CSE inventó más de 25 mil votos a Alexis Argüello

En Managua el FSLN obtuvo 198 mil 193 votos, pero el CSE le contó 223 mil 389 [doap_box title=»La ruta del fraude: un recuento de las irregularidades en las elecciones municipales» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] Las condicionesEl día de las votacionesLas malas señas El 19 de marzo el magistrado liberal José Marenco Cardenal estalló en cólera contra […]

  • En Managua el FSLN obtuvo 198 mil 193 votos, pero el CSE le contó 223 mil 389
[doap_box title=»La ruta del fraude: un recuento de las irregularidades en las elecciones municipales» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»]

Las condiciones
El día de las votaciones
Las malas señas

El 19 de marzo el magistrado liberal José Marenco Cardenal estalló en cólera contra el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que le dio el cargo y amenazó con revelar lo que llamó “la ruta del fraude” en las elecciones municipales. Marenco no ha vuelto a abrir la boca sobre el tema, pero esa ruta dejó un buen rastro.

Menos de un mes atrás, en febrero, el organismo de observación electoral Ética y Transparencia (EyT) ya había presentado su informe final sobre las elecciones municipales 2008-2009, según el cual las “maniobras fraudulentas” fueron claras en 33 de los 146 municipios que participaron en los comicios de noviembre del 2008. Además, advirtió que hubo otras sospechosas irregularidades en varios municipios más, para totalizar unos cuarenta, que fueron víctimas del fraude.

A partir de éste y otros informes, los reclamos de la oposición, las investigaciones y las coberturas periodísticas, la ruta del fraude puede descifrarse en tres etapas: las condiciones que lo propiciaron, las irregularidades en el día de las votaciones y la turbia administración de los resultados electorales.

EyT advierte que para empezar el proceso electoral ocurrió en la transición de un sistema electoral de control bipartidista cuestionado (FSLN y PLC, desde el pacto y las reformas constitucionales del 2000) a uno colapsado y dominado por el partido oficial.

En febrero el CSE le quitó la representación legal de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) a Eduardo Montealegre, para dársela a Eliseo Núñez Hernández, con lo que éste y el FSLN se repartieron las cuotas en los consejos y mesas electorales.

Después, en marzo, el tribunal adelantó el calendario electoral, reduciendo de dos meses a quince días el plazo para las alianzas electorales.

Las condiciones se siguieron preparando, y en junio canceló la personalidad jurídica del Movimiento Renovador Sandinista y el Partido Conservador, por supuestas violaciones altamente cuestionadas, mientras permite la participación ilegal de Alternativa por el Cambio, a quien da un tercio de los segundos miembros de los consejos y mesas electorales.

También se reclamó la cedulación sesgada, pues ciudadanos independientes o simpatizantes de la oposición denunciaron la retención de cédulas de identidad o documentos supletorios, mientras se conocía que funcionarios del FSLN agilizaban éstos a sus simpatizantes y se revelaba la clonación de cédulas y la emisión de este documento hasta a un emisario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Durante la campaña también fue evidente el abuso de los bienes del Estado por el partido de Gobierno, del que la Fiscalía Electoral y la Policía Nacional nunca iniciaron investigaciones, a pesar de los reclamos y denuncias de la oposición y la sociedad civil.

Los últimos días de la campaña también hubo brotes de violencia a vista y paciencia de la Policía, hasta que la misma incrementó contra los intentos de reclamos de la oposición, como el sitio a Managua el 18 de noviembre.

En el proceso tampoco se acreditó a los observadores electorales nacionales e internacionales tradicionales. El presidente Ortega dijo que los mejores observadores eran los fiscales de los partidos políticos, pero veinticuatro horas antes del día de las votaciones los fiscales de la Alianza PLC todavía no recibían sus acreditaciones, a pesar de que la ley establecía su entrega diez días antes.

