- Alfredo César Aguirre, primer secretario del Gobierno de Unidad Nacional de 1979, relata cómo surgieron los conflictos entre los cinco miembros. El FSLN tardó más en hacer el programa de gobierno que en traicionarlo. Daniel Ortega Saavedra, contrario a lo que decía en Costa Rica, mantuvo la posición más dura contra los empresarios
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CUARTA ENTREGA
Al atardecer del 17 de julio de 1979, tres de los cinco miembros de la Junta de Gobierno nicaragüense en el exilio, más su secretario Alfredo César Aguirre, entraron a la Casa Presidencial en San José, Costa Rica, para comunicar al presidente Rodrigo Carazo Odio su decisión de volar esa noche de manera clandestina hacia Nicaragua.
Anastasio Somoza se había ido a la medianoche del 16 de julio, hacia Miami, dejando al Congreso su carta de renuncia, según lo acordado con la comisión mediadora de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que Estados Unidos era representado por William Bowdler. Sin embargo, los combates seguían porque la Guardia Nacional no se rendía.
“Carazo era un hombre muy decidido y muy antisomocista, el hombre no toleraba a Somoza”, dice Alfredo César al recordar las últimas horas en el exilio de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN).
Esa tarde, cuando Violeta Barrios de Chamorro, Alfonso Robelo Callejas y Sergio Ramírez Mercado pidieron apoyo a Carazo para que autorizara el despegue, por la noche, de dos aviones Piper Azteca con un plan de vuelo falso, éste asintió. “Nos dijo: ‘es una decisión de ustedes, los riesgos son de ustedes y yo no puedo detenerlos porque es lo que necesita su pueblo; ojalá les vaya muy bien, que Dios los bendiga… Despreocúpense por lo del aeropuerto, yo voy a dar las instrucciones’”, relata César.
Cinco días antes, Carazo se había reunido en Puntarenas con Carlos Andrés Pérez, recién salido de la Presidencia de Venezuela, en busca de un arreglo político al conflicto nicaragüense porque el 6 de julio Somoza dijo que tenía la intención de renunciar.
LOS PRIMEROS CHOQUES
La ciudad occidental de León estaba casi en escombros por los bombardeos y en manos de los guerrilleros sandinistas, cuando los dos aviones con los miembros de la Junta aterrizaron, a medianoche, sobre una pista alumbrada por los focos de decenas de vehículos.
Alfredo César, quien diez meses antes había dejado el cargo de gerente general del Ingenio San Antonio, el más grande del país, retornaba a Nicaragua convencido de que una de las mejores estrategias de la revolución sería la economía mixta.
Sin embargo, dos meses después del triunfo fue testigo de las primeras contradicciones entre los integrantes de la Junta, unos en defensa de la empresa privada y otros que ponían en duda su importancia o la condenaban.
Era un profesional graduado en Estados Unidos, llegó al Ingenio San Antonio como gerente de Informática en 1972 y se vinculó al FSLN después de ser encarcelado y torturado por la Guardia Nacional, que lo capturó cerca de Managua en septiembre de 1978 por sospechoso de colaborar con la guerrilla.
“Las reuniones de la Junta de Gobierno se comenzaron de consenso y poco a poco el consenso se fue rompiendo, y se rompía porque se estaban aprobando cosas que no eran de acuerdo con el programa”, afirma tres décadas después.
“ALLEGADOS” PERSEGUIDOS
Una delegación del sector privado nicaragüense visitó a la Junta en septiembre de 1979, para denunciar atropellos contra productores agropecuarios de diferentes zonas, amenazados por comandantes locales del FSLN que intentaban despojarles de sus propiedades.
“Quien presidió ese grupo del sector privado, quejándose de eso, era el presidente de Upanic (Unión de Productores Agropecuarios), Jorge Salazar”, confirma César. “Estuve en esa reunión, el punto de acta lo pidió Alfonso Robelo y allí se dieron situaciones que fueron rompiendo el consenso en la parte del sector privado”.
El decreto número tres de la Junta de Gobierno había provocado una ola de confiscaciones. Su fin era confiscar los bienes de la familia Somoza, pero “se extendió a todo el mundo” porque en su texto se refería también a los “allegados” de Somoza.
“El criterio de quién era allegado de Somoza llegaba a unos niveles que si vos te habías tomado una cerveza, un día en un bar con alguien que era amigo del chofer de la hija de Somoza, eras allegado”, comenta César y se ríe del absurdo.
Ese decreto “sirvió para confiscar por represión, por ideología, para terminar con la empresa privada, pero no por el sentido real de los Somoza, porque la idea (en el exilio) era que los bienes mal habidos de la familia Somoza regresaran al Estado y luego se privatizaran poco a poco… Ésa era la idea”, explica.
