Las declaraciones por televisión que dio el viernes pasado el magistrado electoral liberal José Marenco (hijo), quien es una persona muy allegada al ex presidente Arnoldo Alemán, han conmovido a la opinión pública nicaragüense y a los representantes de la comunidad internacional, pues tácitamente reconoció que hubo fraude en las elecciones municipales del año pasado e insinuó que se hizo con el conocimiento o la complicidad de la dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
En realidad, de que hubo fraude en las elecciones municipales del 9 noviembre, ha habido certeza tanto en la opinión pública nicaragüense como entre los representantes de la comunidad internacional. Precisamente por eso fue que se congeló la ayuda económica externa para financiar el déficit presupuestario del Gobierno de Daniel Ortega, así como otros programas de la cooperación internacional con Nicaragua. De manera que la importancia de las declaraciones del magistrado liberal Marenco deriva de que en este caso la confirmación del fraude viene de alguien muy bien informado y que sabe perfectamente lo que dice o insinúa. Y además, porque el magistrado liberal José Marenco ha dado a entrever que la cúpula del PLC estaba al tanto del fraude y que por lo tanto ese partido no ha sido víctima sino más bien cómplice del robo de las elecciones.
Supuestamente para deslindar responsabilidades, la plana mayor del PLC presentó el lunes de esta semana, ante el Ministerio Público, una denuncia “por delitos electorales, abuso de autoridad o funciones, incumplimiento de deberes, prevaricato, delitos contra derechos y garantías constitucionales y cualquier otro que le sea comprobado” (al magistrado Marenco), y “para que se investigue la conducta y participación de todos los posibles actores del fraude en las elecciones municipales del 2008”. Pero, ¿será cierto que los dirigentes del PLC están indignados por el fraude electoral del 9 de noviembre, y con sus correligionarios magistrados que habrían sido coautores o cómplices del mismo? O, ¿será una farsa para guardar las apariencias, para engañar a sus electores y eludir la responsabilidad que les corresponde en el vergonzoso episodio histórico del fraude en las elecciones municipales del año pasado?
Al respecto el ex candidato por la Alianza PLC a Alcalde de Managua en las elecciones de noviembre —y de hecho legítimo Alcalde elegido por el pueblo capitalino—, Eduardo Montealegre, ha demandado a la dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista “aclarar a los electores, los sectores sociales, candidatos, aliados y militantes las acusaciones de Marenco”. En realidad, es necesario que el PLC aclare esta situación, inclusive para su propio beneficio, pues tanto en la opinión pública nacional como entre los representantes de la comunidad internacional hay l a fuerte sospecha de que la cúpula de este partido pudo haber sido cómplice del fraude, puesto que así lo han dicho, insinuado o confirmado por lo menos dos magistrados liberales del Consejo Supremo Electoral: primero Luis Benavides y ahora José Marenco (hijo).
La denuncia del fraude proveniente del magistrado Benavides inmediatamente después de las elecciones, fue la primera que se hizo desde el interior del Consejo Supremo Electoral. Después, otro magistrado electoral del PLC, René Herrera, en un artículo de opinión publicado en LA PRENSA el viernes 23 de enero del año en curso, con mucha vehemencia contra los medios aseguró que el fraude había sido mediático y achacó la derrota liberal a la división y los pleitos entre los bandos de Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán. Sin embargo Herrera reveló que los dirigentes del PLC que ahora culpan a los magistrados electorales por el fraude, sabían muy bien lo que ocurriría el 9 de noviembre. Y ahora el magistrado José Marenco (hijo) le ha puesto la tapa al pomo, al mencionar una “ruta del fraude” que él está dispuesto a revelar, lo que motivó la denuncia del PLC ante el Ministerio Público.
Pero, repetimos el interrogante: ¿Es esta denuncia un drama o una farsa? La verdad es que sólo ellos lo saben, pero en todo caso lo más importante es que con este escándalo se fortalece la demanda por la anulación de las elecciones fraudulentas del nueve de noviembre; y se confirma que son merecidas las sanciones económicas que la comunidad internacional le ha impuesto al régimen orteguista; sanciones que sólo deberían ser levantadas si se devuelve a los ciudadanos los votos que les robaron.
