- Necesita entre 30 y 40 millones de córdobas para reponerlas
El magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), José Luis Villavicencio, dice que aunque ya posee los equipos para fabricar las nuevas cédulas de identidad, ese poder del Estado necesita entre 30 y 40 millones de córdobas para adquirir el material de reposición e iniciar el proceso de reposición de cédulas vencidas.
“Ya tenemos la maquinaria para hacer las nuevas cédulas. Hay un nuevo formato que se parece a la licencia de conducir, inclusive con un material más permeable y más durable. Con una durabilidad más allá de los diez años”, dijo Villavicencio.
Según el magistrado, el CSE sólo dispone de material para fabricar unas cien mil cédulas, por lo que ha solicitado una partida de entre 30 y 40 millones de córdobas para cambiar las más de tres millones de cédulas que están en manos de los nicaragüenses.
“Lo tenemos planeado para este año, pero dependerá de los diputados”, afirmó Villavicencio y añadió que mientras eso ocurre, se ha ampliado la vigencia de las cédulas vencidas.
Es el Poder Ejecutivo el que debe incluir esa partida en la propuesta de reforma, pero el magistrado insiste en que todo está en manos de los diputados. Confía en que una reforma al presupuesto, que aprobaría el parlamento en los próximos meses, incluya los recursos para cambiar al menos un millón de cédulas.
Ante la inseguridad de que obtengan los recursos vía presupuesto, el CSE también gestiona los fondos a través de la cooperación internacional. Villavicencio explicó que trabajan con organismos electorales internacionales y colaboradores que no estén subordinados a organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y otros, porque por ser una tarea que debe repetirse por lo menos cada diez años, se dificulta la obtención de recursos.
“La técnica y la tecnología va cambiando y hay que buscar organismos especializados en la materia”, mencionó.
El CSE también confía en que la Asamblea Nacional apruebe pronto el proyecto de ley de Registro Civil, que está en proceso de consulta, para poner fin al problema del subregistro de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios.