Igualmente llamó la atención el aumento de uno a tres policías electorales en las Juntas Receptoras de Votos y dentro de ellas, contrario a la ley.

En el día de las elecciones también ocurrieron otras irregularidades, entre éstas: la expulsión de los observadores no acreditados de las áreas públicas de los centros de votación y el patrullaje intimidatorio en varios vecindarios con machetes y garrotes, como los vistos en Managua y León, de los cuales hay fotos y vídeos.

También se supo de la expulsión de los fiscales liberales durante el conteo de votos, con intimidación o violencia en al menos el 15 por ciento de las Juntas, y luego de los centros de cómputos municipales.

Además, un 10 por ciento de las Juntas a nivel nacional y un 20 por ciento en Managua cerraron antes de lo establecido y en aproximadamente el 12 por ciento no se fijó el resultado del escrutinio en la puerta del lugar, tal como lo establece el Artículo 129 de la Ley Electoral.

Después de las votaciones, la oposición también detectó dos hechos que siete meses después siguen sin esclarecerse:

Primero, la anulación de votos, que aunque el CSE no ha presentado datos oficiales, se estima que incrementó en un 300 por ciento. Además de que existe una correlación fuerte de votos y JRV anuladas con aquéllas en que se expulsaron a los fiscales e históricamente muestran un comportamiento favorable a la oposición. Y, segundo, la suspensión del período y el debido proceso a la presentación de recursos de revisión, dándolos por “no presentados”, violando así el Título XII de la Ley Electoral prácticamente en su totalidad.

Urgen nuevos árbitros y mejores reglas

La demanda de la oposición, la empresa privada y las Iglesias católica y evangélica, de realizar un recuento de votos y un cotejo de las actas sobre los cuestionados resultados de las elecciones municipales de noviembre pasado, dieron contra la terquedad del gobierno de Daniel Ortega y los magistrados del Consejo Supremo Electoral, al punto de permitir la cancelación de 62 millones de dólares del programa estadounidense Cuenta Reto de Milenio y mantener congelado el desembolso de la cooperación del Grupo de Apoyo Presupuestario.

Desde antes de las elecciones municipales un grupo de catorce organizaciones de la sociedad civil, organizadas en el Grupo Promotor de Reformas Electorales, viene trabajando en la promoción de estos cambios que permitan a Nicaragua contar con un sistema electoral independiente, transparente e inclusivo, ahora ajustada también a que no pase por reformas a la Constitución Política, para prevenir el restablecimiento de la reelección continua.

Además, piden la destitución o renuncia de los magistrados electorales, por considerarlos parte de lo ya calificado por todos como el fraude más burdo y escandaloso de la historia de Nicaragua.

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El Movimiento Vamos con Eduardo, que preside Eduardo Montealegre, también pide la elección de nuevos árbitros del sistema electoral, pues considera que con los actuales no se puede si quiera discutir las reformas electorales. La propuesta es que los nuevos magistrados surjan de los ciudadanos.

Abierta manipulación

El director ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, aseguró que los voluntarios del organismo confirmaron que el 31 por ciento de los resultados de las Juntas Receptoras de Votos en Managua no fueron publicados por el CSE y que en el 95 por ciento de éstas el FSLN pierde ante la oposición por márgenes que oscilan entre dos a uno y ocho a uno, a favor de la oposición. Es decir, que la no presentación de los resultados de esas Juntas “fue sistemática y sesgada, no aleatoria”.

Mientras el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, comenzó a la medianoche del 9 de noviembre a dar la ventaja de los resultados electorales al candidato orteguista Alexis Argüello, Eduardo Montealegre pensó que “estaban tratando de darles esperanzas a los partidarios del FSLN para que al publicar el treinta por ciento restante de las actas con los resultados a mi favor, Daniel Ortega tuviera una justificación para tomarse las calles y crear un caos en la población”.

