- Costarricenses no navegarán armados, pero sí con turistas, lo que no reconoce el Tratado Jerez-Cañas
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El fallo con el que ayer la Corte Internacional de Justicia (CIJ) otorgó a Costa Rica el derecho a navegar en el río San Juan “con fines de comercio”, incluido el transporte de pasajeros y turistas, pero bajo la regulación de Nicaragua como soberana de éste, no dio a la nación vecina todas sus pretensiones ni en la medida en que lo exigía; sin embargo, la CIJ sí amplió a los ticos su derecho a navegar con turistas, cuando antes se limitaba a “objetos de comercio”.
Por su parte, la oposición política calificó el fallo como una “pérdida para Nicaragua”, porque se amplió el derecho de libre navegación de Costa Rica, que aprovecha el río para su turismo, mientras Nicaragua lo mantiene en abandono; aun cuando el Gobierno de Daniel Ortega se declaró “satisfecho” con un fallo que valoró como “contundente” a través de medios oficiales.
El presidente Ortega dijo anoche que se sentía “satisfecho” con el fallo de la Corte.
“Nuestra conclusión —declaró— es que (con este fallo) ganamos todos: ganaron los hermanos costarricenses y ganamos los nicaragüenses”, dijo el mandatario en declaraciones por radio y televisión, recogidas por un servicio noticioso de la agencia Acan-Efe.
EL FALLO DE LA CORTE
Bajo el Tratado de límites Jerez-Cañas, de 1858, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reconoció (a las diez de la mañana de Holanda y las tres de la madrugada de la hora local) que Nicaragua tiene plena soberanía y sumo imperio sobre el río San Juan, pero amplió los derechos de libre navegación de la nación vecina a “fines de comercio”, que ahora incluyen el transporte de pasajeros y turistas, sin tener que pagar visa o tarjeta de turista a Nicaragua. Todo aun cuando en la práctica este cobro se había suspendido hace más de seis meses, antes del inicio de las audiencias orales concluidas en La Haya en marzo pasado.
Sin embargo, la Corte dejó claro que ese derecho de Costa Rica no es ilimitado, pues estará sujeto al derecho de regulación de Nicaragua inherente a su soberanía sobre el río.
Además, la Corte declaró el derecho de navegación de Costa Rica con naves oficiales para proveer servicios esenciales a las comunidades ribereñas, pero negó el reclamo de navegación armada para el intercambio de personal de la policía entre los puestos de vigilancia a lo largo de la orilla derecha del río o para reabastecimiento de los mismos o futuros puestos, incluyendo armas de servicio y municiones, que fue lo que agitó la disputa en 1998, cuando Nicaragua prohibió el patrullaje armado a Costa Rica.
NICARAGUA REGULARÁ NAVEGACIÓN
El jurista nicaragüense y experto en Derecho Internacional, Mauricio Herdocia Sacasa, valoró que “Costa Rica no pudo destrabar el candado de la soberanía de Nicaragua y los poderes regulatorios que a esta le son inherentes”, por lo que “la Corte rechazó de plano la pretensión de aprovisionamiento, recambio, transporte de efectivos o elementos armados dentro del río San Juan de Nicaragua”.
“Es decir que el elemento con el cual comenzó en los años noventa el tema de llevar a Nicaragua ante la Corte finalmente quedó reducido a nada”, subrayó el especialista, que fue agente del caso hasta enero del 2007, cuando el actual Gobierno lo reemplazó por Carlos Argüello.
Según Herdocia, “si bien es cierto que se le concedieron a Costa Rica derechos de navegación con turistas y pasajeros, la verdad es que esta navegación solamente se va a realizar en el marco y dentro de los controles regulatorios establecidos por el Gobierno de Nicaragua”.
“Hay que recordar que Costa Rica pedía ejercer esa navegación sin ningún tipo de control, lo cual la Corte lo ha desestimado. En ese sentido, Nicaragua tiene siempre sus derechos de control en materia de protección ambiental, ejercicio de jurisdicción, seguridad de la navegación, imposición de determinadas normas sobre la navegación, etcétera”, explicó Herdocia.
Según el fallo de la Corte, las embarcaciones costarricenses que naveguen por el río nicaragüense no podrán portar armas y sí deberán llevar la Bandera de Nicaragua en sus mástiles y torres. Además, el Gobierno nicaragüense tendrá todo el derecho de regular el calendario, horario y certificados de zarpe de las embarcaciones del país vecino, así como sus paradas en el primero y último puestos de la ruta seguida por cada embarcación costarricense.
La Corte también ratificó el derecho de Nicaragua a dragar el río, que permitiría al país recuperar el curso de éste a sus niveles en 1858, con la única condición de que la medida no impida la navegación ni inutilice los afluentes de Costa Rica.
