- Hace 9 años, el 7 de agosto del 2000 inició la peor crisis financiera del país
[/doap_box]
Desde julio de 1996 hasta noviembre del 2001, el Sistema Financiero Nacional sufrió la peor sacudida de su historia que dejó como saldo fatal 6 bancos privados y dos bancos estatales cerrados.
Dejó considerables pérdidas al Estado nicaragüense, que tuvo que asumir los costos del cierre del Banco del Sur (1999), el Interbank y el Bancafé (2000), Banic y Bamer (2001).
Hasta 1979, el Sistema Financiero Nacional había funcionado con la ley de bancos de 1963, sin mayores traumas. Ese año, el gobierno nacionalizó la banca privada bajo un esquema que funcionó hasta 1991 cuando abre sus puertas el primer banco privado, después de la estatización de la banca en los años ochenta.
LA PRENSA continúa hoy una serie de reportajes históricos sobre las quiebras bancarias, y en esta edición se presenta el entorno y la situación del Sistema Financiero Nacional y el marco legal y las decisiones que tomó la Superintendencia para intervenir los bancos.
Los procesos de intervención, liquidación y subasta de los bancos cerrados no estuvo exenta de conflictos e irregularidades, de forma que LA PRENSA busca acercarse lo más posible a una secuencia de hechos de esa etapa crítica, y a los daños que sufrió el Estado nicaragüense que tuvo que salir al rescate de los ahorrantes, ya que hasta el año 2000 no existía el Fondo de Garantía de los Depósitos (Fogade).
La valoración sobre si la decisión fue la correcta, la debe tomar el lector. Nos limitamos a presentar hechos y no valoraciones sobre todo este proceso mencionado, cuyas consecuencias todavía son motivo de fuertes y encendidos debates, incluyendo una causa penal llevada a cabo por la Fiscalía de la República.
EL SISTEMA EMPIEZA A HACER AGUA
El año 1979 marcó el final de la banca privada nacional y comenzó el de la banca estatal. Todos los bancos nacionales pasaron a formar parte de la Corporación Financiera de Nicaragua (Corfin) el 2 de julio de 1980. Fue disuelta el 8 de mayo de 1992 por el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.
Los años noventa vieron florecer una serie de bancos privados, que buscaban recuperar el terreno perdido durante 11 de años de férreo control estatal de todo el negocio financiero. Es así que a partir de 1991 se fundan una serie de bancos privados.
También en 1996, cuando se dio el primer cierre de un banco privado, el Banco Europeo de Centroamérica (BECA), había 11 bancos privados y tres bancos estatales. Al concluir el 2001 sólo habían funcionando seis bancos en total, todos privados. En el camino quedaron el Banco del Sur (primero Banco del Campo), Banco Nacional de Desarrollo, el Banco Popular, el Interbank, el Banco del Café (Bancafé), el Banco Mercantil y el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), todos intervenidos por la Superintendencia de Bancos debido a la alta tasa de iliquidez que mostraban, y que los ponía en una posición en la cual no podrían honrar sus deudas.
Los organismos financieros internacionales observaban el crecimiento del Sistema Financiero Nacional y mostraron su preocupación al Gobierno, ya que con el BECA fuera, quedaban 13 bancos en operación, lo cual era considerado por estas entidades internacionales algo demasiado grande para un mercado tan pequeño.
Las baterías se enfilaron contra la banca estatal y particularmente contra el Banco Nacional de Desarrollo (Banades), que representaba cuantiosas pérdidas para el país por el manejo político al que fue sometido a lo largo de su longeva vida. A él se sumaron el Banco Popular, cerrado por orden de la Superintendencia de Bancos en noviembre de 1999 y el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), privatizado en 1999 e intervenido en el 2001.
AJUSTES Y REFORMAS
Posteriormente se dirigió un proceso en que algunos bancos serían fusionados para reducir el sistema y consolidarlo más.
