El presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, habló el lunes de esta semana —y el asesor económico presidencial Bayardo Arce lo corroboró ayer—, sobre la propuesta de enviar a Washington para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a una delegación nacional que incluya empresarios, representantes de la sociedad civil, diputados, medios de comunicación y de “todos los que se vean afectados por medidas que nos garantizan la estabilidad macroeconómica del Gobierno y la nación…”.
El viernes 26 de junio recién pasado, el presidente Daniel Ortega advirtió que el FMI podría romper el acuerdo con el Gobierno de Nicaragua, porque éste no había cumplido tres compromisos fundamentales: reforma presupuestaria para reducir el gasto público, eliminación de exoneraciones fiscales y suprimir la indexación de las pensiones del INSS. Dos semanas después, el Gobierno de Ortega sólo ha cumplido con la reforma presupuestaria para reducir el gasto público, quedando pendientes los temas de las exoneraciones y las pensiones del Seguro Social.
De manera que la misión técnica del FMI que debía venir a Nicaragua esta semana, para evaluar el programa con el Gobierno de Daniel Ortega, ya no vendrá, y ahora “más bien somos nosotros los que estamos gestionando ir allá (a Washington)”, según declaró a LA PRENSA el presidente del Banco Central, Antenor Rosales, el lunes de esta semana. Pero como de nada serviría que fuese a Washington una delegación gubernamental ordinaria, Rosales y Arce hablan de ampliarla con diputados, empresarios privados y representantes de la sociedad civil, de los medios de comunicación y de los afectados por las medidas que requiere el FMI para mantener a Nicaragua dentro de su programa económico, y para liberar los fondos que pide el gobierno orteguista.
Pero, ¿qué clase de empresarios, diputados y representantes de la sociedad civil, medios de comunicación y afectados por las medidas del FMI, integrarían la delegación que según el presidente del Banco Central y el asesor económico presidencial iría a la capital estadounidense, a negociar en nombre de toda la nación? ¿Serían los empresarios de Albanisa, Albalisa y otros grupos y entidades empresariales que el Gobierno de Daniel Ortega tiene a su disposición para hacer grandes negocios al amparo del poder político? Y los diputados y representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación, que integrarían esa delegación de la que hablan los funcionarios del Gobierno para ir a Washington a negociar con el FMI, ¿serían de las bancadas del FSLN y zancudas, de las ONG oficialistas y del Canal 4 de televisión o la Radio Ya?
La propuesta gubernamental, de llevar a Washington una amplia delegación nacional para negociar con el FMI, demuestra que era mentira que Hugo Chávez iba a suplir los fondos que el Gobierno de Ortega ha dejado de recibir de la comunidad internacional donante y prestamista, por culpa de sus políticas erradas y anti democráticas. Pero independientemente de eso, la verdad es que el programa y los recursos del Fondo Monetario Internacional son necesarios para el país y se debe hacer todo lo que sea posible para no perderlos.
Ahora bien, si el Gobierno de Daniel Ortega quisiera integrar una delegación realmente representativa de la nación para ir a negociar con el FMI, debe pedirle a las organizaciones independientes de la empresa privada, a los medios de comunicación no oficialistas, a las organizaciones autónomas de la sociedad civil y a las bancadas parlamentarias de la oposición, que nombren libremente a sus representantes en tal delegación. Más todavía: Ortega debe de tomar medidas inmediatas para: uno, garantizar la vigencia del Estado de Derecho; dos, crear las condiciones y los mecanismos legales, institucionales y políticos que aseguren que las próximas elecciones serán libres y honestas, con amplia observación independiente nacional y extranjera; tres, respetar las garantías constitucionales y los derechos democráticos de todos los nicaragüenses; cuatro, proveer seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada y condiciones apropiadas para atraer inversiones, facilitar los negocios y crear nuevos empleos. Y ante todo Daniel Ortega debe reconocer el fraude electoral del 9 de noviembre del año pasado, revocar sus consecuencias ilegítimas e instalar en los gobiernos de los municipios donde se produjo el robo de los votos democráticos, a los alcaldes que realmente fueron elegidos por el pueblo.
Si el Gobierno de Daniel Ortega quiere que le den, debe comenzar por dar él mismos y sobre todo tiene que devolver lo que ha usurpado y no le pertenece.
