No sólo funcionarios y partidarios del Gobierno de Daniel Ortega, sino también personas que no pertenecen al entorno gubernamental, llaman a olvidar el fraude electoral de noviembre pasado, a aceptar con resignación lo que —dicen— ya es irreversible, a pensar con “sentido patriótico” en el futuro de Nicaragua. Quienes proponen resignación ante los hechos consumados, dicen también que la campaña por revertir el fraude que es impulsada por la sociedad civil y la oposición política democrática, significa una lamentable pérdida de tiempo y de esfuerzos, que sería mejor aprovecharlos en la demanda de objetivos realmente alcanzables.
Pero es importante y necesario advertir que quienes llaman a aceptar que lo robado, robado está, son dos clases de personas de índole e intenciones muy diferentes. Por un lado están los que fraguaron y realizaron el fraude, que no fue algo circunstancial sino parte sustantiva de un plan maquiavélico bien determinado. Y por otra parte se trata de personas honestas, que condenaron el fraude electoral y respaldaron la demanda de anular las elecciones viciadas de noviembre pasado, pero se cansaron de luchar, o temen que la destitución de las autoridades municipales hijas del fraude podría causar una explosión social y agravar más bien la crisis, en vez de resolverla, y que sus intereses económicos se perjudicarían mucho más de lo que ya han sido perjudicados.
Las personas que de buena fe llaman a claudicar en la lucha contra el fraude electoral de noviembre pasado y sus nefastas consecuencias, consideran que lograr el restablecimiento de la ayuda externa que se le ha suspendido a Nicaragua es mucho más importante que cualquier objetivo político. Y estiman que las fuerzas democráticas deberían concentrar sus esfuerzos en obtener las condiciones necesarias para que las elecciones del 2011 se realicen bajo nuevas reglas y organizadas por autoridades honestas y confiables.
Se dice que esta es una posición realista, que se trata de una actitud de “pragmatismo político”, como se le llama a las actuaciones al margen de principios, al condicionamiento de las decisiones a la búsqueda de un resultado práctico favorable y, en todo caso, más adecuado a las circunstancias. Es que “la política es el arte de lo posible”, alegan a menudo las personas pragmáticas, citando la frase atribuida al Canciller alemán del siglo 19, Otto von Bismarck (1815-1898).
Sin embargo, aparte de que es inmoral permitir que lo robado, robado se quede, tampoco impediría la repetición del fraude electoral en una situación todavía más importante para Nicaragua, como serán sin duda las elecciones nacionales que deben realizarse en noviembre del 2011. Quienes por la razón que sea sostienen que es necesario olvidarse del fraude electoral de noviembre pasado, ni siquiera le han pedido a Daniel Ortega, en privado ni en público, que se comprometa ante testigos y garantes nacionales e internacionales confiables, que las elecciones de noviembre del 2011 serán transparentes y libres, y organizadas por un poder electoral integrado por personas honestas, no por quienes lo integran ahora y perpetraron el gran fraude del año pasado.
Pero la verdad es que aunque le pidieran tal compromiso a Ortega, éste no lo aceptaría, porque el fraude electoral es una pieza fundamental de su estrategia para mantenerse en el poder por tiempo indefinido, porque es imposible que él pueda ganar una elección libre, limpia, competitiva y muy bien observada internacionalmente, ni siquiera con la regla del 35 por ciento de los votos que le obsequiaron Arnoldo Alemán y la cúpula del PLC.
De manera que por mucha buena voluntad que tengan quienes sin ser orteguistas opinan que lo robado, robado debe quedar, lo cierto es que su posición más que pragmática viene a ser claudicante y contraproducente; primero, porque dejaría impune el grave delito del fraude electoral y envalentonados a quienes lo fraguaron, lo perpetraron y ahora disfrutan sus beneficios; y, segundo, porque con esa claudicación le ayudan de hecho a Daniel Ortega en su plan para consolidarse y perpetuarse de cualquier modo en el poder, pues, si enorme y escandaloso fue el fraude de noviembre pasado, al quedar impune el dictador se sentiría más alentado a realizar otro fraude todavía peor, en las elecciones del 2011. Por el contrario, sólo la perseverancia en la resistencia interna a aceptar el robo electoral, junto a la presión externa de la comunidad democrática internacional, es la que podría impedir que Daniel Ortega alcance sus nefastos objetivos.