Paralelamente en 1999 se dio un proceso de reformas a la legislación bancaria y financiera del país, motivado precisamente por el cierre de los bancos mencionados y los vacíos que mostraba la legislación vigente hasta ese momento.
Los bancos se regían por la Ley de bancos y de otras instituciones, decreto 828 aprobado el 4 de abril de 1963 y publicado en La Gaceta del 10 de mayo de ese mismo año.
Así, el 29 de septiembre de 1999, la Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley de la Superintendencia de Bancos y de otras instituciones financieras. El 28 de septiembre se aprobó la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros (Ley 314), publicada en La Gaceta del 14 de octubre de 1999 y la nueva Ley Orgánica del Banco Central, publicada en La Gaceta 197 del 15 de octubre de 1999.
El nuevo marco legal modificaba la composición del Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y otorgaba al Superintendente mayores facultades autónomas, con relación al Consejo.
En cuanto a los bancos, estas leyes contemplaban nuevas normativas relativas a la concentración de créditos, el otorgamiento de créditos relacionados, que hasta ese momento eran más flexibles de acuerdo con la ley de 1963. En ese momento, la Superintendencia de Bancos dio un plazo para que los bancos se ajustaran al nuevo marco legal, ya que la mayoría no estaba ajustado al mismo.
En noviembre de 1999 es nombrado como nuevo Superintendente de Bancos, Noel Sacasa Cruz, con lo cual culminó un período de tres meses en los que la SIB estaba sin autoridades.
EL CASO BECA
En 1996 fue intervenido y cerrado el BECA, que mostraba una fuerte iliquidez, que generó su intervención y cierre el 13 de julio de 1996. Según reportes de la Superintendencia arrastraba fuertes pérdidas y su posición financiera era insostenible.
El 18 de junio de 1996, el equipo ejecutivo del Banco Europeo de Centro América (BECA) dirigió una carta a los miembros de su junta directiva, expresando su “profunda preocupación por el deterioro sistemático y sostenido que afecta a esta institución”. La carta fue firmada por gerentes y vicepresidentes de este banco.
El 13 de julio de 1996, es decir 25 días después de la carta del equipo ejecutivo, se realizó una reunión extraordinaria de accionistas del BECA y resolvieron “dada la situación crítica del Banco no efectuar ningún aumento (de capital), por cuanto no están dispuestos a arriesgar y perder mayores intereses”.
Le siguió el Banco del Sur, que apenas un año y medio atrás había adquirido el moribundo Banco del Campo. Con el Banco del Sur se inicia la era de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) como instrumentos para cerrar brechas. De acuerdo con informes de auditoría de la Contraloría General de la República, el Banco Central de Nicaragua (BCN) emitió 71 millones 751 mil córdobas a favor de Bancentro (CENI-04-06-1080-091-99-01), el 23 de junio de 1999, con fecha de vencimiento 7 de junio del 2002. Después cayeron el Interbank, el Banco del Café, el Banco Mercantil y el Banic.
TRASLADO ILEGAL DEL BANCO DEL SUR
Según el informe de gestión de 1999, la Superintendencia informó que en abril de ese año se realizó una inspección al Banco del Sur, lo que dio como resultado una resolución en la que ordenaba provisiones “sustanciales” e imponiendo medidas preventivas y advirtiendo que el banco “podría ser intervenido”, según explica el Superintendente de Bancos en su informe de Gestión del año 1999.
El 14 de junio, el Consejo Directivo del Banco conoció la situación del Banco y ordenó “medidas preventivas adicionales”, dando de esa forma un plazo al banco para restituir el capital, al tiempo que autorizaba al Superintendente de Bancos para que “cuando lo considerara oportuno, procediera a la intervención del Banco del Sur, S.A”.