La recuperación para el Estado de las tierras del dictador depuesto era esencial en la propaganda del FSLN. Tomás Borge, miembro del directorio sandinista, lo resaltó ante una multitud el 7 de noviembre de 1979: “Tenemos 1,500 haciendas de somocistas en poder de nuestro pueblo y 6 millones de manzanas dispuestas a elevar la producción para darle de comer a todo nuestro pueblo”.
“Repito —gritó Borge con un acento acubanado—, cerca de 6 millones de manzanas han sido recuperadas para el pueblo y cerca del 50 por ciento del área cultivada del país está en manos de la revolución sandinista”.
Sin embargo, el ex ministro Alejandro Martínez Cuenca relata en sus memorias que “existía la creencia que Somoza era dueño de todo el país, cuando en verdad la expropiación de los bienes de Somoza y sus allegados alcanzó realmente entre el 30 y 40 por ciento de la producción y, en el campo, a menos del 20 por ciento de la propiedad, cosa importante, pero no extraordinaria”.
“Como se probó en la práctica, la nacionalización de los bienes de la dictadura representaba sólo una parte de los bienes del país”, explica Martínez, quien luego critica la estatización: “No se comprendía que los agentes económicos independientemente de su tamaño responden más ágilmente a las fuerzas del mercado que a una planificación que les dice cuánto tienen que producir, qué productos producir, cuándo producirlos”.
LAS DIFERENCIAS CRECEN
En una oficina al sur de Managua, Alfredo César Aguirre atiende hoy sus negocios inmobiliarios. Hace 30 años ayudó a crear el gobierno revolucionario y hace 18 años se sentó a negociar un cese el fuego con el FSLN, él ya como representante de un sector de la Resistencia Nicaragüense.
Está casi retirado de la política y su mayor aporte ahora, según dice, es ayudar a formar líderes jóvenes a través de la Fundación José Dolores Estrada. De la gaveta de su escritorio saca un papel amarillento y lo muestra. “Esto paró la guerra”, enfatiza. Son los Acuerdos de Sapoá, el cese el fuego, y al final la firma del jefe del Ejército Popular Sandinista, general Humberto Ortega Saavedra y de los directores de la Resistencia: Adolfo Calero Portocarrero, Alfredo César Aguirre y Aristides Sánchez Herdocia.
César era presidente del Banco Central cuando rompió con el FSLN el 12 de mayo de 1982. La razón principal: el acoso a la empresa privada. Tras las confiscaciones a empresarios y agricultores que nada tuvieron que ver con el régimen somocista, hubo “una tendencia a estatizar las cosas, una tendencia de la dirección sandinista a que el Estado se encargara de todas las cosas” y eso desintegró a la primera Junta de Gobierno.
El gobierno sandinista llegó a controlar el 60 por ciento de la producción del país y en 1988 el Estado representaba cerca del 90 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), “uno de los más elevados del bloque socialista, comparable a Cuba y Vietnam”, según el economista Francisco Mayorga.
Cuando la revolución se acercaba a su fin, en 1989, las importaciones de Nicaragua eran de 800 millones de dólares y las exportaciones se habían desplomado a 350 millones.
Entonces, el mando pleno lo tenía la Dirección Nacional, con dos ejecutores: el presidente Daniel Ortega y el vicepresidente Sergio Ramírez. Las disputas en la Junta ya eran historia, pero hoy son detalles claves para entender por qué la economía del país se hundió y cada año huyeron al exterior un promedio de 30 mil nicaragüenses, entre 1980 y 1989, según datos recabados por Mayorga.
“El sector privado era defendido por Robelo con el apoyo de doña Violeta”, precisa César. “En el caso de Sergio Ramírez y Moisés Hassan, comenzaron a haber divergencias sobre qué tanto los empresarios privados contribuían al bienestar del país, qué tanto era sacrosanta la propiedad privada. Eran temas que el doctor Sergio Ramírez ya no acompañaba abiertamente, pero sí siempre trataba de ser, igual que el doctor Moisés Hassan… Ambos intentaban ser puentes”.
La posición más dura contra la empresa privada la mantenía Daniel Ortega, representando a la dirección del FSLN. A veces llevaba a las sesiones de la Junta a otros miembros de la Dirección Nacional, en especial Jaime Wheelock Román.
“Daniel decía: ‘él (Wheelock) puede explicar mejor’… Sergio Ramírez y Moisés Hassan, sin coincidir muchas veces con la posición de Alfonso y Violeta, trataban de puentear entre ambas posiciones, pero gradualmente se fue creando una brecha en ese tema… Había conceptos diferentes entre lo que era propiedad privada y prioridades económicas”, confiesa César.
EL MENSAJE DEL GENERAL
En 1982, la contrarrevolución ya tenía presencia en distintos puntos del norte y occidente del país y en marzo dinamitaron el puente sobre el Río Negro, en Chinandega. En consecuencia, el Gobierno decretó el Estado de Emergencia e impuso la censura de prensa.
