- Embajador de Estados Unidos explica los motivos de la cancelación de la CRM
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El Embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Robert Callahan, reiteró que el Gobierno del presidente Daniel Ortega debe dar una “solución nicaragüense” al fraude electoral municipal de noviembre pasado y asegurar que “las futuras elecciones sean libres y justas”. Éstos fueron algunos de los factores que llevaron a EE.UU. a suspender la Cuenta Reto del Milenio.
Otro de ellos es que los organismos no gubernamentales (ONG) “son importantes para una democracia y (es importante) que jueguen su papel sin la interferencia del Gobierno”.
Diversos ONG han demandado una reforma a la Ley Electoral y la destitución de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), tras los fraudulentos comicios municipales de noviembre pasado.
Sin llegar a precisar si Estados Unidos está de acuerdo con estos planteamientos, Callahan respondió: “Es importante que el Gobierno escuche a la sociedad civil”.
El embajador estadounidense brindó ayer una conferencia de prensa en la que confirmó las razones que tuvo la junta directiva de Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) para decidir que no serán desembolsados definitivamente 62 millones de dólares, remanentes de 175 millones de dólares, para la Cuenta Reto del Milenio (CRM) de Nicaragua, que se ejecuta en los departamentos de León y Chinandega. Esos fondos hubiesen permitido, principalmente, la construcción de la carretera Nejapa-Izapa, de 68 kilómetros de longitud, y la entrega de 36,000 títulos de propiedad.
NO DA SIN CONDICIONES
Recordó que la cooperación de la MCC se basa en 17 principios, entre los que sobresalen un compromiso con políticas que promuevan la libertad económica y política, así como mantener el respeto a las libertades civiles y el Estado de Derecho, los cuales no fueron cumplidos por Ortega. Además, rechazó los señalamientos del Gobierno de Nicaragua de que la ayuda, en este caso la dirigida a la CRM, no debe estar condicionada.
“El uso del dinero de los impuestos de los estadounidenses siempre está condicionado”, indicó Callahan, al referir que incluso en Estados Unidos el Gobierno Federal condiciona su ayuda a los estados y éstos a sus municipalidades.
“Un ejemplo común se da con la transferencias de fondos federales a los estados, para que puedan fortalecer la administración de las elecciones para puestos federales, mediante el aumento de la cantidad de juntas receptoras de votos y el restablecimiento de un sistema para que los electores puedan reportar posibles fraudes electorales y violaciones a los derechos de los electores”, detalló.
“Naturalmente, al igual que nuestros programas de ayuda doméstica, mucha de nuestra ayuda internacional está condicionada y sujeta a los principios fundamentales de la democracia y la gobernabilidad, incluyendo los derechos humanos, Estado de Derecho, elecciones libres y justas; principios comunes que comparten los estadounidenses con la mayoría de los ciudadanos del mundo”, dijo Callahan.
En ese sentido, recordó que parte de las condicionalidades que pone la MCC, y la cooperación de Estados Unidos en general, es “llevar a cabo elecciones libres y justas, las cuales son una parte fundamental de una democracia eficaz”.
Recordó que desde 1990 Estados Unidos ha entregado más de 2,000 millones de dólares a Nicaragua, en ayuda bilateral, sin incluir los fondos de la CRM actualmente en ejecución, que este año ascienden a unos 40 millones de dólares.
MUCHAS IRREGULARIDADES
Callahan detalló que, de acuerdo a reportes diversos y propios, “el rango de irregularidades” antes, durante y después de las elecciones municipales de noviembre pasado “ha sido bien documentado”.
Recordó que “el Gobierno no acreditó a observadores nacionales e internacionales creíbles; hubo serias irregularidades con el proceso de cedulación; el día de las elecciones las juntas receptoras de votos cerraron temprano, limitando de esta manera la capacidad para poder votar; hubo casos documentados de anulación arbitraria de boletas y votos que favorecían a los candidatos de la oposición, tirados a la basura”.
A ello agregó que, después de las elecciones, no se publicaron los resultados como manda la ley, y que se generaron actos de violencia “dirigidos a la oposición”.
