Intervenir teléfonos, indagar cuentas bancarias, mayores plazos de prescripción legal son algunos de los instrumentos con que contarán las autoridades costarricenses para luchar contra el crimen organizado, tras la aprobación en primera instancia de una ley especial.
El Congreso aprobó este martes, en el primero de dos debates necesarios para su ratificación, un proyecto de ley que busca dotar a la Policía y a los jueces de mejores armas para enfrentar el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro y el comercio ilegal de armas, entre otros delitos.
La iniciativa, que recibió el apoyo de 44 de los 45 diputados presentes en el plenario, recibirá la segunda y definitiva votación mañana.
La normativa también brinda nuevas herramientas judiciales, como mayores plazos para la prescripción de los delitos y períodos de prisión preventiva más largos.
Además, se amplía hasta diez años el plazo legal para que las personas guarden los comprobantes que demuestren el origen de sus bienes.
La aprobación en primer debate de la denominada “ley contra el crimen organizado” generó el aplauso de dirigentes políticos y autoridades judiciales, que han venido clamando por leyes más apropiadas para enfrentar la creciente ola delictiva en el país.
“El paso que hoy hemos dado es enorme en resguardo de la seguridad ciudadana. Que sepan los criminales y las mafias que en Costa Rica no tienen cabida, ni espacio alguno”, manifestó el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias.
El subdirector de la Policía, Francisco Segura, celebró la decisión, aunque aclaró que con ella “no va a desaparecer el crimen organizado, sino que se van a dar una serie de herramientas que se usarán en la guerra contra el hampa, lo que a mediano y largo plazo dará muy buenos resultados”.
