- Unos treinta ciudadanos y la CPDH solicitan al CSE, por vía legal, que presente actas de comicios
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El pasado 9 de noviembre, Diego Domínguez, de 46 años, un hombre moreno, pequeño y delgado, se levantó temprano para ir a votar en su Junta Receptora de Votos (JRV), ubicada en el Colegio Canadá, del Distrito Seis de Managua.
Cinco meses después, Domínguez sigue esperando que el Consejo Supremo Electoral (CSE) presente los resultados de aquellas elecciones municipales, incluyendo los de su Junta, y cansado de esperar ayer se animó a presentar una solicitud formal de información al Poder Electoral.
“Ya han pasado cinco meses y yo no sé dónde está mi voto, porque el Consejo no ha presentado los resultados y vengo a pedir que me informe, porque es mi derecho”, comentó Domínguez a LA PRENSA cuando ayer por la tarde salía de la sede del CSE en Las Palmas, donde junto con otros treinta ciudadanos presentó un formulario de acceso a la información pública para que el CSE les presente los resultados electorales de cada una de las JRV de su municipio, cuántos y cuáles votos fueron válidos y nulos, y las copias de las actas de escrutinio, incluyendo las impugnadas.
Karla Hernández, de 55 años, también llegó con su formulario desde el Distrito Tres de la capital “porque el Consejo no me ha dicho qué se hizo mi voto que deposité en mi Junta que está en el (Recinto Universitario) Carlos Fonseca Amador”.
“Yo exijo que el Consejo Supremo Electoral me dé una explicación, tengo el derecho como ciudadano a saber los resultados de las elecciones”, reclamó Hernández.
NO PASARON DE RECEPCIÓN
Desde la puerta de la sede de Las Palmas, la presidenta del Movimiento por Nicaragua (MpN), Violeta Granera, llamaba uno a uno a los pobladores que llegaron formulario en mano para hacer su solicitud, mientras dos policías junto al personal de seguridad del CSE impedían que el grupo ingresara al edificio, y otra media docena más de oficiales vigilaba a media cuadra que nadie intentara hacer un lío.
“Tienen que ingresar uno por uno. No pueden entrar todos a la vez”, dijo a Granera uno de los policías que prefirió no dar su nombre. “Escuchen, hagamos una fila para pasar en orden”, orientó Granera, pero a pesar de la disposición organizativa tampoco llegaron tan lejos.
La Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621), aprobada en mayo del 2007 y en vigencia desde diciembre de ese mismo año, establece que todas las entidades públicas, sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado deben contar con una oficina de acceso a la información pública, que en caso de las instituciones del Estado podrían instalarse con el personal existente, por ejemplo, en las áreas de prensa.
Sin embargo, quince meses después de la entrada en vigencia de la Ley, el CSE no cuenta con una oficina de acceso a la información pública. Al menos eso es lo que dicen las recepcionistas, que pidieron a Granera que les dieran las solicitudes y ellas “subirían” por los sellos de recibido de los asistentes de los magistrados, sin identificar quién era el responsable de la oficina que exige la Ley, según dijo la directiva del MpN.
El vocero del CSE, Félix Navarrete, salió minutos después que se llegó el grupo, sin dar declaraciones a nadie.
El acceso de los medios de comunicación a la sede fue impedido “porque no hay nadie en el área de prensa”, según justificó uno de los policías.
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), también presentó una solicitud a nombre de ese organismo “porque sólo conocemos un dudoso 66 y pico por ciento de los resultados de las elecciones municipales de noviembre pasado y desconocemos el otro 33 por ciento restante, y el CSE tiene la obligación de presentar los resultados totales y detallados”, argumentó.
La Ley 661 establece que “es obligación de las autoridades correspondientes dar respuesta a las solicitudes que se les presenten, de manera inmediata o dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de presentada la solicitud”.
El CSE debería responder a los ciudadanos a más tardar el 30 de abril, a menos que solicite con anticipación una prórroga de diez días. En caso de negativa, los ciudadanos podrán recurrir ante la sala de lo contencioso y administrativo.
