manejar sus relaciones con la sociedad por una sola vía, como los Consejos del Poder Ciudadano, a los que la ejecutiva se refiere como un canal exclusivo y partidario
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El pasado 2 de agosto, la dirección ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) fue asumida por Claudia Pineda Gadea, una socióloga y máster en políticas sociales que conversa con LA PRENSA sobre el valor y el estado de la participación ciudadana y las metas y fallas de la gestión pública.
Este par de temas, que en otros años podían parecer banales, tienen una amplia relevancia en la actualidad, cuando Nicaragua es administrada por un Gobierno que a diario menciona la palabra participación y se refiere a su opción preferencial por los pobres. Pero a juzgar por las respuestas de Pineda Gadea, este Gobierno a cargo de Daniel Ortega está muy lejos de materializar esos conceptos.
El jueves pasado, en la antigua Casa Presidencial el mandatario inauguró una convocatoria para la consulta nacional sobre el presupuesto municipal y, aunque citó la Constitución Política para referirse al derecho a la participación ciudadana, encargó esta consulta a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), controlados por la Primera Dama Rosario Murillo.
La directora ejecutiva del IEEPP, que también participa en la Red por la Democracia y el Desarrollo Local, a la cual pertenece el Instituto, considera que “cualquier forma de organización en este país debe ser válida, siempre y cuando no lesione los intereses de otros y no falte a la ley”.
Según Pineda, desde la ascensión de Ortega en enero del 2007, el problema en la relación del Gobierno con los ciudadanos es que el primero “parece querer establecer una sola vía de relación y de comunicación entre el Estado y la sociedad”.
Dos días después de anunciar la “consulta nacional”, en otro discurso en Chontales, el presidente Ortega justificó como una respuesta a la “provocación de los oligarcas” el ataque de turbas orteguistas en contra de miembros de la Coordinadora Civil, que en ocasión de su asamblea nacional habían presentado una “propuesta de nación para que cambiemos el rumbo del país” y concluirían su encuentro con un acto cultural en los predios de la Catedral Metropolitana, finalmente impedido a pedradas y garrotazos por los pandilleros y simpatizantes del partido de Gobierno.
Desde mediados del año pasado, el Frente Sandinista se ha encargado de boicotear o impedir, a través de grupos de choque, cualquier manifestación cívica en cualquier ciudad del país.
¿Cuál debería ser la actitud del Gobierno sobre la participación ciudadana?
Nosotros quisiéramos que el Estado estuviera más abierto a conversar sobre los diversos intereses que pueden existir en este país, que van desde el tema de la pobreza, que para nosotros es el más válido y para el cual estamos trabajando, pero también intereses de grupos particulares que son una gran gama que quieren influir y deberían poder hacerlo sin necesidad de pasar por un único canal, que en este caso serían los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que tienen además una manera muy sui géneris de funcionar. Ellos mismos, en algunas investigaciones hechas por el Centro de Estudios de Análisis Políticos (CEAP), nos han planteado que son parte de la gestión pública, de esa cadena. Entonces no es participación ciudadana plural, porque lo que ves es el ser parte de la cadena de gestión pública para tener beneficios.
¿Y cuál es el problema en esto?
No sería un grave problema si la gestión pública no estuviera íntimamente vinculada a la organización partidaria, pero nosotros nos encontramos que a nivel municipal el secretario político del partido Frente Sandinista es el delegado del Poder Ciudadano y ahí es donde está el problema.
Es decir, el problema no está en que haya —como ha existido en otros casos— un “alcaldito” que es nombrado, que es parte de la gestión pública ampliada hacia la sociedad; el problema es cuando este canal de comunicación creado (los CPC) es exclusivo, que no debería, porque yo no tendría por qué ir donde el CPC para que me escuche el médico de la comunidad, el director de la escuela, el director de un Centro de Salud o para poder acceder a un beneficio de (los programas públicos) Hambre Cero, Usura Cero, y no debería ser exclusivamente un beneficio a través del CPC, porque para eso tenemos funcionarios públicos que deberían estar abiertos a que cualquier ciudadano o ciudadana llegue y exija su derecho a la salud, la educación o el beneficio de un programa.
Además, esta intermediación no solamente es privada, también es partidaria y esa parte para nosotros constituye (el problema con) el funcionamiento de los CPC, no que existan porque a eso tienen todo el derecho.
Aquí no se puede coartar la libertad de organización a nadie: a los vendedores de agua helada, a los empresarios, a los banqueros, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños. Aquí todo el mundo debería de poder organizarse alrededor de sus intereses sin ninguna distinción, pero no tenemos por qué imponer una agenda sobre otra, no tenemos por qué tener un canal exclusivo de comunicación, ni por qué, además de ser exclusivo, vinculado a un partido político.
Pero ese canal está ahí ¿Por qué cree usted que se permite este problema?
Hay una baja conciencia de lo público como la responsabilidad de todos y el derecho de todos. Lo público lo partimos como en pedazos. Es decir, lo público del sistema de justicia le pertenece a estos grupos, esto otro a éstos… y eso no es lo público.