SEIS MESES SIN RESPUESTA
Callahan recordó que Estados Unidos, antes de tomar una decisión final sobre los 62 millones de dólares de la CRM, concedió seis meses al Gobierno de Nicaragua para que buscara “una solución nicaragüense en la cual el pueblo nicaragüense pudiese confiar”. Sin embargo, “no se encontró una solución satisfactoria”.
Calificó como “desafortunado” que el Gobierno de Ortega no haya respondido hasta ahora a las preocupaciones de los nicaragüenses y la comunidad internacional en torno a las “irregularidades de las elecciones” de noviembre.
No obstante, reiteró que “como parte de nuestro compromiso continuo de proveer ayuda a Nicaragua, seguimos pidiéndole al Gobierno de Nicaragua que encuentre una solución nicaragüense a las irregularidades que se dieron con respecto a las elecciones municipales, para así restaurar la fe y la confianza en su sistema de gobierno”.
Para el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, parte de esa confianza ciudadana en su gobierno “incluye la libertad de asociarse en ONG y otras asociaciones, libres de intimidación, de forma que les permita a los donantes otorgar ayudas sin presiones”.
Admitió que los Gobiernos “tienen derecho de hacer que estas organizaciones se inscriban”, pero acto seguido agregó que “todo gobierno debe permitir que funcione una sociedad civil vibrante, a través de ONG, como parte de la democracia”.
EVADE RESPONSABILIDAD
El Viceministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Jaentschke, ante los medios oficialistas calificó la cancelación de la CRM como un chantaje político “antiético, inmoral e indignante usado burdamente”.
“Quieren usar recursos que se aprueban para mejorar la vida de la gente, (…) para empujar agendas políticas, (…) y nosotros no lo vamos a aceptar, eso ya quedó claro”, enfatizó Jaentschke.
Añadió que la decisión de cancelar la CRM es una manipulación para “cargarle la mano en las barajas a grupos políticos que por sus propios medios no son capaces de hacer lo que deben hacer para acceder al gobierno”.
Según Jaentschke, la manipulación comenzó desde que inventaron la CRM, ya que la diseñaron de tal forma que los gobiernos no tocaran las “ínfimas migajas” que invertirían en desarrollo, sino que todo lo controlarían ellos, por lo tanto todas las decisiones tomadas son sólo responsabilidad de ellos, no del Gobierno.
Además, aseguró que a estas alturas “por más esfuerzo” que hagan, el proceso electoral no se revertirá.
PIDE EXPULSAR A CALLAHAN
Por su parte, el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, en declaraciones a los medios oficialistas sugirió que el embajador Robert Callahan fuese “expulsado del país” por atreverse a decir que hubo un fraude electoral.
“En cualquier país del mundo, por menos de lo que dijo este embajador con esa insolencia, ya estaría en el aeropuerto encaramado en un avión abandonando el país, expulsado. Es una barbaridad que en Nicaragua estemos permitiendo todavía este tipo de cosas”, enfatizó Rivas.
En cuanto a lo del fraude electoral, dijo en su estilo cínico que tal vez tiene razón, porque él denunció en una oportunidad que “denunciaría” a “aquellas” personas que estuvieron escaneando actas y no las quisieron llevar al CSE cuando se les llamó para que las presentaran, y que estuvieron “falsificando” documentos de identidad de los fiscales de las juntas receptoras de votos.
“Ése es el verdadero fraude, como fraude es el que se ha hecho, (…) al financiar a grupos políticos que no son nada más que representantes de los partidos que representan los intereses del embajador Callahan”, dijo Rivas.
Además, pidió acusar al diputado Eduardo Montealegre de “traición a la patria” por supuestamente haber visitado muchos países pidiendo que retiraran la ayuda a Nicaragua.
¿NON GRATO?
En cuanto a la sugerencia de Rivas de declarar “non grato” al embajador Callahan, durante la conferencia que brindó el diplomático, dijo que “ojalá que no” suceda, pero admitió que “es una decisión del Gobierno de Nicaragua” hacerlo.
“Yo trato cada día de comportarme de una manera apropiada para un diplomático”, sostuvo, al añadir que parte de su obligación es “hablar con todos los sectores de la sociedad”. dijo Callahan.