El 17 de junio de 1999, casi un año después de la intervención del BECA, el Consejo Directivo de la SIB, según el informe de gestión, presionaba al Superintendente Ángel Navarro para que interviniera el banco, lo que finalmente hizo el sábado 19 de junio de 1999 asegurando en conferencia de prensa que “el presidente de la institución financiera, Mario Hernández, cuya mayoría accionaria es de capital guatemalteco, ordenó el traslado ilegal hacia Guatemala de casi dos millones de dólares”.
Inmediatamente se inició el proceso de negociación para la venta de los activos del banco y después de tres días se inició el traslado de los mismos al Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro).
UN DURO DESPERTAR
Nueva legislación, dos bancos cerrados, el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio S.A. ya prácticamente en manos privadas, el Banco Nacional de Desarrollo cerrado, dos bancos privados cerrados (el BECA y el Bancosur), un nuevo marco legal recién aprobado, moderno y más riguroso, y un nuevo Superintendente de Bancos.
Era un escenario ideal. Los nubarrones aparentemente habían desaparecido y los daños no eran de consideración. Todo parecía indicar que el barco nuevamente navegaba por aguas tranquilas.
Sin embargo, en enero del año 2000, según informes de la Superintendencia, incluyendo su informe de gestión de ese mismo año, se concluía un preocupante informe sobre la situación del Banco del Café. “Si no se intervino de inmediato fue porque en principio se consideró que había una posibilidad de rescatar el banco”, expresó el Superintendente de Bancos en su informe.
Por esa razón, a partir de marzo de ese año la Superintendencia de Bancos decidió poner al banco bajo un plan de Normalización de 90 días, encabezado por Carlos Matus como nuevo gerente general del banco.
En abril se vieron resultados, según lo reconoció la SIB, resolución SIB-OIF-VIII-36-2000. Pero eran insuficientes. Posteriormente, con el análisis de la cartera de crédito, según la SIB “fueron saliendo a luz problemas adicionales” de concentración de créditos, principalmente en manos del grupo Centeno-Consagro, que llegó a representar el 113 por ciento de la base de cálculo de capital (el límite era de 30 por ciento según la Ley General de Bancos, 314).
El 2 de agosto la SIB comenzó a apretar las tuercas y ordenó al Bancafé provisiones por un monto de 126.3 millones de córdobas, prevenir a la Junta Directiva del Banco ante la situación que ubicaba al banco en una situación de incumplimiento de la norma de adecuación de capital y presentar un plan de normalización a más tardar el 2 de noviembre de ese mismo año. El Bancafé fue intervenido el 17 de noviembre de ese año.
En el caso del Banco Intercontinental, la SIB no tuvo muchas contemplaciones y el 7 de agosto, antes de la intervención del Bancafé, ordenó su intervención SIB-OIF-VIII-83-2000, después de haber enviado otras resoluciones de ese mismo día en la que ordenaban provisiones por 380 millones de córdobas, otra en la que ordenaban el congelamiento de los depósitos a nombre de los directores y principales ejecutivos del Interbank “mientras dure el acto de intervención”.
Ese mismo día, 7 de agosto, envían comunicación al Procurador General de la República, Julio Centeno Gómez, sobre “los hechos irregulares informados”, según dijo el superintendente Noel Sacasa en esa comunicación.
Y agregaba que “esta situación se torna en problema de Estado que amerita la intervención de esa Procuraduría General”.
Entre enero y marzo, la Superintendencia realizó inspecciones “in situ” al Interbank y en su informe indicó que “no señaló ninguna necesidad de provisiones ni otras causas de preocupación”.
Pero en abril la SIB detectó en otra inspección in situ que este banco comenzaba a tener problemas de iliquidez y en mayo se le aplica la primera multa.
Ese mismo mes la SIB detectó problemas en el Bancafé por la cartera del grupo Centeno Roque-Consagro. También encontró serias anomalías de este mismo grupo en el Interbank, que incluían fuertes desembolsos entre enero y junio por un monto de 138 millones de córdobas para empresa vinculadas al grupo.
En agosto, directivos del Interbank se presentaron a la SIB para denunciar una serie de irregularidades relacionadas con este grupo.