Pero esa primera impresión del ex candidato a alcalde de Managua, por la Alianza PLC, era equivocada, pues —como confirmó después y aún reclama— el plan del Tribunal Electoral y el partido de gobierno era “robarse las alcaldías ganadas por la oposición”, por lo que fueron sus simpatizantes quienes salieron a las calles para reclamar el robo de más de 13 mil votos y en el camino fueron sitiados, apedreados y garroteados por turbas orteguistas.

Sin embargo, Montealegre también asegura que “el fraude se venía gestando desde meses antes de la elección” y “era de esperarse que el FSLN hiciera todo lo que estuviera a su alcance para impedir una victoria arrolladora de la oposición”. Y no era para menos, pues el Gobierno había convertido las elecciones en un referendo para la aprobación de su Gobierno, y en respuesta la oposición lanzó una alianza pluripartidista para votar “todos contra Ortega”.

“FUE UN ROBO”

Montealegre está convencido de que el referendo lo ganó la oposición, pues estima que “a pesar de todos los esfuerzos del FSLN y el CSE, para impedir que la población participara en un proceso democrático, sabía que la votación había sido masiva y que teníamos las actas que me otorgaban la victoria”.

“Ya no había fraude posible porque los votos habían sido depositados y teníamos las actas que demostraban que yo había sido electo para Alcalde de Managua. Por eso les digo que lo que sucedió después fue un robo, porque lo que publicaron como resultado fue lo que se inventaron para robarle a los managuas”, dice.

Siete meses después de las elecciones el CSE todavía no presenta los resultados totales y detallados de las elecciones municipales, ni acepta un recuento de votos y cotejo de actas con observación nacional e internacional independiente.

Siete meses después el CSE todavía debe a los managuas los resultados de 615 de las 2 mil 107 Juntas Receptoras de Votos que funcionaron en Managua, lo que equivale al treinta por ciento de las mesas electorales, con histórico comportamiento electoral en contra del FSLN, pero que según los resultados generales del Consejo dieron 75 mil 426 votos, contra los 63 mil 461 que obtuvo la Alianza PLC.

RESULTADOS INVENTADOS

La ex representante legal departamental de la Alianza PLC en Managua, Kitty Monterrey, sostiene que los resultados electorales publicados por el Tribunal Electoral fueron inventados y con éstos fue que impuso al candidato orteguista Alexis Argüello, en contra de la voluntad popular de los managuas.

Con 223 mil 389 votos que el CSE contó a Argüello, el ex tricampeón mundial de boxeo no sólo se convirtió en el alcalde impuesto de Managua, sino también en el alcalde del Frente Sandinista más votado en la historia de la capital, incluso las cuentas del Consejo le dieron más popularidad que al presidente Ortega, quien apenas había rondado la cifra de los 200 mil votos para las elecciones presidenciales del 2006, que lo regresaron por segunda vez al poder, después de tres derrotas electorales consecutivas.

Sin embargo, Monterrey sostiene que en las 2 mil 086 copias de actas de escrutinio, que lograron recuperar del total de mesas electorales, los resultados reales en Managua dan la victoria a Montealegre con 216 mil 186 votos contra los 198 mil 193 logrados por Argüello, es decir una ventaja de 17 mil 993 votos, que con sus resultados alterados el CSE convirtió en una desventaja de 20 mil 637 votos.

Según los cálculos del Movimiento Vamos con Eduardo, la cantidad de votos robados a la Alianza PLC fueron 13 mil 434 votos y los inventados al FSLN fueron 25 mil 196.

“Y éstos son los votos robados únicamente en el conteo de votos en el Centro de Cómputo Municipal del Estadio Nacional y en el Centro de Cómputo Nacional de Metrocentro, y no incluye los votos robados antes y durante del sufragio”, agrega Monterrey.

La ex representante legal departamental insiste que “el 30 por ciento de las actas no publicadas por el CSE no fueron tomadas en cuenta, y en su lugar se inventaron cualquier número para regalarle la Alcaldía al candidato de Ortega”.

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