El sentido de lo público, el sentido de ciudad, de sociedad no existe… ¿O por qué botamos la basura en la calle? Porque no sentimos que es nuestra responsabilidad. ¿Y dónde hay un parque bonito con seguridad? Ahora el parque El Carmen (inmediato a la residencia de la familia presidencial) que está bien cuidado por la Policía. No hay sentido de lo público. El Gobierno no se preocupa por lo público. Hay que crear el sentimiento, esa responsabilidad en la ciudadanía…
¿Cómo valora el tema de la participación ciudadana desde las organizaciones civiles?
Yo creo que las organizaciones de la sociedad civil tienen un doble desafío. Por un lado el de incidir en que las instituciones hagan lo que les corresponde, pero no el de sustituirlas, porque cada uno tiene su responsabilidad legal e institucionalidad, y en el marco de las políticas públicas tienen una función. Nosotros tenemos una gran responsabilidad para contribuir a que eso subsista, que el cumplimiento de sus funciones sea eficiente, oportuno y cómo se debe hacer, y debemos hacerlo de una manera constructiva, pero también debemos decir lo que creemos que debe mejorar y lo que creemos que está caminando bien.
Y, por otro lado, ser también una voz de la ciudadanía, de lo que espera, lo que siente y lo que demanda, pero no hablar por ellas, sino ayudar a que la ciudadanía tenga cada vez una voz más fuerte a la hora de reclamar sus derechos, de preguntar dónde está el dinero, porqué esta calle se hizo por aquí, por qué por allá, por qué se prioriza una cosa y no otra, de obra, de beneficiario, es decir la ciudadanía tiene derecho a exigir.
¿Y qué metas cree que debería trazarse este Gobierno para su gestión pública?
Lo que nosotros quisiéramos como metas de esta gestión pública no es diferente (a lo que quisiéramos) de cualquier gestión pública: que se basara en procedimientos transparentes, en instituciones fuertes, fortalecidas, que funcionen el Estado de Derecho, el marco legal como el marco de actuación de todos sus funcionarios y todas sus instituciones.
Tenemos un marco legal que algunos envidiarían: una ley de participación ciudadana en pocos lugares existe, una ley de acceso a la información pública, una de probidad, aunque podría mejorarse un poco… Una institucionalidad que es bien compleja: una Procuraduría de Derechos Humanos, una Contraloría General de la República, una Fiscalía, una Corte Suprema de Justicia.
Lo que aspiraríamos es a que funcionen con la racionalidad que debe funcionar una administración pública, con limitaciones a las voluntades personales, voluntades políticas que van en contra de la racionalidad que debe tener la administración pública, a lo que en cualquier país funcionaría, a eso aspiramos.
LA SOCIOLOGÍA LA SEDUJO A LOS CATORCE AÑOS
Claudia Pineda Gadea (Matagalpa, 1966) es socióloga y máster en políticas sociales. Tiene experiencia en temas de cooperación e integración regional y ha trabajado en programas de cooperación, sobre todo en transparencia y gobernabilidad.
Pineda sucede en la dirección ejecutiva del IEEPP a Javier Meléndez, otro sociólogo y experto en temas de seguridad democrática y defensa nacional. Antes de llegar al Instituto, ella trabajaba en el Centro de Estudios y Análisis Político (CEAP) y años antes fue investigadora del Nitlapán.
La ejecutiva recuerda que la primera vez que pensó en estudiar sociología fue a principios de los ochenta, cuando tenía catorce años y participaba en la campaña de alfabetización en la comarca La Pita, municipio de Tecolostote (Boaco), una zona árida y empobrecida en el centro del país.
Dice estar satisfecha con su profesión y cuenta orgullosa que está “felizmente casada” y ama con locura a sus dos hijos: Ariana (11) y Rodrigo (9).
DÉFICIT DEMOCRÁTICO Y COOPERACIÓN
Lo que lamenta es cómo, según los mismos indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial (BM), “actualmente el déficit de democracia en el país es bien alto”.
“Una de las verdades que teníamos nosotros, hasta hace muy poco, era que teníamos elecciones más o menos libres, transparentes y que todos aceptábamos los procesos y resultados. Ya no es así”, opina sobre un mal proceso que considera comenzó con la postergación de las elecciones municipales en el Atlántico Norte y los resultados de las elecciones municipales de noviembre pasado en 146 municipios, de los que dice “no hay claridad y hay dudas” mientras el tribunal electoral no presente los resultados finales y detallados.
Asegura que el IEEPP estará pendiente de la reforma presupuestaria y la reforma fiscal, los criterios bajo los cuales se asignan recursos y la transparencia en éstos.
Respecto al congelamiento de la cooperación internacional, a partir de los cuestionados resultados de las elecciones del 2008, opina que es fundamental analizar “qué estamos sacrificando cuando maltratamos a la cooperación”, pensar en “quién realmente es el perjudicado cuando no queremos entrar en negociaciones entre iguales con otros gobiernos, que de manera solidaria nos han venido a ofrecer su ayuda”.
“Nadie le pide al Gobierno que perdamos soberanía, que permitamos la injerencia en nuestros asuntos”, aclara Pineda, tras recordar que los acuerdos de cooperación se basan en tener reglas claras, elecciones libres y democracia y “si queremos cambiar las reglas de nuestras relaciones con la cooperación, no puede ser sólo de un lado”.