En julio de 1979, el FSLN había creado el Área Propiedad del Pueblo (APP) con el supuesto de que las tierras confiscadas a la familia Somoza serían para favorecer a los pobres, pero el posterior alzamiento de campesinos en contra de la revolución indica que eso fue insuficiente.
Daniel Ortega afirmaba en noviembre de 1986 que en el campo “el poder popular son las 2 mil 124 cooperativas y los 110 mil campesinos organizados en la UNAG (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos)”, además de “los 485 mil ciudadanos organizados en los Comités de Defensa Sandinista (CDS)” en las ciudades.
“El concepto que tenían de reforma agraria es que quitaban la tierra, pero la pasaban al Estado y el campesino seguía siendo peón de una empresa estatal”, dice César al comentar porqué el FSLN perdió apoyo en el campo.
La Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), organización contrarrevolucionaria formada en Honduras, pudo aumentar sus fuerzas con la incorporación de campesinos que huían de Nicaragua. Bosco Matamoros, ex FDN, relata en el libro La Contra, movimiento nicaragüense que “de los 500 combatientes que lo integraban en 1981, a finales de 1982 eran ya 6 mil, de los cuales aproximadamente 500 eran ex guardias nacionales”.
La Contra, que después se convirtió en Resistencia Nicaragüense al unirse las fuerzas que operaban en el norte, el Caribe y el sur del país, llegó a tener 24 mil combatientes, confirman documentos del Gobierno.
Una tarde de finales de 1987, mientras los directores de la Resistencia sesionaban en una oficina de la calle 36 de Miami, entró un documento por el fax, procedente de Managua. Era una carta del general Humberto Ortega proponiendo un diálogo decisivo.
Alfredo César, representante del Bloque Opositor del Sur (BOS), tiene presente el sentido de la carta, respetuosa: “Nos lanzaba el reto de que, si queríamos detener la guerra, había que subir al máximo nivel la negociación”. Fue el preámbulo de las pláticas de Sapoá, del 21 al 23 de marzo de 1988.
César afirma que él ya estaba convencido de que “la guerra había logrado su propósito que era frenar al comunismo, pero una solución militar, una victoria militar, iba a destruir a Nicaragua y a su juventud”, y “había llegado el momento, por el empate estratégico entre las dos fuerzas, de encontrar una salida negociada que pudiera restablecer una democracia en el país y una normalidad económica”.
El general Ortega recibió a los jefes de la Resistencia, en Sapoá, y admitió que el FSLN había cometido excesos en el trato al campesinado.
“La lógica de él (Ortega) fue: nos estamos matando entre nicaragüenses, unos apoyados por la Unión Soviética y otros apoyados por los Estados Unidos; nosotros somos nicaragüenses, nos estamos matando y estamos destruyendo el país, acordemos las reglas del juego que permitan una convivencia civilizada entre nosotros”, recuerda César.
Además de acabar con “las operaciones militares ofensivas en todo el territorio nacional”, los acuerdos de Sapoá obligaron al Gobierno sandinista a decretar una amnistía general para prisioneros políticos, a garantizar la libertad de expresión irrestricta y el regreso a Nicaragua de “todas las personas que por motivos políticos o de cualquier otra índole hayan salido del país”.
Catorce exiliados, incluido Alfredo César, aterrizaron en Managua el 20 de junio de 1989 en dos avionetas facilitadas por Carlos Andrés Pérez, otra vez en la Presidencia de Venezuela. Venían a incorporarse a la vida política nacional, porque en febrero de 1990 habría elecciones decisivas.
En 1988 “ya no creíamos en la derrota militar del Ejército sandinista”, reitera. “Eso significaba una destrucción de vidas y de infraestructura del país, de tal magnitud que Nicaragua quedaría aplanada, y creíamos que iba a tomar mucho tiempo porque había mucho empate ya”.
De lo que aún está seguro César es que “si el Gobierno (del FSLN) hubiera mantenido la economía mixta, otro gallo cantaría en la situación económica” de Nicaragua. “En lugar del retraso y del retroceso a ingresos per cápita de los años 50, hubiéramos retomado con rapidez, en unos tres o cuatro años, la punta de Centroamérica”.
En Nicaragua, la deuda externa global por habitante era de 567 dólares en 1980, pero al término de la revolución, en 1990, sumaba 2,975 dólares.
“Ninguna revolución se puede llevar acabo sin ninguna base material que la sustente”, advierte. Es quizás la lección más importante que le dejó esa década y pregunta, como si retara a quienes opinan diferente: “¿Cómo se puede lograr independencia y soberanía en Nicaragua con una economía que, cada vez más, depende de otros países que dan dinero para subsistir con los correspondientes intereses políticos detrás?”