Para Herdocia, “Costa Rica no obtuvo por consiguiente los aspectos torales de lo que pretendía ni en la medida de ésta y perdió realmente el tema que lo llevo a reclamar ante la Corte sobre la navegación armada”.
CUALQUIER PULGADA CEDIDA ES PÉRDIDA, DICE OPOSICIÓN
Sin embargo, el ex canciller de la República durante los primeros años posteriores al inicio de la disputa y actual diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Eduardo Montealegre, dijo a LA PRENSA que “una pulgada de derecho de navegación que ganara Costa Rica era pérdida para Nicaragua, porque no teníamos por qué perder nada”.
El diputado criticó que el Gobierno de Daniel Ortega “puso la bandera rojinegra en la Cancillería y quitaron la Bandera Azul y Blanco de Nicaragua, por eso es que perdimos; aunque algunos no lo vean tan serio sí es serio, porque Costa Rica desde hace 150 años viene logrando avanzar, avanzar y hoy avanzaron una pulgada más”.
“Pusieron la bandera rojinegra, desarmaron el equipo de expertos y no utilizaron pruebas ni recusaron jueces inclinados claramente a favor de Costa Rica, errores gravísimos por politiquería”, subrayó el diputado.
El agente de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Argüello, opinó distinto en declaraciones hechas sólo al oficialista Canal 4, a pesar de que LA PRENSA intentó conocer sus reacciones desde las horas inmediatas al fallo hasta el final de la tarde, en La Haya.
Argüello dijo que tanto él como el equipo que trabajó en ese caso se sentían muy “contentos” por la resolución, tomando en cuenta que Costa Rica fue la que presentó la demanda contra Nicaragua, y las pretensiones más importantes que pretendía alcanzar en la misma fueron desestimadas por los miembros de esa instancia internacional.
El agente aseguró que él es del criterio que con el fallo se deja claro que Costa Rica no tiene ningún derecho a circular con sus autoridades por el río San Juan con armas o sin armas, ni siquiera para llevar provisiones a los que se encuentran sobre la ribera del río. Pero Argüello y el secretario de Cooperación de la Cancillería, Valdrack Jaentschke, no tuvieron eco en sus valoraciones optimistas hechas sólo a los medios oficiales.
El también ex canciller y actual diputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco, opinó que “desde el aspecto económico comercial Costa Rica saca una ventaja (en el fallo) y desde el punto de vista de la soberanía es Nicaragua la que se afianza”.
FALTA EJERCER SOBERANÍA Y TENER VISIÓN DE ESTADO
Tinoco advirtió que “nunca vamos a poder ejercer nuestra soberanía real mientras no desarrollemos económicamente el río y nunca se va a desarrollar una zona limítrofe, mientras el Gobierno no tenga un sentido de nación… no andar buscando pleito, sin ocultar nada, poner todo sobre la mesa para decir: nicaragüenses, entendámonos para salir adelante todos”.
LA PRENSA publicó el lunes en un análisis sobre los posibles escenarios del fallo un balance de las fortalezas y las vulnerabilidades de la defensa de Nicaragua ante La Haya, sobre la cual Tinoco y el diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea, José Pallais, coincidieron.
“Se han señalado ejemplos muy concretos de limitaciones y de falta de uso correcto de algunos argumentos por parte del actual Gobierno. Efectivamente éste ha estado usando en política exterior la misma actitud sectaria que usa para todo, la misma actitud secretista y eso no es bueno”, dijo Tinoco.
Pallais reclamó además que el Gobierno no utilizó las declaraciones en las que el canciller costarricense Roberto Tovar admitió los derechos de libre navegación, pero limitada, de su país.
Herdocia, Montealegre, Tinoco y Pallais lamentaron a LA PRENSA, después de participar en un foro organizado por el periodista Oscar García, de Canal 12, en el American College, que este Gobierno descontinuó las reuniones con ex cancilleres nacionales que organizaban antes para definir estrategias y consensos de nación en estos temas.
El vocero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Leonel Teller, calificó por su parte como una derrota la resolución del fallo de la CIJ, ya que considera que la “diplomacia de la reciprocidad la tiraron por la borda”, porque a los que provengan de Costa Rica no se les solicitará visa para ingresar a territorio nicaragüense, mientras que los connacionales, obviamente, no pueden hacer lo mismo para ir a Costa Rica.
El magistrado presidente del Poder Judicial, Manuel Martínez, recordó que Nicaragua respeta a la CIJ. Mientras, su colega sandinista Alba Luz Ramos fue más enérgica, al opinar que “hasta me molesta hablar del tema”, por la falta de reciprocidad costarricense a Nicaragua.
(Con colaboración de María José Uriarte y Eduardo Cruz).
